El Superior Tribunal rechazó la apelación de Bordet y Paira: Condena firme a brindar información sobre los beneficiarios de los alimentos

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No existe precedente similar al de la jueza Cecilia Bértora, ni en Entre Ríos, ni en ninguna otra Provincia, si a nivel nacional, donde la CSJN determinó la procedencia de los pedidos de informes ciudadanos respecto de los recursos adquiridos con fondos públicos.

La cuestión para los ciudadanos está bastante clara, si los funcionarios públicos adquieren recursos (públicos) con fondos públicos, la información es pública.

Para los funcionarios provinciales no solo no existe claridad en este concepto, muy por el contrario, ante la generalidad de los pedidos de informes de los vecinos, se niegan a esclarecer en qué gastan los fondos públicos, y lo que es peor, a donde destinan los recursos.

Ante estas negativas a los ciudadanos no le queda más remedio que recurrir a la Justicia, y es que se trata de un derecho humano de trascendental, pilar del sistema democrático y una de las pocas herramientas en manos  del pueblo para combatir la corrupción y, consecuentemente, propiciar la transparencia.

Respecto de los alimentos administrados por desarrollo social provincial, la temática es extremadamente fundamental, hoy y desde hace varios años, los más humildes de la provincia exigen, sin embargo, pocas o nulas son las respuestas que brinda el estado

Denuncias por faltantes de alimentos en comedores y merenderos comunitarios, lamentablemente abundan en el suelo entrerriano.

Con la pandemia la problemática se agudizó, aquellos que realizaban changas, trabajos informales o monotributistas, pasaron a ser vulnerables, todas las actividades de paralizaron, las necesidades básicas se incrementaron notablemente, sin distinción de oficio, arte o profesión.

El Estado provincial en cada oportunidad que tiene comunica oficialmente sobre sus inversiones en políticas alimentarias, sin embargo las mismas nos e ven en manos de quienes lo necesitan.

Esta situación, sumada a las contantes irregularidades que se denuncian en el manejo de los alimentos fueron los determinantes para que se pidan informes.

La ministra Marisa Paira no quiso responder sobre los beneficiarios, escudándose en los más humildes y una mentada “estigmatización”.

El amparo de dos ciudadanos recayó en la jueza de ejecución de penal y medidas de seguridad –por la feria- Dra. Cecilia Bértora.

Tras una audiencia de conciliación que dispuso muy atinadamente la jueza, las partes lograron un principio de acuerdo, sin embargo, tras la sentencia que condenó al ejecutivo y al ministerio a brindar los datos de identificación de la totalidad de ciudadanos que han recibido módulos alimentarios en lo que va del año, Bordet y Paira apelaron la sentencia.

Una muestra del desacato incluso a una sentencia dictada por una magistrada, que deja al descubierto que no quien –se niegan absolutamente- a dar a conocer la información, generando muchísimas especulaciones y sospechas tal reticencia.

Y es que, en la Provincia, existen incluso actuaciones judiciales en marcha por la comercialización de toneladas de amientos de desarrollo social.

Es más, por allanamientos dispuestos por el fiscal Juan Malvasio, de pudo constatar la presencia de productos comprendidos en los comúnmente llamado bolsones sociales, de la mismas marcas de los comprados por desarrollo social e incluso con la leyenda “prohibida su comercialización”, sello impuesto por el Estado.

Asimismo, y más recientes, existen fuertes sospechas provenientes de vecinos de Nogoyá dando cuenta de irregularidades con también toneladas enteras de comida de desarrollo almacenados en un inmueble de propiedad privada.

Este miércoles se produjo otro movimiento judicial en el amparo a favor de los amparistas que ya contaba con una sentencia favorable en primera instancia.

Tras la apelación realizada por el Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, órgano que interviene como segunda instancia, dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por el ejecutivo y la ministra.

La consecuencia es extremadamente auspiciosa y beneficiosa para los ciudadanos, y, para esta herramienta de acceso a la información pública para combatir la corrupción, la sentencia de la Dra. Bértora adquirió calidad de cosa juzgada, vale decir, la  condena contra Bordet y Paira quedó firme.

El fundamento del vocal del STJ, Dr. Germán Carlomagno (a cargo de la presidencia en feria del máximo órgano judicial)  si bien producto de un tecnicismo, una cuestión imputable a la propia parte, en el fondo guarda una marcada  trascendencia, el fallo de la jueza Cecilia Bértora adquirió firmeza, sentando un precedente valiosísimo para los ciudadanos.

No existía hasta aquí, un fallo similiar, ni en Entre Ríos, ni en ninguna otra Provincia, aunque si a nivel nacional, donde la CSJN determinó la procedencia de los pedidos de informes ciudadanos respecto de los recursos adquiridos con fondos públicos.

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2 comentarios

Exequiel 30 julio, 2020 at 9:28 am

El pueblo tiene que levantarce dejemos de estar manipulados ….

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Hasta donde llega la negación del Gobierno con el negocio de la pobreza: Otro vericueto legal para no informar quienes se llevan los alimentos - El Portal Ricardo David 2 agosto, 2020 at 12:54 pm

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