El escándalo de los alimentos en Nogoyá puso en evidencia la falta de transparencia del gobierno provincial

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Lejos de aclarar los hechos, la provincia embarulló a los vecinos, primero con las declaraciones de una persona privada, que desligó a los funcionarios, y después con un comunicado firmado por coordinadores de junta que cobran dos y hasta tres sueldos del Estado, que fueron categóricamente desmentidos por miembros de las juntas.

El escándalo de los alimentos del ministerio de Desarrollo Social almacenados en un inmueble privado de Nogoyá sigue sumando nuevos capítulos: primero salió una nota en apoyo a la senadora, con firmas de funcionarios apuntados por tener dos y hasta tres sueldos del Estado, y después salió una dura desmentida por los desmanejos con los módulos alimentarios y cargando contra la falta de transparencia del gobierno provincial.

Todo comenzó la semana pasada cuando vecinos de Nogoyá, muy indignados y preocupados, denunciaron la existencia y almacenamiento de toneladas de alimentos del ministerio de Desarrollo Social de la provincia en un inmueble privado.

La irregularidad provenía del propio lugar del acopio, ya que se desconocía si estaba habilitado para funcionar como depósito por parte de la cartera de la Lic. Marisa Paira, como tampoco se sabía acerca de las condiciones bromatológicas y de salubridad del mismo.

La situación generaba gran preocupación por el antecedente de un hecho similar suscitado durante la pasada gestión del ministerio, cuando en un allanamiento se constató que alimentos pertenecientes a Desarrollo Social se almacenaban de manera irregular en un precario galpón y, posteriormente, en otras medidas judiciales e determinó que esos alimentos eran comercializados inescrupulosamente.

En esta oportunidad, la denuncia de los vecinos de Nogoyá apuntaba a la senadora provincial, Flavia Maidana y a la titular del inmueble de calle centenario al 1061, la Sra. María Rosa Vergara, y, al ex diputado provincial, José Allende, ya que tanto la propiedad cuestionada como las personas involucradas estaban relacionadas con ex legislador.

El escándalo en Nogoyá rápidamente se dispersó pro toda la provincia, causando indignación, malestar y preocupación al conjunto de los entrerrianos, ya que se trata de alimentos que deben estar en las familias más carenciadas y vulnerables, que nada tenían que hacer en un inmueble privado, sin controles, y que, por sus funciones propias, mucho menos ser manejados por la senadora departamental.

La ministra Paira no habló sobre los graves hechos, guardó silencio, los entrerrianos no tuvieron oportunidad de escuchar sobre el manejo de los recursos de Desarrollo Social, aunque sí hablaron Maidana y Vergara.

La senadora lo hizo a través de un escueto comunicado en las redes sociales, la segunda, en una entrevista radial de un medio de Nogoyá.

Ambas reconocieron los hechos, aunque los justificaron, sosteniendo que no tienen un lugar  en el departamento asignado para descargar los productos que se envían desde Desarrollo Social provincial, a la espera de que los retiren las autoridades de otros municipios y juntas de gobierno y comunas, quedando así la irregularidad confesada.

La inexistencia de un lugar asignado por la cartera de Paira, mal puede habilitar el almacenamiento de alimentos, con el celo y resguardo que se debe poner sobre estos, en un inmueble en el que no se han practicado medidas y controles que determinen que el mismo es apto para tal cometido.

Se podría haber pedido colaboración a diferentes instituciones públicas de la ciudad, como de la departamental de Policía, e incluso el mismo municipio, pero no se hizo.

El viernes pasado el escándalo continuó: a la nochecita, tratando de evitar que los vecinos se enteraran, varias camionetas sin logos o signos visibles de alguna institución estatal, sacó toneladas de alimentos del inmueble, desconociéndose quienes fueron, y lo que es peor, a donde fueron a parar los recursos para los más vulnerables.

Ni el ministerio ni la Justicia actuaron al respecto. Durante la mañana del viernes se debatió en Paraná justamente la obligación del Gobierno Provincial de brindar los datos de a quiénes les entregan los módulos alimentarios, ni el gobernador ni la ministra los quieren otorgar, fue la jueza Cecilia Bértora quienes los condenó a hacerlo.

Ese mismo día, mientras en camionetas se llevaban toneladas de alimentos, con destino incierto, presidentes de jutas y comunas, a través de un comunicado, salían a defender a la senadora Maidana,  a repudiar las versiones periodísticas, tratándola de falaces y a aclarar que ellos retiran los alimentos.

La misiva que lleva la firma de Víctor Fernández, Ramón Lanfranco, Adriana Hernández, Julia Arismendi, Pedro Krenz, Nélida Fernández, Elsa Acevedo, y Héctor Barreto, todos presidentes de juntas y algunas de las secretarias de las mismas.

Los nombres, lejos de apaciguar las preocupaciones en Nogoyá, provocaron nuevamente malestar, ya que entre los firmantes aparecen funcionarios sospechados y apuntados por los propios ciudadanos de percibir dos y hasta tres ingresos estatales.

Recientemente este Portal se hizo eco de una medida del gobernador Gustavo Bordet que provocó estupor colectivo, en medio del ajuste, de la ley de emergencia aprobada de forma exprés, que no hace más que poner en los trabajadores y jubilados los costos de una pésima administración, se conocía un decreto del mandatario designando a no 1, ni 10, ni 20 nuevas funcionarios, sino a 44, entre los que se encuentran parejas y maridos de legisladoras y concejales.

44 designaciones que, técnicamente son ad honorem, aunque, como en la generalidad de los casos contenían una trampa, los flamantes funcionarios percibirían ingresos bajo la modalidad “movilidad”, en equivalente de “litros de nafta súper”.

Haciendo cálculos estos 44 coordinadores de juntas implican un desembolso anual de 23 millones de pesos.

44 coordinadores de juntas, cuya función propiamente dicha resulta totalmente innecesaria por la existencia de otra figura establecida (presidente de junta) cobran mensualmente más que un médico o médica en funciones en cualquiera de los efectores provinciales.

Entre los mismos figuraba un integrante del sector de José Allende,  Héctor Barreto.

El nombre fue expuesto por sus propios vecinos de Nogoyá a quien lo apuntan como acreedor de tres sueldos estatales, uno provente de Vialidad, repartición por excelencia si de corrupción se habla, estimando que el mismo no baja de los 100 mil pesos mensuales, otro sueldo como presidente de junta de gobierno y otro, aún más reciente, como coordinador de junta, este último bajo el ya mencionado vericueto de “litros de nafta súper”.

El sello y firma de Barreto se ve claro en la misiva defensiva a Maidana y al proceder totalmente irregular que se ha practicado con los alimentos para los más vulnerables del departamento Nogoyá.

Pero la nota no solo lleva la firma de funcionarios que son apuntados por cobrar dos sueldos, sino que más tarde salió una desmentida de integrantes de juntas de gobierno que echan totalmente por tierra lo afirmado en el primer comunicado.

La desmentida, firmada por integrantes de Junta de Gobierno de Crucesitas Séptima y Urquiza, manifiesta un “profundo repudio a la manera en que se manejan los funcionarios provinciales “coordinadores de juntas de gobierno” y la senadora provincial Flavia Maidana.

El comunicado declara que “como integrantes de juntas de gobierno NUNCA, desde el inicio de esta gestión, se rindió cuenta sobre cuánta mercadería, sean bolsones de alimentos, materiales para la construcción, etc, se recibieron en dichas instituciones, y mucho menos cuáles fueron los destinatarios finales”.

Los firmantes, Alcides Chaparro, Javier Arrúa y Susana Zatti, remarcaron su intención de “poner en evidencia sobre las serias irregularidades que se dan en el manejo de los dineros de la gente”.

Lo que queda en claro de la situación es la falta de transparencia del gobierno provincial, que en lugar de aclarar por qué los alimentos se almacenan en un inmueble privados, a quién se destinan, en qué cantidad y demás datos concretos, primero mandó a una persona privada a hacerse cargo de la situación para desligar a la senadora y a los funcionarios provinciales y después envió un comunicado firmado por cuestionados coordinadores de juntas.

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6 comentarios

Luis 28 julio, 2020 at 2:38 pm

No les quedo otra q firmar

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Alfredo Grimaux 28 julio, 2020 at 9:32 pm

Que no se deje “dormir” este caso ya que mientras la gente está con hambre, se desaparecen alimentos esenciales destinados a ellos. Dejan bastante que desear los políticos de la zona que están en estos operativos de prensa que no aclaran nada, sino que se mezcla todo

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Mirta faure 28 julio, 2020 at 11:33 pm

Vergonzoso, todo sucio. Un jefe de juntas es también secretario….un tipo: dos sueldos…yo a escondidas y seguro Allende anda por ahí

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Jorge 29 julio, 2020 at 10:26 am

Esto es de esperar señores, no piensan en otra cosa que en corrupción y llevar agua para sus molinos ….

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Mirta Faure 28 julio, 2020 at 11:34 pm

Todo eso, lo maneja mal Bordet
.. todo lo hace mal…y la provincia en emergencia… Dios mio

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Pedro 31 julio, 2020 at 11:20 am

Mirta no tenes cara , sos la defensora mas grande de Macri que se fugo 100 mil millones de dolares y se las tomo y te pones mal y colorada por los bolsones…….ANDAAAAAAAA

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