- 3
- Compartidas
Presiones de la secretaria de ambiente de Barbieri que generan sospechas en la ATER
El drama de las Islas entrerrianas sigue generando estupor, indignación y malestar en los entrerrianos.
Los vecinos de las ciudades de la costa del Paraná han padecido las consecuencias de la desidia del Gobierno provincial que no ha actuado ante este desastre ambiental sin precedentes en nuestra historia.
Drama de larga data, que comenzó a mostrar una de sus consecuencias en las ciudades santafecinas frentistas a la gran extensión de islas de Victoria, y al poco tiempo, con total impunidad, a las propiedades frentistas a la capital entrerriana.
Desde el primer momento todas las miradas se posaron sobre el Gobierno entrerriano que el 29 de febrero dejó vencer la normativa vigente que impedía las quemas, y posteriormente, no aplicó los recursos para ejercer los controles, impidiendo que el desastre ambiental, o bien, ante las quemas, no sancionó administrativamente o judicializó aunque sea, denunciando los hechos.
Las sospechas de impunidad y protección por parte del Gobierno para los privados dueños de estas grandes extensiones de suelo que el Estado ha otorgado mediante permisos de uso o bien, ha comercializado irregularmente, adquirieron aún mayores certezas.
La trama de protección y fuertes hipótesis de connivencia entre los funcionarios provinciales y los dueños de estos terrenos, donde figuran ex legisladores, actuales, entre otras autoridades en funciones de la gestión de Gustavo Bordet, suma un nuevo capítulo.
Durante la semana pasada, desde distintas reparticiones de la Administración Tributaria de la Provincia hicieron llegar distintos sucesos que abonan a aquellas sospechas de protección por parte del Gobierno y dan cuenta de una bajada de línea univoca a todos los estamentos estatales respecto de los propietarios o tenedores de estas inconmensurables extensiones de tierra.
En varias de las áreas de ATER coincidieron: fue extremadamente llamativo la urgencia, nerviosismo y premura que le insertaba el director de catastro exclusivamente a los trámites que llegaban desde la secretaria de ambiente de la provincia.
Según relataron a este medio, fuentes internas de la Administradora, cada vez que llegaba alguna documentación de dicha repartición provincial y un pedido del ingeniero Martin Barbieri, un sentimiento de histeria se apoderaba del contador Carlos Duhalde.
Consultado por los más cercanos sobre su cambio drástico de humor, el contador, sostienen aquellas fuentes, indicaba que se trataba de pedidos y medidas de carácter urgente por “el plan de manejo del fuego”.
El mismo, según la información oficial, consiste en “un conjunto de acciones de coordinación, concertación y operatividad, conformadas con el propósito de prevenir y combatir los fuegos rurales y/o forestales. Su elaboración, implementación y contralor, en áreas naturales y forestales, son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Medio Ambiente.
Tiene “como meta la coordinación y planeación del conjunto de acciones que en la materia desarrollan los organismos gubernamentales, cuerpos de bomberos, productores, empresas, ONG’s y la totalidad de los actores involucrados”.
En la actualidad, y tras cuatro denuncias que tramitan unificadas en la Justicia Federal, una del Municipio de Rosario, otra de la Municipalidad de Arroyo Seco, otra de San Lorenzo y la última del Ministerio de ambiente de la Nación, la dirección de catastro de ATER se convirtió ciertamente en fundamental.
Para poder establecer quienes son los dueños y/o tenedores de las cientos de miles de hectáreas quemadas en la zona de Victoria, donde se inició este desastre ambiental, la Justicia Federal necesitó de los datos catastrales de la Provincia de Entre Ríos.
Fundamentalmente porque todos y cada uno de estos inmuebles están ubicados en la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos.
Esta información vital para establecer la responsabilidad de los privados fue motivo de quejas por parte de las autoridades santafecinas y del propio ministro nacional Juan Cabandié, todos estos percibieron la falta de compromiso del gobierno entrerriano por la demora en presentar los datos catastrales a la causa.
En un momento del trámite de la causa y cuando los rosarinos se encontraban en el punto máximo de indignación y afectación por el humo, ya que los gobiernos provinciales y nacionales habían suscripto un convenio haciéndose responsables de mayores controles y Entre Ríos no lo cumplió porque las quemas continuarán en dos oportunidades más, e Gobierno de Bordet demoraba la remisión de los datos catastrales.
Esta inacción, sumada a la ya visible ausencia total de controles, hizo pensar a los ciudadanos de cierta connivencia y protección de los impunes dueños que seguían quemando, así lo manifestaban en las redes sociales.
Los últimos movimientos inusuales en Catastro con los expedientes de los propietarios y/o tenedores incrementaron estas sospechas de connivencia, hablándose en la ATER de fuertes presiones desde ambiente de la provincia al director del área.
Las corridas y el nerviosismo cuando ingresa un expediente desde ambiente son notorias, generando varias preguntas sobre si los mismos estarán relacinados a la causa de la justicia federal para beneficiar a los propietarios o, lo que sería peor, si el Gobierno está ocultando a los verdaderos dueños para que no queden salpicados judicialmente.
No hay que olvidarse que varios son los ex legisladores e incluso actuales, como también funcionarios importantes del Estado entrerriano y empresarios de mucho poder que figuran como dueños, por sí mismo o a tardes de testaferros, de miles de hectáreas en la extensión denominada “Delta del Paraná”, los cuales, llamativamente, no figuran entre los imputados.
- 3
- Compartidas