Se le viene la noche: La denuncia por la quema en las islas, la estrategia de Bordet para desligarse de la inevitable responsabilidad

Millones y millones de pesos deberá afrontar la Provincia si los ciudadanos rosarinos deciden formular demandas por la desidia del Gobierno entrerriano en materia de ambiente, argumentos tienen, cacerolazos y duras críticas, incluso de los medios de comunicación, al mandatario entrerriano.

En las redes sociales, los ciudadanos rosarinos, los más afectados por las quemas, despotrican a diestra y siniestra contra el gobernador entrerriano porque que con un presupuesto de 130 millones, no actuó y no evitó, mediante los controles, el grave daño ambiental y a la salud pública.

La ciudad de Rosario la está pasando mal, no por la pandemia, la importante localidad del país está atravesando la fase 5, la gran mayoría de las actividades nuevamente se han habilitado, su drama actual es la irresponsabilidad del Gobierno entrerriano.

A contrario de lo que sucede en Santa Fe, nuestra gestión provincial parece haberse tomado muy a pecho el “asilamiento” aunque exclusivamente en materia comunicacional.

Para el Gobierno entrerriano, según sus propios comunicados que son replicados en la generalidad de prensa, Entre Ríos es la mejor provincia del país, nuestros gobernantes son los más transparentes, honestos y responsables, la Provinciano tiene ningún problema económico, logra pagar los sueldos a término, no ha ajustado, todos los días se inauguran obras, las rutas son un lujo, los hospitales los mejores del país, los médicos y enfermeros los mejores pagos.

Lejos de la realidad. La difusión gubernamental de la gestión de Bordet recuerda a la tristemente célebre leyenda “el diario de Yrigoyen”.

Le recordamos a los lectores la misma: Durante el segundo mandato del ex presidente radical Hipólito Yrigoyen (1928-1930), se habría creado un diario ficticio en el que el presidente pudiera leer aquellas “buenas noticias” redactadas por su entorno. Desde luego, aquella información que se le proporcionaba no se correspondía en absoluto con la realidad.

En la Provincia pasa lo mismo, y que mejor ejemplo que lo que están padeciendo nuestros vecinos de las localidades santafecinas frentistas a la importante zona denominada “Islas del Delta del Paraná”, puntualmente Rosario, San Lorenzo y Arroyo Seco, entre otras ciudades.

La gravísima problemática no es nueva, desde hace dos años, al menos, se vienen produciendo estas situaciones sumamente dañosas para el ambiente y para la salud de los ciudadanos en general, aunque en este casos sean los más afectados vienen siendo en su gran mayoría, los rosarinos.

El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, como autoridad sobre el territorio de las islas que son de nuestro suelo, es la principal responsable de evitar este tipo de quemas, mediante medidas concretas de control y, lógicamente, aplicando sanciones en el caso de que los titulares de las islas se excedan o incendien sin permisos y bajo las medidas de seguridad para evitar, justamente, lo que hoy padecen los rosarinos.

Hace dos años, el gobierno de Gustavo Bordet, gestionaba ante el entonces presidente Mauricio Macri un avión hidrante, la idea del mandatario, aparentemente, fue apagar los incendios con ese único transporte, algo que resulta muy difícil de imaginar por la cantidad de hectáreas que se queman.

El avión hidrante, según comunicaba el propio gobierno provincial a través de sus partes de prensa, debe realizar vuelos de monitoreo en las zonas determinadas como islas, si detecta una quema, debe derivar la información a la Secretaría de Ambiente.

Asimismo, personal del Plan junto con la Policía de Entre Ríos y personal de la delegación de islas de la ciudad de Victoria realizan recorridos a fin de detectar irregularidades.

“Si se llegara a detectar una quema se labra el acta y se notifica al avión hidrante para que actúe iniciando un ataque aéreo para sofocarlo. En el caso de que no se pueda controlar, se convoca a Bomberos Voluntarios y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que puede solicitar el despliegue de otros aviones ya que, dada la geografía de las islas, el combate es casi exclusivamente con aviones hidrantes”, explicaba el Ejecutivo provincial.

Habría que consultar a los ciudadanos cercanos a las actuales zonas afectadas para determinar si pudieron avistar el avión hidrante de Bordet, aunque lo cierto es que ninguna de las quemas que hoy afectan a los rosarinos se ha podido controlar.

Por ahora, salvo el anuncio de este viernes hecho por Bordet de que denunciará penalmente a los titulares de los campos donde se han realizados las quemas, el Gobierno provincial ha hecho poco y nada respecto de su obligación con el ambiente y la salud pública de los ciudadanos.

Una denuncia que, más que denuncia, ya se perfila como un intento del Gobierno de desligarse de la responsabilidad civil y administrativa que le cabe como autoridad obligada a que estos hechos no ocurran.

La denuncia aparece, del vamos, tarde, muy tarde.

Desde que se detectaron a las quemas, tres municipios concurrieron a la Justicia Federal para que tomara intervención en el tema, lógicamente, cansados de la falta de respuestas del Gobierno entrerriano.

El fiscal federal con asiento en Victoria, Carlos García Escalada, fue quien recepcionó las denuncias.

Primera fue el Municipio de Rosario, quien denunció los hechos en marzo del 2020, luego se unieron, porque también los afectaban, San Lorenzo y Arroyo Seco.

Como se puede apreciar, desde marzo a la actualidad, el Gobierno provincial no activó ningún mecanismo legal para resolver esta gravísima situación ambiental.

Ahora llamativamente lo hace, la respuesta, sin lugar a dudas a esta llamativa motorización con un anuncio que aún no llevó a la práctica, proviene de las incontables críticas que el gobernador ha recibido en las redes sociales, donde, los ciudadanos rosarinos lo responsabilizan completamente de los daños que están sufriendo.

Durante toda esta  semana que transcurrió los mensajes en Twitter y Facebook contra Bordet fueron durísimos, incluso de los medios de comunicación de la importante ciudad, leyéndose las expresiones de “desidia”, “negligencia”, “falta de controles”, “vergüenza”, “el gobierno de entre ríos se nos ríe en a cara”, todas atribuidas al mandatario provincial.

 

El hartazgo, bronca e indignación de los rosarinos es tal que hubieron cacerolazos y hasta han organizado un boicot a la Provincia, es decir, por la irresponsabilidad del Gobierno todos los entrerrianos estamos en boca de las críticas y somos pasibles de medidas por parte de los vecinos rosarinos.

El mandatario no es ajeno a los duros cuestionamientos, como se aprecian en algunas de las capturas de posteos que registró este Portal, los vecinos de Rosario arrobaron la cuenta oficial del gobernador entrerriano.

Lógicamente, se estima, que la infinidad de duras críticas provocaron temor en el mandatario ya que los rosarinos dirigieron y dirigen –aun hoy se ven postes al respecto- la atribución de responsabilidad hacia el Gobierno de Entre Ros, lo cual traería implicancias judiciales hacia la actual gestión.

Argumentos tienen, la desidia en materia de ambiente del Gobierno es palpable, más aun con el tema de las quemas.

La investigación de la justicia federal data de marzo, como ya se mencionó, por las denuncias de los Municipios de Rosario y luego de Arroyo seco y San Lorenzo, hoy el fiscal ya tiene identificado a los dueños de los campos en las islas.

Con la causa avanzada, se ve incensario denunciar ahora, sin embargo Bordet lo anunció.

Ahora bien, respecto a las policías de control de fuego y en general sobre el ambiente, vale mencionar, que el Gobierno de Entre Ríos presupuestó para el año 2020 la suma de 130 millones de pesos para evitar y controlar este tipo de situaciones perjudiciales.

La gran pregunta es ¿Qué se hizo con dicho dinero? Si los fondos públicos están asignados, porque el Gobierno, a través de la secretaria de la ambiente, no aplicó el mismo, al menos, en los hechos, resulta palpario que, a pesar del millonario presupuesto, la Provincia no evitó el gravísimo daño ambiental y a la salud pública.

Por otro lado, y como muestra de la negligencia o, más bien, desidia total por parte de la provincia es dable mencionar que o bien no se dieron cuenta o bien poco les importó que el 29 de febrero del 2020 se venció la veda de las quemas en Entre Ríos.

La cuestión no es menor, ya que más allá de la investigación penal que lleva la Justicia penal y la identificación de los titulares de los campos, lo cierto es que en la Provincia de entre ríos desde el 1º de marzo hasta la semana pasada, las quemas no estuvieron prohibidas.

Frente a esta situación, los dueños de los campos podrían, para ejercer su defensa, argumentar que Entre Ríos permite las quemas, o al menos no las prohibió, justificando así su proceder.

Esto, podría hacer caer la responsabilidad penal de los mismos, del caso que el juez federal realice imputaciones.

Vamos a las pruebas, surge de la página oficial del gobierno provincial, en el apartado de la secretaria de ambiente, un listado de resoluciones sobre prohibición de quemas.

La última es la 532 de diciembre del 2019, la cual, establece, “Artículo 1°.- Prohíbase en` todo el territorio Provincial la realización de quemas en cualquiera de sus variantes por el plazo que corre desde el día 2 de diciembre de 2019 hasta el 29 de febrero de 2020”.

Como se ve, a la Provincia se le pasó o bien fue intencional, y el periodo comprendido en lo que hoy investiga la Justicia Federal esta exento de la veda.

Recién, a semana pasada, a tres meses de la denuncia, por el desastre ambiental, con serias complicaciones a la salud de los rosarinos según expresan en las redes, y porque fue convocado por el Gobierno Nacional, de la gestión de Bordet suscribió una nueva prohibición, en el caso, por 180 días.

Sin embargo las consecuencias dañosas están a la vista, y, conforme a las críticas y los problemas serios  que manifiestan los vecinos rosarinos, la responsabilidad apunta al Gobierno Provincial, por la negligencia y/o desidia en materia ambiental.

Resta solo saber si los vecinos de Rosario, Arroyo Seco, San Lorenzo, entre otras o los propios Municipios accionaran legalmente contra el Gobierno Provincial, perfilándose, si finalmente esto ocurre, pérdidas multimillonarias para las arcas públicas en indemnizaciones, honorarios y costas por los graves daños provocados al ambiente y a la salud por la desidia de la gestión provincial.

A lo mejor al mandatario poco le importa ya que entre demanda, contestación, sentencia, y otras instancias, ya no estará al frente del Ejecutivo Provincial.