A las pocas horas del artículo periodístico dando cuenta de las llamativas dilaciones y el pasa manos con camaristas paranaenses que evitaron hacerse cargo de un trámite por naturaleza urgente de un trabajador necesitado, la causa ingresó a despacho para resolverse, ¿será justicia?
Este domingo este Portal daba cuenta de una gravísima dilación a la que había sido expuesto un trabajador municipal de la ciudad de San Gustavo (La Paz).
El Sr. Gómez desde el 1 de mayo, paradójicamente el día del trabajador, la está pasando muy mal, su emperador, el intendente Cesar Simino, de manera arbitraria e ilegítima, contrariando los derechos constitucionales a la estabilidad, a la propiedad, a la estabilidad, decidió ajustarlo, reduciéndole en un 15% su haber y en un 30% en el único adicional que percibía.
La situación laboral del Sr. Gómez venía muy complicada, sucede que, a pesar sus 15 años de antigüedad no valían de nada para el Municipio, su sueldo en mano, practicado los descuentos de ley, no superaban los índices de la canasta básica alimentaria.
15 años de trabajo para ser, lisa y llanamente, un indigente según los índices del INDEC.
Como sobrellevó todos estos meses percibiendo un haber pro debajo de la línea de la indigencia, resulta sumamente destacable, dando cuenta de una vida totalmente austera la de Don Gómez.
Las constancias de su haber así lo indican, Gómez no tiene un solo descuento en créditos, los únicos descuentos voluntarios que figuran en su recibo de sueldo es el fondo voluntario para el Iosper y su afiliación gremial.
Como serán las vueltas de la vida que para mayo, con motivo de cumplir los 15 años de servicio, al Sr. Gómez lo esperaba un aumento salarial, sería la primera vez en todos estos eses que llegaría a pasar la línea de la indigencia.
El 1º de mayo, Gómez dejaría de ser indigente, seria pobre sí, pero no más indigente.
Sin embargo, a instancias de Simino, por sus propias decisiones políticas, ejecutaba el decreto del 23 de abril y le reducía los haberes.
Gómez no solo no accedería a su tan ansiado aumento, sino que sería aún más indigente de lo que ya era.
Indignación, es sin dudas la emoción o sentimiento que impera.
La culpa de todo, según se desprende del decreto firmado por Simino, en palabras simples y sencillas, la tienen Alberto Fernández y Gustavo Bordet.
Y es que, para el intendente, por la pandemia aquellos le enviaron, sostiene, menos de coparticipación nacional y provincial.
Cierta razón le asiste, la recaudación y consecuentemente los valores de coparticipación, mermaron, sin embargo, Simino es el único intendente del suelo entrerriano que decidió ajustar exclusivamente en los bolsillos de los trabajadores.
La coparticipación bajó para todos los municipio, pero únicamente Simio redujo sueldos, el resto de los intendentes e intendentas sin distinción partidaria aguanta como puede, ajustando en otros gastos.
Para peor, está comprobado por constancias oficiales que la coparticipación enviada a San Gustavo, si bien reducida, alcanzaba y sobraba para pagar sueldos.
Frente a esta penosa situación, el Sr. Gómez concurrió al único lugar que podía concurrir, donde lo debían proteger de manera urgente ante esta afrenta a sus derechos constitucionales, la Justicia.
Lo que recibió del Poder Judicial fue, como lo catalogan abogados y abogadas entendidos en las cuestiones constitutianles, fue “increíble”.
Otra vez el Estado le daba la espalda, en este caso, por llamativas razones de competencia, el trasfondo era mucho más grave, una acción de amparo y como tal urgente ni siquiera se empezaba a tramitar.
A pesar de existir precedentes y de ser territorialmente competentes porque son las cámaras que actúan como segundas instancias en los procesos ordinarios o comunes de las primeras instancias paceñas, la vocalía del Dr. Guillermo Bonabotta, previa vista de la fiscal general, Dra. Laura Zaccagnini de Gambino, que suele ser una de las más criticadas en el ámbito abogadil por sus dictámenes en contra de la gente, el débil, y consecuentemente a favor de las instituciones, el fuerte, se declaraba incompetente para entender en el amparo del Sr. Gómez.
El Dr. Bonabotta, no quiso quedar tan mal con una persona que le urgía una repuesta, y le dio la opción al amparista de elegir otro fuero que considere competente en 24 horas o, caso contrario, remitiría en pase directo el expediente al juez que se encuentre disponible en la ciudad de La Paz.
En aquella oportunidad dio la sensación de que la vocalía laboral quería, como se dice en la jerga futbolística, “patear a pelota al campo contrario”, despejar, el viejo y conocido dicho “saque si quiere ganar”.
En el artículo periodístico argumentábamos la sorpresa del accionar del vocal laboralista, recientemente se había quejado de la misma actitud del Estado, puntualmente del CGE, Vialidad y el Municipio que no se hacían cargo de cortar los frondosos pastizales y la falta de luminarias en la escuela ubicada enfrente de su residencia, omisiones institucionales con gravísimas consecuencias ya que fomentaban la inseguridad, los delitos, mencionado el propio magistrado trata de personas, prostitución de menores, drogas y robos.
Haciendo uso de la opción se eligió la cámara contenciosa, la hacedora de aquellos precedentes donde se han tramitado causas enteramente similares, donde el actor, demandado y hecho discutido son de San Gustavo, pero que no obstante tramitaron en la ciudad de Paraná.
La vocal de la cámara optada fue la Dra. Gisela Schumacher. Tampoco la magistrada se hizo cargo del amparo, sus razones fueron más ligadas al accionar de su colega predecesor, que a razones de competencias propiamente dichas, como también a cierta omisión de la patrocinante en el amparo.
Y es que en cierta medida se quejó de que Gómez, más bien su representante legal, no recurriera la declaración de incompetencia, entendiéndose como consentida.
El Portal consultó a quienes saben de estos temas, la respuesta fue “cuando se tramitan este tipo de casos donde la cuestión alimentaria de una persona impera, es engorroso ponerse a discutir sobre una incompetencia que durará al menos un mes en el Superior Tribunal. El hombre necesita ya que le resuelvan sobre su sueldo, no que se discuta quien tiene que tramitar su causa”.
Las razones expuestas son lógicas.
Frente a esta situación, criticable por cierto, ya que habían transcurrido varios días desde la interposición del amparo sin que ningún juzgador se quiere hacer cargo, la acción fue remitida al juzgado de turno y disponible de la ciudad de la Paz, el juzgado de paz a cargo del Dr. Silvio Calleja, secretaria a cargo de la Dra. Cecilia Müller.
El lector, tras todo el relato, pensara que de inmediato se le traslado al demanda al Municipio y el intendente, el caso tiene la particularidad de que también el presidente municipal fue demandado, estos respondieron el informe que prevé la ley de procedimientos constitucionales y, luego de tantas dilaciones, salió sin más preámbulo la sentencia.
Bueno no. Llamativamente la causa se abrió a prueba, se pidieron informes al Gobierno provincial para que este de cuenta de la coparticipación de San Gustavo.
Se está discutiendo sobre la arbitrariedad e ilegalidad de reducir un sueldo a un estatal de 15 años de servicios, el daño esta constatado con el recibo de sueldos, la coparticipación acreditada esta constatada con constancias oficiales provinciales fácilmente descargables de su página web, sin embargo, la acción urgente, la respuesta urgente se dilataba nuevamente, por 10 días.
De esta situación se hacía eco este Portal este sábado. Una publicación que provocó mucho revuelo en el ámbito tribunalicio y judicial en general, no es para menos, la Justicia nuevamente quedaba expuesta por su inacción.
Tras la publicación y las críticas que generaron las dilaciones judiciales, finalmente y, llamativamente, a las pocas horas del artículo periodístico, el Dr. Calleja, sin más dilaciones, puso la causa a despacho y ya se encuentra avocado a finalmente decidir sobre la cuestión de fondo, esto es, sobre la legitimidad y arbitrariedad de la decisión del intendente.
Solo resta saber si, después de una increíble demora de 12 días para que la magistratura entrerriana defina un amparo, el Sr. Gómez recibirá su tan esperada justicia.