En la cartera de Paira los números para los alimentos no cierran: 24 millones para 22.300 módulos, hace un mes por 23 millones, compraron 34.905 ¿inflación o inflamiento?

Una reciente contratación de la ministra desató la polémica por los precios y las marcas de los productos, no existía relación con el valor de los de primera calidad, sin embargo se pagaron más caros, ahora, otra vez, la imperiosa necesidad alimentaria se tiñe de irregularidades, por una considerable menos cantidad el Estado pagará el 60% de más.

Hoy, lamentablemente, ya no hay manera de describir la necesidad que tiene y mantienen los sectores más vulnerables de la provincia.

Sector que ha crecido lógicamente por la pandemia, la cual, ha encarecido enormemente los ingresos de todos los entrerrianos, menos, claro está, aquellos que gozan del privilegio status de “funcionario público”.

Estos últimos también crecieron en cantidad, y de manera exponencial en la pandemia, el Gobierno provincial, a pesar de la gravísimas crisis económica y financiero, que determinaron una reciente declaración de emergencia por parte de la Legislatura en un tiempo record y el consecuente ajuste a jubilados y trabajadores, no ha cesado de designar cargos políticos.

Los más recientes se corresponden no con 1, 3, 5 nuevos funcionarios, sino 44 nuevos coordinadores, designaciones que se conocieron de manera concomitante con la emergencia, sospechándose que el decreto se antedató.

Entre los argumentos del saqueo a los trabajadores y jubilados, el Gobierno planteo, por un lado, la emergencia sanitaria producto del COVID-19, por otro, la necesidad alimentaria incrementada.

Sobre último punto, varias fueron las aristas que desataron una gran polémica, por las irregularidades en torno a la contratación de alimentos.

La crisis alimentaria está instalada en la Provincia desde el año pasado, cuando en el primer semestre se detectó que alimentos de Desarrollo Social eran acopiados en galpones insalubres de la capital entrerriana, toneladas de productos que debían estar en las mesas de los más vulnerables, en residencias privadas de funcionarios que, por cierto, hostigaron a trabajadoras de este Portal cuando fueron a cubrir el allanamiento por la gravísima irregularidad.

Había más: luego de los allanamientos, se detectó que varios productos de desarrollo social eran comercializados en supermercados de la capital entrerriana.

La entonces ministra, la hoy vicegobernadora, Lic. Laura Stratta, no hizo una sola alusión al tema, nunca, de los alimentos no se hablaba.

Se descubría el negocio de la pobreza.

Con el arribo de Marisa Paira a la cartera de desarrollo social la cuestión no mejoría en nada: varios meses debieron pasar desde su asunción para que la ministra se dispusiera a adquirir alimentos.

Mientras el hambre golpeaba a los trabajadores, Paira no compró un solo producto, recién con la pandemia transitando por varios meses se dispuso a hacerlo.

Nuevamente las irregularidades, a pesad de los millones de pesos desembolsados la ministra optaba por la contratación directa y no por el procedimiento de licitación pública, este último el legítimo por el monto.

Casi 15 millones de pesos en alimentos que se adquirían mediante contratación directa y por vía de excepción por 23.500 módulos alimentarios.

Contratación que, llamativamente, no figura aprobada con posterioridad por resolución del Ejecutivo Provincial.

En mayo Paira se disponía a comprar nuevamente alimentos, empezando a variar notablemente las cifras, tanto de la cantidad de los módulos como también del precio pagado.

Por 34.905 módulos alimentarios la ministra desembolsaba la suma de $23.820.917,25 millones de pesos de fondos públicos.

En dicha oportunidad la polémica se desató por las marcas de los productos adquiridos:  leche en polvo “Quelech”, azúcar “Matdulc”, harina de maíz “Lopani”, fideos guiseros Donaci”, harina de trigo “Estupenda” y polvo de cacao marca “Santa Elene”, eran algunos de los alimentos que verdaderamente no conocía nadie.

Lo más grave se otorgaba con la leche en polvo marca “Quelech”, producto elaborado por el empresario cordobés,  Claudio Maturano, procesado por la Justicia chaqueña acusado de haber sustraído leche en polvo para niños desnutridos de la Provincia con el fin de comercializar.

A pesar del desconocimiento existente sobre los mismos, y de interpretarse como productos ni de tercera, ni de cuarta calidad, Paira los pagó igual que uno de primera marca.

Mientras esto ocurría los diputados y senadores justicialistas defendían la ley de ajuste para adquirir estos productos,  preguntándose este Portal en aquella oportunidad si dichos legisladores se alimentaban o alimentaban a sus familias con aquellas marcas.

El panorama de la gravísima crisis alimentaria de los sectores vulnerables, por otro lado, no se condecía en nada con las medidas adoptadas por la cartera de Paira: en 7 meses de un hambre nunca antes visto, la ministra compro solamente dos veces alimentos.

Sin embargo, el argumento principal de la ley de emergencia hablaba de la cuestión alimentaria. Una incoherencia total.

Llegamos a julio y parece que este tipo de críticas que indican la inacción total contra un flagelo, en algo, hicieron reaccionar a la ministra.

Ahora se dispone a realizar una nueva contratación. Aunque, muy lejos de los cánones básicos de transparencia, nuevamente la irregularidad tiñe la inminente adquisición de alimentos.

22.300 módulos alimentarios, y el lector pensará –conforme a los números que viene expresando la nota- por una cifra cercana a los 15 millones, ya que la cantidad se asemeja a la primera compra de Paira del año.

Bueno, no. Por 22.300 módulos la ministra va a gastar más, incluso que la cifra por la cual compró 34.905.

Por 23.300, Paira estima gastar la suma de 24.713.752 de pesos, el 60% más de lo que pagó los 34.905 módulos alimentarios comprados en junio.

Repasemos en limpio: Por 23.500 módulos gastó en marzo $14.993.000, en junio por 34.905 módulos desembolsó $23.820.917,25 y ahora, a un mes solamente de aquella compra, por menos, es decir, 22.300, gastará $24.713.752, el 60% de más, como se puede apreciar, los números en desarrollo social no cierran, en nada.

La pregunta obligada: ¿será la inflación o el inflamiento? La respuesta da para pensar, ya que el lapso de tiempo entre una compra y otra resulta muy -pero muy- breve.

Mientras tanto la ministra, al igual que su antecesora, guarda silencio, es más hasta omite dar respuesta de manera completa a los interrogantes que le reproducen lo ciudadanos mediante accesos a la información pública, sobre el más grave flagelo que afecta a la Provincia, la política de desarrollo social, es no hablar.