La “banelco” entrerriana: Fuertes sospechas de compra de votos de diputados y senadores para aprobar el ajuste a los trabajadores

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A través de un audio que se le adjudican a un dirigente justicialista, se exponen maniobras de Bordet y Ballay para dar de baja los millonarios contratos de los legisladores que se oponían a la Ley de Emergencia.

Luego de que en la provincia de Entre Ríos se aprobara con inusitada celeridad la Ley de Emergencia Solidaria, que significa un fuerte ajuste sobre los trabajadores y jubilados, trascendió un audio en el que se da cuenta de supuestas maniobras del gobernador Gustavo Bordet y el ministro Hugo Ballay para lograr los votos necesarios.

En el audio, que se le adjudica a un dirigente del justicialismo, se explica cómo se logró la aprobación de esta ley, que mete la mano en los bolsillos de los trabajadores y jubilados, que harán el mayor aporte a la recaudación que el gobierno pretende lograr con esta ley, para que unos pocos funcionarios sigan gozando de los beneficios de sus cargos.

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Este dirigente nombra a todos los diputados oficialistas, pero pone el acento en Julio Solanas, Juan Manuel Huss, Stefanía Cora, José Kramer, Paola Rubattino  y otros, quienes, aparentemente, en un principio se oponían a la normativa propuesta por Bordet, pero más tarde cambiaron de opinión.

En el audio que se hizo viral, primero en Santa Fe y luego en todo el país, el dirigente afirma que el diputado Juan Navarro, presidente del bloque justicialista, se habría comunicado con Bordet para avisarle que había votos en contra de la ley.

A raíz de ello, según el dirigente, el gobernador habría respondido que se comunicaría con el ministro de Economía, Hugo Ballay, para decirle “hace un listado de todos los que dicen que no van a votar y bájales los contratos”, de acuerdo con lo que puede escucharse.

En definitiva, se detalla cómo se compraron los votos de diputados y senadores para que levantaran la mano a favor de esta polémica ley, defendiendo sus propios intereses y bolsillos, en contra de los de los trabajadores y jubilados.

La manera en la que se dieron los hechos recuerda la ley de reforma laboral impulsada por el ex presidente Fernando De La Rúa, denominada en la prensa “ley Banelco”, en alusión a las fuertes sospechas de coimas que existieron para que algunos de los senadores del PJ de aquel entonces acompañaran  la iniciativa.

“Era la primera ley importante de la Alianza y podía pasar lo mismo que con la ley laboral de Alfonsín, que la perdimos en 1984 por un voto del senador neuquino Elías Sapag”, sostuvo en un testimonio uno de los arrepentidos que declaró, Mario Pontaquarto, relatando el argumento que el entonces jefe del bloque radical le había dado para justificar el cohecho investigado.

Tras su testimonio varios senadores terminaron imputados y posteriormente procesados, entre ellos el ex senador Augusto Alasino, quien la época de los hechos fue el jede de bloque del PJ, se suponía que como conductor de la bancada conocía los hechos.

La génesis del recordado escándalo nacional, por la cual la Justicia intervino, fue la circulación masiva de unos panfletos que daban cuentas –aseguraban- la existencia de coimas.

Documentos que no llevaban firmas y que fueron depositados en varios ámbitos, incluso en la prensa, aunque en aquel momento algunos sectores le adjudicaron a Héctor Maya, provocando una durísima pelea que duró años con Alasino.

Con ese antecedente a nivel nacional, la Justicia debería intervenir para conocer cómo se aprobó esta ley y cómo se reparten y cobran los contratos en la legislatura, quiénes son los beneficiarios y demás.

Si bien la investigación fue dilatada al extremo, llegó a juicio tras 13 años de los hechos, y finalmente todos los acusados (El ex presidente Fernando de la Rúa, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, los ex senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo, Ricardo Branda y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto), fueron absueltos, porque no se hallaron pruebas para conmover el principios de inocencia, el escandalo al inicio se llevó la renuncia del vicepresidente de la nación, Chacho Álvarez.

Es más, la generalidad de los acusados, por estos gravísimos hechos, no volvió más a la función pública, el desgaste de haber estado 13 años en la parrilla judicial y de la prensa nacional hicieron lo suyo.

El argumento es simple: no hubo condena judicial por la falta de pruebas pero si hubo condena social, para la generalidad de los ciudadanos, las coimas o sobornos (para la Justicia cohecho) existieron.

En la Provincia de Entre Ríos hace varios años que las sospechas sociales son similares, en la gente está instalado que los legisladores actúan u omiten, en su función propiamente dicha, esto es, legislar, conforme a “las bondades” del Ejecutivo Provincial.

Sin irse muy lejos, durante este año la hipótesis se barajó respecto de un pedido de interpelación ministerial que no prosperó.

Aunque, en el caso entrerriano, en los beneficios económicos desmesurados e irregulares no opera la Banelco, sino mejoras en los montos de contrataciones que le son asignados a los legisladores.

Ese es el argumento principal que encuentra este Portal para la oposición rotunda que se encuentra cuando los ciudadanos solicitan pedidos de acceso a la información pública respecto a los contratados de los legisladores y sus montos.

Recientemente sucedió, un vecino de Paraná pidió los montos, ni siquiera los nombres, asignados a cada uno de los diputados y senadores en los meses de enero y marzo del 2020, ni el DR. Ángel Giano, ni la Lic. Laura Stratta quisieron darlos.

De eso no se habla, está prohibido, a pesar de revestir la calidad -lo solicitado- de información pública, intencionalmente no hay que mostrarla.

Pero tal es  la irregularidad que justamente la justicia muy a cuenta gotas, dilatando, limitando los periodos, investiga la detracción de 2000 millones de pesos en “contratos truchos”.

El antecedente “Banelco”, y estas más inmediatas sospechas, sumado el audio viral, sobretodo este último que aumenta la falta de credibilidad en las instituciones de la provincia, y en particular a  los legisladores que allí se nombran, y con ellos a toda la Legislatura,  como también al gobernador y al ministro de Economía.

Los hechos con los del escándalo nacional  son similares, en ambos casos se trató de una ley de ajuste, a lo que hay que adicionar –en el caso provincial- las sospechas por el record en tiempo en que se aprobó la emergencia de Bordet. En menos de 24 horas había sido sancionada definitivamente, tanto en diputados como en el Senado.

El audio que trascendió explica cómo esto habría sido posible luego de la charla de Navarro con Bordet y de la orden del gobernador al ministro de Economía de bajar los contratos de quienes no votaran a favor.

Se trata del mismo gobernador y gobierno que ocultan la información pública más básica, ya que, por ejemplo, a casi ocho meses de gestión, no han dado a conocer la nómina de quiénes componen esta administración.

De igual manera, los entrerrianos desconocen quiénes cobran a través de la Legislatura, el dinero que el pueblo aporta con sus impuestos, quiénes son las personas contratadas, cómo reciben el dinero y cuánto.

El periodismo, o cualquier vecino, para acceder a la información que debería estar a disposición de los ciudadanos, deben iniciar una acción de amparo, aunque la Justicia en muchas ocasiones no es favorable porque no quiere enfrentarse al gobierno provincial.

Según este audio, que se viralizó en todo el país, hubo plata de por medio, en forma de contratos, para que la Ley de ajuste, llamada Ley de Emergencia, se aprobara.

De igual manera que a nivel nacional se investigó la polémica Ley de Reforma Laboral de De La Rúa, se espera que la Justicia entrerriana investigue el origen de este audio, a los diputados y senadores nombrados, y a todos los legisladores en general.

Habría que preguntarles a quienes ideológicamente se oponían a esta ley por qué terminaron votando a favor de la normativa.

Habría que cuestionarles a los legisladores cuánta plata reciben por los contratos, quiénes los cobran, de qué manera, y demás.

Cada uno de los legisladores nombrados, junto con el gobernador y el ministro deberían pasar por la Justicia a explicar los términos de aprobación de la ley.

En el caso entrerriana, a diferencia de la causa “Banelco”, las pruebas serían más sencillas de colectar, una simple comparación de los contratos asignados al momento de asumir, con la actual.

Pero no, en Entre Ríos, de esto no se habla, cuando este Portal quiso comunicarse con los diputados y senadores que se nombran en el audio, no hubo respuesta, o comentaron que no podían hablar en el momento, y demás evasivas.

Más allá de que ellos hablen o no con a prensa, de que la Justicia investigue o no, el gobernador, los legisladores, los ministros, al igual que con el escándalo “Banelco”, los protagonistas entrerrianos de la ley de emergencia  ya tienen la condena social del pueblo entrerriano.

La Justicia debe investigar, los entrerrianos merecen saber en qué se gasta la plata que ellos aportan y por qué legisladores que se dicen justicialistas aprobaron una despiadada ley de ajuste sobre los trabajadores y jubilados.

A la espera de que el Poder Judicial actúe, hoy, el gobernador, los legisladores y los miembros de esta administración ya tienen una condena que es difícil de superar: la social.

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7 comentarios

ARTO DE LOS POLITICOS 8 julio, 2020 at 12:30 pm

QUE ASCO ME DAN ESTOS TIPOS IMPRESENTABLES

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Melina 8 julio, 2020 at 5:24 pm

No te quepa la menor duda que es así. Te crees que son verticalistas por convicción? Les gustan los $ y aprovechan a hacer sus negocios cag…ndo a los trabajadores y a los jubilados. Son unos traidores a los principios del justicialismo, aunque ellos se sigan autoproclamando como peronistas.

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oro negro 8 julio, 2020 at 5:38 pm

Tres sueldos es inmoral.

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oro negro 8 julio, 2020 at 5:40 pm

Publicarán la nómina de trabajadores asesores contratados ,…gracias

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Dami 8 julio, 2020 at 5:49 pm

Pregúntale a la cora y la ramos cuanto contratos tiemen en sus asesores 2 mil tienen cada una y se pasean por los pasillos

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chato A 9 julio, 2020 at 11:09 am

esto que pasa es de una inmoralidad inusitada !!!

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Lucre 9 julio, 2020 at 6:55 pm

La ramos cobra en fiputados y como empleada del senado..cara dura chorra ella y su hermana

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