Made in “The Peace”: El amparo más largo del mundo

A pesar de las constancias presentadas, llamativa dilación de una acción judicial urgente que ya debería estar resuelta pasó por las manos de tres jueces, mientras tanto un trabajador por debajo de la línea de la indigencia espera

El Sr. Gómez, tiene 60 años, hace 15 años es municipal y es uno de los trabajadores afectados gravemente por una medida llamativa que adoptó el pasado 23 de abril el Municipio de San Gustavo (LA PAZ), más precisamente el intendente, Cesar Simino.

Don Gómez, percibía de bolsillo, con los descuentos de ley exclusivamente, un salario por debajo de la línea de la indigencia, a pesar de esta penosa realidad, Simino,  sin ningún tipo de escrúpulos o ni siquiera piedad, en plena pandemia, decidió unilateralmente hundirlo aún un poco más, reduciéndole el sueldo.

Un 15% del haber, y un 30% de un adicional, fue lo que el primero de mayo, paradójicamente el día del trabajador, Gómez encontró mermado su ingreso.

El monto, para cualquier funcionario o incluso el intendente o sus concejales, puede ser exiguo, sin embargo, para el trabajador de la ciudad implica, ni más ni menos, una garrafa más o una garrafa menos para proveerse de su sustento básico o de su familia en su hogar o un puñado de productos alimenticios.

Ante semejante afrenta, y tornándose la cuestión de vida o muerte por la condición alimentaria que ostenta el haber de un trabajador, el Sr. Gómez recurrió a la justicia, para que esta le imponga un freno a lo que entiende es una arbitrariedad manifiesta contra su derecho constitucional a la estabilidad laboral, a la propiedad y a los alimentos.

Y lo hizo por la vía más urgente habida en el abanico de procedimientos judiciales posibles para los estatales, la acción de amparo.

Lo que sucedió después, según los profesionales entendedores del procedimiento constitucional, es, lisa y llanamente, “increíble”.

La acción fue interpuesta ante una de las salas de la cámara laboral en Paraná,  en la vocalía del Dr. Guillermo Bonabotta.

Y es que, como en La Paz, no existen fueros de segunda instancia y en cuestiones de amparos todos los fueros e instancias son competentes, existiendo jurisprudencia y acciones similares,  cualquier vocal de cámara paranaense se interpreta territorialmente competente para un hecho sucedido en La Paz.

Sin embargo el vocal de la cámara laboral elegido, obviando aquella jurisprudencia en materia de amparos, decidió, previa vista al ministerio público fiscal, declararse incompetente.

La cuestión no quedó allí, el vocal determinó que el Sr. Gómez decidiera, nuevamente de manera llamativa, si elegía otro juzgado de Paraná disponible o, caso contrario, lo remitiría por pase directo al primer juzgado que haya disponible en la ciudad de La Paz.

Ante la opción, el amparista eligió una de las vocalías disponibles en Paraná, en este caso de la cámara contencioso administrativo, sin embargo, nuevamente una cuestión inesperada le ponía un muro inquebrantable a su acceso a la tutela judicial.

Insistimos, estamos hablando de una cuestión sumamente imperiosa, de una reducción del sueldo sumamente trascedente para una persona por su condición alimentaria.

Su urgencia de la prestación judicial es tal que el ayer ya se considera tarde, sin embargo el vocal de la cámara laboral no quiso atender el reclamo.

La incompetencia causó sorpresa en el ámbito judicial y también ciudadano, no hace poco el mismo juez se quejaba y denunciaba en las redes sociales el abandono de las instituciones hacia su persona, que no le daban respuesta oficial sobre los cuantiosos reclamos que había proferido hacia el Gobierno provincial para que le corten el pasto y le arreglen las luces porque estas condiciones traían consecuencias ilícitas en la zona donde reside, hablando de trata de personas, promoción de la corrupción de menores y robos, exigiendo que le garanticen la seguridad donde vive.

El mismo juez que se quejaba de que no había respuesta oficial ante sus reclamos, ahora, llamativamente, era el mismo el que dejaba sin respuesta declarándose incompetente para atender un pedido urgente de un trabajador.

El respaldo del vocal para no tramitar el amparo fue un dictamen de la fiscal general Dra. Laura Gema Zaccagnini de Gambino, según los entendedores en materia de amparo, la misma suele opinar en contra de quienes inician los amparos.

Un dictamen que no resultaba vinculante para el vocal, vale decir, podía apartarse del mismo, sin embargo, llamativamente esto no ocurrió.

Lo increíble de este amparo no terminó allí, tras la opción propuesta por el Dr. Bonabotta, y la elección por parte del Sr. Gómez de la vocalía en el contencioso administrativo a cargo de la Dra. Gisela Schumacher.

La vocal elegida tampoco quiso aceptar el amparo, en este caso, porque un juez, el del laboral, no puede remitir en pase directo a otra vocalía, remitiendo directamente el expediente digital  al fuero paceño.

Habían transcurrido ya varios días desde que se interpuso el amparo, sin embargo nadie se hacía cargo, en el medio quedaban las esperanzas del trabajador, y su imperiosa necesidad de revertir su deplorable situación económica al que había sido expuesto por el intendente de San Gustavo.

La cuestión de las dilaciones no mejoró en nada cuando llegó a La Paz, una vez notificadas las partes demandadas, el municipio y el intendente, el juez de paz paceño, el Dr. Silvio Calleja, a pesar de que las constancias de pruebas documental, de ambas partes, eran irrefutables, resolvió abrir el procedimiento a prueba por 10 días.

Una acción interpuesta el pasado 13 de mayo, es decir hace más de 10 días, que ya debería estar resuelta básicamente, nuevamente se postergaba, la razón no era otra que el pedido de constancias en poder del Gobierno provincial.

El Sr. Gómez no solo se tuvo que aguantar que le rebajar el sueldo legítimamente ganado, sino también que el intendente y el Municipio primero lo desconocerían como trabajador a pesar e sus 15 años de antigüedad en el mismo, y no solamente eso, por orden del juez, la definición del amparo también se debía dilatar.

Y es que para Simino, la culpa de la reducción fueron las promesas incumplidas del gobernador Gustavo Bordet respecto de la coparticipación,

Según el propio intendente, el mandatario provincial había proyectado una coparticipación para San Gustavo de los 6 millones de pesos, pero el gobierno les mando menos.

En palabras más sencillas: para el intendente de San Gustavo la culpa es de Bordet.

Esto es lo que manifestaron, sin embargo llamativamente no tenían constancia probatorias de tal aseveración, las constancias, para los demandados, las tenía el Gobierno, por eso solicitaron al juez que la Provincia, la secretaria de asuntos municipales dependiente del Ministerio de gobierno, les remita las proyecciones de coparticipación anunciadas por Bordet.

Para el caso hay que destacar que San Gustavo, hoy por hoy, a pesar de la pandemia que afecta a todos los municipios y comunas, es el único de la Provincia que ha echado manos en el ajuste a los trabajadores, otro tipo de reducción del gasto no se ha visto en la ciudad.

Un municipio chico en cuanto en densidad de población per o que cuenta con un presupuesto manifiestamente abultado, excesivo en cuanto a las contrataciones y sueldos de los funcionarios.

El ejemplo lo da el propio intendente que, al año, insumirá un gasto cercano a los 2 millones de peso entre sueldo, gastos de representación y de función, representando para la masa salarial de trabajadores de planta, que oscila en los 8 millones de pesos en el 2020, aproximadamente el 25%.

A pesar de la necesidad de una respuesta urgente  y de la intrascendencia de la prueba, que no aportará nada a la discusión de si es legítimo o arbitrario reducir el salario de los trabajadores, más aun argumentando la falta de dinero de coparticipación que por las constancias del Gobierno si se enviaron porque existen las constancias de acreditación de coparticipación, el juzgado paceño llamativamente abre a prueba, convirtiendo al amparo, que debe ser una acción ágil, expedita, urgente, en el proceso más largo del mundo, que ya lleva, entre discusiones de competencia y demás, más de 10 días de iniciado.

2 comentarios

Ileana 24 mayo, 2020 at 3:33 pm

Miéntras el laburante se caga de hambre, en tribunales discuten si un juez fue violento con una jueza porque le dijo que no le gustaba trabajar patéticos, vergüenza ajena dan.

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