Los ladrillos tradicionales se reemplazaron llamativamente por telgopor para abaratar los costos pero hubo un sobreprecio sobre el presupuesto inicial que no es el 10 ni el 20, es el 40%.
Por as obras en el complejo habitacional de 500 viviendas que se realizan en calle Juan Báez de la capital provincial, la empresa privada solicitó y recibió una redeterminación de 200 millones de pesos sobre el presupuesto.
El costo inicial era de unos 470 millones de pesos, de fondos del Plan Nacional de Vivienda, administrados por el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda de Entre Ríos.
La construcción está a cargo de la Unión Temporal de Empresas conformada por Cavalli SA y Szczech SA, que se adjudicaron la obra luego de que hubiera cambios en el pliego.
En un primer momento, la licitación estipulaba que las viviendas se construyeran con los materiales tradicionales: ladrillos, cemento, hormigón, y demás.
Sin embargo, el ingeniero y empresario de la construcción Miguel Marizza, dueño de la empresa Cavalli SA, junto con Szczech, al momento de presentarse como oferentes argumentaron que las condiciones estipuladas en el pliego eran inviables por los altos costos de las obras.
Por ese motivo, propusieron otro material, conocido como industrializado o prefabricado para la construcción de las viviendas, con el argumento de que bajarían los costos.
El modelo que se proponía era el mismo que se utilizó en las polémicas viviendas de San Benito y Colonia Avellaneda, financiadas por la Mutual Modelo, que fueron denunciadas por los adjudicatarios por las pésimas condiciones habitacionales.
Más allá de ese antecedente, según trascendió, el IAPV cambió las condiciones de los pliegos y los materiales estipulados, por lo que al momento de llamar a una nueva licitación, los únicos con la capacidad para cumplir los requisitos eran Cavalli y Szczech.
En definitiva, las obras habrían sido direccionadas para estas empresas, ya que ningún otro oferente podía cumplir con los requisitos.
Con la UTE conformada, a mediados del año pasado comenzaron las obras para construir las viviendas prefabricadas.
Sin embargo, según pudo conocer este Portal, a menos de un año, la empresa solicitó una redeterminación de precios, es decir, una readecuación del presupuesto, que significa 200 millones de pesos más.
El IAPV, conducido por el ex diputado provincial Marcelo Bisogni, accedió a cubrir ese costo, con lo que el presupuesto inicial de menos de 500 millones de pesos ya está cerca de los 700.
Con este nuevo costo, el IAPV pagará cada unidad habitacional alrededor de 1.400.000 pesos, suponiendo que no haya una nueva redeterminación antes de que se terminen las obras.
En el mercado minorista, de acuerdo con lo que consultó este Portal con empresas constructoras, el precio es mucho menor: oscila entre los 400 y los 500 mil pesos.
A pesar de ello, a nivel mayorista, el IAPV pagará cada una de las 500 viviendas 1.400.000 pesos, casi el triple.
Además, la calidad de las viviendas terminadas es mucho menor a una construida con los materiales tradicionales, ya que contienen mallas, telgopor, y otros más precarios que el ladrillo, y cuando se rajan son reparadas con pegamentos de silicona.
Por otra parte, requieren también de menos mano de obra, con lo que el IAPV, además, deja de ser un generador de fuentes de empleo, una de las bases de la obra pública.
Más allá de eso, lo llamativo es la redeterminación de los costos. Aunque el argumento de los privados para adjudicarse la obra era que su propuesta era más accesible que los materiales tradicionales, antes de terminar las obras ya pidieron una readecuación del presupuesto.
Este mes, un ex funcionario de Chubut acusado de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, admitió los delitos y acordó con la Justicia devolver lo obtenido ilegalmente con bienes valuados en 70 millones de pesos, como una manera de evitar ir preso.
Se trata de Gonzalo Carpintero Paterson, ex secretario privado del fallecido gobernador chubutense Mario Das Neves, quien estuvo detenido mientras se investigaba su connivencia con empresarios privados en la adjudicación y sobreprecios en la obra pública.
El direccionamiento de licitaciones y las redeterminaciones de precios son el más claro ejemplo de la corrupción que se da con la obra pública, mediante negociados millonarios entre privados y funcionarios, que termina pagando el Estado.
En el caso de las 500 viviendas del IAPV se desconoce por qué se pidió y aprobó una redeterminación en momentos de congelamiento de precios y a menos de un año de comenzadas las obras.
Se trata de una licitación que fue otorgada a un oferente que propuso materiales que en teoría le ahorrarían dinero al Estado, pero que ya cuestan un 40% más, llamativamente.
4 comentarios
Con los nombres d las empresas ya basta..sobreprecios y negociados con coi.as..siwmpre las mismas empresas
Los residuos cloacales de estás casas, más las 600 de calle Espejo, donde van
Me hace acordar al gobierno de Reviglio en Santa Fe. Apenas asumieron, buscaron una forma rápida de hacer caja “para la política”. Lo más efectivo e inmediato, fue convocar a las empresas proveedoras del estado, y ofrecerles el reconocimiento de mayores costos “vamo y vamo”. La campaña tuvo gran éxito, lo que se ve que ha inspirado a nuestros gobernantes.
Es fácil , una auditoría seria y no se escapa nada.Usted sabe Ricardo que se puede hacer.