Ahorcar financieramente al Portal, silenciar la crítica y la humillación pública, la gravísima pretensión de la demanda de Stratta

Un fallo histórico para la libertad de prensa en la Provincia en una causa sin precedentes, corolario de un ataque sistemático al medio y que pretendía constituirse en “el ejemplo” de las terribles consecuencias de criticar al poder de turno.

Sin entrar en un análisis pormenorizado de la causa y de la sentencia integra, este martes desde  este Portal, dio a conocer el fallo ejemplar de la jueza civil y comercial Nº2 de Paraná, Dra. Gabriela Sione para la libertad de prensa.

Una resolución judicial trascendental, en primera medida para el medio, para todos los trabajadores y trabajadoras que lo componen, era la primera vez en la historia de la Provincia que un periodista y su medio era llevado a la justicia civil reclamándosele una suma millonaria de dinero por una noticia.

Pero también para el sector periodístico, el fallo hoy es un precedente valiosísimo para la libertad de prensa y el ejercicio de la labor periodística.

Hasta aquí el Portal, no se ha expresado sobre los detalles de la causa, entendíamos que cualquier singularidad de la misma sería interpretado como el ejercicio de presión hacia la Justicia, aquello que viene siendo, y con razón, muy criticado.

Solamente se ha referenciado de su existencia, informando a la ciudadanía que la ex ministra de desarrollo social, y en aquel momento, vicegobernadora electa, había demandado por daños y perjuicios al director del Portal y Radio RD 99.1, Ricardo David, por una noticia publicada.

También se ha mencionado en algún momento sobre la publicación en cuestión, la cual nunca se excedió del estilo del medio desde hace 26 años de trayectoria.

Se trataba de una noticia del género “de opinión” donde se interpretaba una resolución judicial de la Justicia Federal que ocupó las tapas y noticiarios de todos los medios nacionales.

En los primeros días de agosto del 2019, una noticia sacudía el ámbito político e institucional del país, el conocido sindicalista y empresario portuario Herne Juárez era detenido y procesado por lavado de activos, asociación ilícita, extorsión y defraudación.

El impacto de la noticia fue sin dudas el multimillonario patrimonio que le hallaron al sindicalista que opera en San Lorenzo (Santa Fe) y sus zonas de influencias.

Con el correr de los días, datos precisos constatados por el juez federal Adrián González Charvay, impactaban de plano en la política argentina.

Existían pruebas de que Juárez había financiado con dinero proveniente del lavado a más de una decena de dirigentes políticos de la zona.

La noticia desde el vamos repercutía muy fuertemente en Victoria, ya que Juárez es oriundo de dicha localidad y ha mantenido intactos los lazos con la misma.

Todos o gran parte de los victorienses saben, conocen, o no ignoran quien es Juárez.

Pero el procesamiento, su detalle, también sacudía por los nombres de los dirigentes políticos que el juez federal constató que recibieron dinero de los ilícitos que le atribuyó al sindicalista.

Entre esos nombres figuraba expresamente el de Isa Castagnino, en aquel momento concejala de la ciudad por el PJ y ex candidata a intenta por dicho sello.

El Portal se hizo eco de esta conmoción victoriense, y con su estilo característico, hizo, lo que viene haciendo hace 26 años: emitir una opinión política e institucional de un hecho político e institucional, y por lo tanto, de interés público, como lo es el financiamiento de la campaña política del PJ Victoria.

El nombre de Isa Castagnino está ligado estrechamente al de una de las máximas figuras de la política y del Estado entrerriano,  el de María Laura Stratta.

La noticia no hacía más que relacionar el nombre de una con la otra, siendo vox populi que Castagnino no tendría razón de ser políticamente hablando, sin la decisión de Stratta.

Stratta, como el máximo baluarte del PJ Victoria, presidenta del mismo y consagrada electa en la segunda candidatura más alta entrerriana, esta relacionada política e institucionalmente a los aportes que reciba el sello en su localidad.

Negar esta realidad esto es desconocer el “ABC”, el manual básico, de la política.

Al ser la jefa política de Castagnino debió saber de dónde provenía el dinero los aportes de campaña que financiaron la misma y en la que también se vio beneficiada junto al gobernador Gustavo Bordet y demás candidatos en el departamento.

Los nombres de Castganino y Stratta “aparecen” en el procesamiento del sindicalista y empresario  Herme Juárez, esa, y no otra, es la interpretación que le dio el Portal al título de la noticia, en el contenido, la cuestión quedaba más que clara.

Sin embargo Stratta, se sintió ofendida, y, desconociendo ser una figura pública, embistió contra el medio, no, saque “contra el medio”, embistió contra su titular, Ricardo David.

Llegó la demanda civil y comercial exigiendo más de un millón de pesos, expre4samente, un millón seiscientos mil, y puertas para adentro del medio, confesamos, la primera reacción fue la sorpresa.

Stratta, ante la publicación, pidió rectificación por carta documento, como siempre lo hizo el medio, y sin necesidad de intimaciones formales, se la publicó.

Sin embargo, la misma no fue suficiente, y ahí, y solo ahí, provino la segunda reacción, preocupación, intranquilidad, por muchas razones.

La primera y principal es porque el pedido millonario desnudaba una especie de ensañamiento de Stratta y con ella el gobierno que integra, contra los medios de comunicación de David.

Prueba de este “ensañamiento” personal había y de sobra. La demanda, estaba claro a esa altura, se convertía en el corolario de un hostigamiento, intimidación y demás actos de presiones sistemáticas que ha ejecutado el Gobierno Provincial contra David, sus medios (El Portal y Radio RD) y, el conjunto  de sus trabajadores.

A mediados del 2018, y vale hoy más que nunca la aclaración, varios de los trabajadores sentimos en carne propia el avasallamiento del Estado, la guerra desplegada contra la libertad de prensa.

Los expedientes por pauta publicitaria ya emitida, llamativamente, se paralizaron, todos referidos a integrantes del Portal o Radio RD.

Para que el lector interprete, varios meses de servicios brindados, no se pagaron, es más, al día de hoy se adeudan.

La embestida era contra los trabajadores, y la única interpretación viable era que al Gobierno no le gustaba que lo critiquen, que cuestionen políticas o actos de gobierno y la reacción fue, como suele hacer esta gestión, ir directo al bolsillo del trabajador.

Paralizar los pagos por servicios brindados no fue el único acto de censura, luego, en enero del 2019, la cuestión se agravó, una banda de delincuentes, con total impunidad, en plena luz del día, a pesar de la custodia policial en apenas 30 metros, lugar donde reside el mandatario provincial, ingresaba a la casa del director del medio para llevarse un maletín que contenía documentación respaldatoria de la supuesta comisión de un delito de corrupción que salpicaba al entonces secretario general de la gobernación, Edgardo Kueider y al mismísimo gobernador.

El Portal, lógicamente, se hizo eco de este hecho, no de manera inmediata, sino a los días cuando comenzaron a manifestarse en la investigación llamativos movimientos.

Daba la sensación de que se intentaba obstaculizar la investigación, una de los indicios de esta gravísima hipótesis fue el intento por parte del comisario Jurajuria, jefe de la división de investigaciones, de convertir un robo en estafa.

Para la Policía, que responde al más alto mando del Ejecutivo Provincial, David y su familia tenían la culpa de que los delincuentes ingresen a su casa.

La exposición del caso, las falencias de la investigación y las sospechas posadas sobre el Gobierno, responsabilizando política e institucionalmente a Bordet la ministra Romero y al secretario general de la gobernación, molestó y mucho en la plana mayor del Estado Provincial.

A los meses, el Gobierno cortaba de cuajo la pauta publicitaria con el Portal y Radio RD, había que sancionar al medio y sus integrantes, y nuevamente aparecía la vileza del dinero, aparentemente, el único móvil que mueve a los funcionarios.

Estos hechos demostraban algo más: La intención, a través del ajuste, el ahorcamiento económico, era silenciar a nuestros medios, había que amedrentarlos para que se callen.

El plan del Gobierno quedó en mera tentativa, el medio no se calló y el malestar, lógicamente,  continuó.

Las hostilidades continuaron: Existen al menos dos denuncias realizadas por trabajadoras del Portal y la Radio dando cuenta de intimidaciones, provocaciones y actitudes amenazantes prestando su labor periodística por parte de funcionarios provinciales.

El corolario de esta fuerte embestida contra un medio que hace lo que viene haciendo hace más de 20 años, exponer los hechos políticos e institucionales de la Provincia, con su mirada crítica, fue sin dudas la demanda de Stratta.

De las gravísimas pretensiones redactadas en el escrito inicial del juicio no surge otra  interpretación.

La suma millonaria, $1.600.000, otra clara señal de ahorcamiento financiero, del Gobierno, fue una de las exigencias.

David, en caso de prosperar el reclamo, debía pagar dicho monto, anunciándosele incluso la inminencia de embargos. Pero no solamente eso, una vez embargado, quebrado ,el medio y sus bienes, las computadoras, el auto, también debía arrodillarse públicamente.

Le exigían una retractación pública en uno de los medios de tirada masiva de la Provincia, a su costa claro.

El pedido rememora al “patíbulo”, la pena publica, una especie de show con la desgracia, y, lógicamente, un escarmiento público.

Porque la pena la debía ejecutar personalmente el demandado, en este caso David, pero el mensaje era para el periodismo en su conjunto, “mira lo que pasa si críticas al gobierno”.

Ensañamiento primero, con el estrangulamiento económico –ya sistemático- y, luego, la sumisión personal y colectiva.

Pretensión que también manifestaba una clara censura, la actora, también exigía que se eliminen noticias periodísticas criticas donde se la nombraban y que poco – o nada- tenían que ver con la publicación objeto  del litigio.

Y si algo le faltaba, de censura, a la causa, también vale mención la vileza del gravísimo flagelo que sufren las mujeres, la violencia de género, para mancillar el medio y a la persona de David.

En plena audiencia, uno de los abogados de la vicegobernadora, sin que lo haya expresado en la demanda, recurrió a la ley 26.485 de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, acusándolo al periodista –y al medio- de una publicación “maliciosa” contra Stratta por su género.