Grave: Para Bordet el acceso a la información pública no es un derecho humano

Un amparo contra el gobernador que tiene como objeto, no atacar a las instituciones, sino que la Justicia garantice a los ciudadanos la posibilidad de conocer los actos de gobierno, en que gastan los fondos los funcionarios, fuerte presión a la Justicia para impedir el ejercicio de esta herramienta fundamental para combatir la corrupción.

El acceso a la información pública es un derecho humano que se encuentra garantizado por nuestra Constitución Nacional como parte del derecho a la libertad de expresión y en vinculación con el principio de publicidad de los actos de gobierno. Supone que toda persona tiene derecho a acceder de manera completa, adecuada, oportuna y veraz a la información creada u obtenida por el Estado o que obre en su poder o bajo su control. En consecuencia, el ejercicio efectivo de este derecho implica ineludiblemente el deber de los poderes del Estado de dar publicidad a sus actos, y de facilitar la información cuando es requerida.

Este reconocido en la Constitución Nacional, no de manera expresa, sino tacita, se desprende de los artículos 1º, 14º, 33º y 75º inc. 22, este último fundamental, ya que le otorga jerarquía constitucional a los Tratados internacionales que de manera explícita lo reconocen, y, a partir del 2008, fue establecido en la Constitución entrerriana.

Su aceptación e incluso ampliación ha sido materia de numerosos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de Cortes Internacionales, caso de la Interamericana y la Internacional de Derechos Humanos, asimismo, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos presenta antecedentes puntuales de su reconocimiento y su ejercicio.

Lo mismo que los órganos consultivos y relatorías internacionales, todos estos, han reconocido, garantizado y ampliado esta herramienta ciudadana –única- de conocer y acceder a los actos de gobierno.

A pesar del tamaño de estos antecedentes expresos, cual oasis de ocultismo, en la Provincia de Entre Ríos no solamente no se cumple el deber inmerso como contracara del derecho ciudadano, la transparencia de las autoridades no existe y tampoco se permite a los ciudadanos acceder a la información que no se publica y que obligatoriamente debería publicarse.

La pandemia, como en otras varias materias de la administración pública, vino a empeorar las condiciones de cumplimiento este derecho humano fundamental, el gobierno entrerriano no solo no publica sus actos de gobierno, sino que, no contento con esto, ahora también impide a los ciudadanos ejercerlo.

El ejemplo puntual lo representa un reciente decreto suscripto por el gobernador Gustavo Bordet, donde suspende los plazos administrativos (Decreto 944/20), medida que prorrogó hasta el 17 de julio del corriente, fecha que, ante la escalada de casos de COVID en la capital entrerriano, segiurmanete se prorrogará nuevamente.

Suspensión que no previó como excepción, porque está claro que buscan impedir, obstaculizar, que los ciudadanos pregunten por los actos de gobierno, especialmente por el manejo de los fondos públicos, el acceso a la información pública.

Mientras los plazos para las contrataciones millonarias y designaciones de nuevos cargos políticos si se exceptuaron, este derecho humano fundamental de los entrerrianos no, produciéndose una incerteza y, lo que es peor, el impedimento de su ejercicio, ya que los ciudadanos no saben ni pueden saber cuándo se produce el termino del tiempo que tiene el funcionario o funcionaria para responder, y consecuentemente, incluso aquella incerteza se traslada a un terreno no viable de recurrir a la justicia exigiendo el cumplimiento.

En otras palabras, la no excepción en la suspensión de los plazos administrativos del acceso la información pública, esta pesada exclusivamente para poner en un brete sin salida al ciudadano, que, si puede pedir información, pero no tiene ninguna garantía para que el funcionario o funcionaria responda y menos para demandar judicialmente el cumplimiento.

Ante esta gravísima afrenta a un derecho humano fundamental, el gobernador fue demandado mediante una acción de amparo, no el Estado, no la Provincia, sino el mandatario en su calidad de funcionario, por ser el autor del decreto que omite la excepción.

Lejos de responder el gobernador sobre esta atribución de responsabilidades graves, porque se trata de impedir o restringir, y consecuentemente, violar, un derecho humano, prefirió, mediante sus abogados, defenderse mediante el ataque.

Es decir, no explica en ninguna de las 19 páginas de su contestación porque no quiere brindar información que goza de la calidad de pública, es decir, en qué gasta los fondos públicos, cuantas designaciones ha realizado en plena pandemia y a pesar de la emergencia, como tampoco responde a sus fundamentos de limitar los derechos de los ciudadanos a tal punto de impedir su ejercicio.

Nada de esto, como si algo le faltaba a su embiste hacia los ciudadanos, sus abogados optaron por nuevamente arremeter contra los amparistas, cuestionando la legitimación activa, es decir, que no tienen derecho a exigir judicialmente el ejercicio del acceso a la información publica.

Ambos amparistas, con el plus de ostentar la función de periodistas, presentaron dos accesos a la información publica, uno a fiscalía y otro a desarrollo social, lo hicieron a mediados de junio, vale decir, hace un mes, sin embargo a la fecha del amparo ninguno de los dos vio cumplimentado por parte de los funcionarios requeridos del otorgamiento de la información solicitada.

La única razón es que Bordet no quiso exceptuar a estos requerimientos en la suspensión e pazos administrativos, provocando, la incerteza respecto de cuando debían responder, es más, ni siquiera les respondieron.

Asimismo el gobernador, sin explicar su propio accionar, cuestionó a los ciudadanos por haber elegido la acción de amparo, su argumento, y aquí la gravedad del asunto, es que existían otros procedimientos administrativos para ejercer el mismo.

Parece irrisorio, pero el propio mandatario que suspendió los plazos administrativos le exige a los ciudadanos que acciones administrativamente –y no judicialmente- cuando no se le están dando tramite a ninguna expediente en la Administración justamente por estar suspendidos los plazos.

El único remedio habido para ejercer el derecho y otorgar certezas a su cumplimiento es la acción de amparo, porque la administración está paralizada por su propia decisión mediante decretos.

Pero sin dudas lo más grave del responde de Bordet –mediante sus abogados- es la consideración de este derecho humano fundamental.

Para los Dres. Sebastián Trinadori y Adriana Abrigo, a pesar de su reconocimiento en la Constitución Nacional, en los tratados de derechos humanos y en la constitución provincial, el acceso a la información pública no es un derecho humano.

La cuestión es gravísima, es el propio Gobernador quien reconoce que los ciudadanos no tienen ningún derecho humano a acceder a la información que es pública y que el mismo se encarga de no dar a conocer.

Un amparo, el propuesto, que tiene como objeto, no atacar la figura de Bordet, tampoco arremeter contra las instituciones, sino que sea la Justicia la que garantice este derecho humano tras dental, como lo es el acceso a la información publica, y con ello que se pueda conocer en qué gastan los fondos públicos los funcionarios.

Es en este sentido que se interpone la demanda, que sea la Justicia quien en definitiva diga que los entrerrianos tienen derecho a conocer los actos de gobierno o que no lo tienen.

Porque hay que decirlo, los ciudadanos hoy están desguarnecidos, desamparados totalmente frete al Gobierno, no solo cuando ejercita administrativamente un derecho, sino también cuando acciona judicialmente.

Frente a un amparo de un ciudadano violentado, encima, debe enfrentarse a un ejército de abogados pago por el Estado que lo ataca, buscando todos los vericuetos y la quinta pata al gato para seguir desconociendo sus derechos y no informar en que se destinan los fondos públicos.

Escomo si la propia administración le impida al ciudadano el acceso a la información porque presento la nota por calle Córdoba y debía hacerlo por calle Santa Fe.

Hasta allí llega el total desamparo del ciudadano, el cual se intenta revertir a raves de la Justicia, son los jueces quien deben garantizar que se cumpla el deber estatal de informar y el consecuente derecho humano.

Un paradigma de esta situaciones el argumento la inadmisibilidad del amparo que propone el mandatario, el cual, trae a colación la falta de previsión legal respecto al acceso de información pública al Miniserie Público Fiscal, apoyándose en un reciente amparo en la materia, puntualmente el del diputado Eduardo Solari contra el Procurador General de la Provincia.

Amparo que tuvo acogida favorable en primera instancia, el juez Elvia Garzón le dio la razón al diputado, sin embargo, el Superior Tribunal lo revocó, aunque es sumamente interesante el fundamento de esta disposición.

El voto a destacar es el del Dr. Miguel Giorgio, ya que el resto adhiere al mismo. El vocal del STJER, muy lejos de no reconocer y proteger al derecho a la información pública, como pretenden Bordet y sus abogados, lo que hace es desechar la acción de amparo por una cuestión netamente técnica, justamente por una cuestión en os plazos.

Para el juez Giorgio, Solari interpuso a destiempo el amparo, es decir, fuera del plazo legalmente establecido (30 días), y lo hizo, justamente por la confusión que provocó la primera suspensión dispuesta por Bordet respecto de los pazos administrativos.

El acceso a la información pública de Solari contra Jorge García, se interpuso en la previa de la cuarentena, luego se dispuso el aislamiento social obligatorio y el receso en la administración con la consecuente suspensión.

Es por ello, y no por la razón que argumenta Bordet. que le rechazaron el amparo al diputado, justamente es lo que se pretende sanear con la acción  en su contra, existiendo como precedente sobre lo que se propone en el orden nacional.

Muy lejos de este contexto de restricción de derechos fundamentales, el Presidente de la Nacional, Alberto Fernández, también dispuso la suspensión de plazos administrativos, pero pro el contrario al gobernador entrerriano, mediante resolución dispuso la excepción expresa de los acceso a la información publica.

Justamente el Presidente quiso evitar que se produzca la incerteza y consecuente restricción del ejercicio de un derecho que entiende es fundamental en un Estado de Derecho.

Tal es la trascendencia y las condenas a sus restricciones, mas manifiestas desde que Bordet decreto la emergencia sanitaria por la pandemia, que la propia Comisión Interamericana de Derecho Humano (CIDH) el 10 de abril del 2020, resolvió recomendar a los Gobiernos  “asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. En los casos de postergación de los plazos de solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberán fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y admitir la apelación de estas resoluciones.”

La situación en la Provincia es preocupante, con medidas como las vigentes, donde el Gobierno convierte en inciertos absolutamente los derechos humanos, impidiendo su ejercicio, podría, en caso de una sentencia adversa en el amparo promovido y que tramita ante el juzgado de ejecución de pena, podría hacerle valer al Estado Argentino, del cual forma parte la Provincia, de una condena a nivel internacional.

La resolución de este ante conflicto genera expectativas por la importancia del derecho en discusión y en los próximos días se develará como procede la Justicia entrerriana, conociéndose que –como es normal y habitual en la actual gestión provincial- es que la por los pasillos tribunalicios  ya recorre la fuerte presión del Gobierno hacia el Poder Judicial.

Un amparo que tiene como objeto, no atacar al gobernador, no atacar a las instituciones sino que la Justicia garantice un derecho humano fundamental como lo es la posibilidad de que los ciudadanos accedan a la información pública, que sepan cómo se gastan los fondos públicos, premisas que se encuentran en pleno retroceso en la Provincia.