En plena pandemia, con colapso sanitario, transitando el segundo mes de ajuste, con privados en las calles protestando para que les permitan trabajar, se habilita una descomunal cifra de fondos públicos para un área que desde el día 0 del ASPO no cumplió funciones.
Otro muy llamativo decreto otorgado por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otra vez el despilfarro innecesario de recursos estatales que escasean y que deberían estar destinados a combatir el COVID 1, la hambruna de la población y concomitantemente la falta de recursos de aquellos que el propio Estado no les permite trabajar.
En plena pandemia, con colapso sanitario principalmente en Paraná, transitando el segundo mes de ajuste hacia el sector público y con privados en las calles protestando porque no pueden proveerse su propio sustento, las máximas autoridades entrerrianas, en su gran mayoría aislados con diagnostico positivo, otorgan una ampliación presupuestaria a un organismo completamente operativo.
Se trata del Consejo de la Magistratura de la Provincia, el cual, desde el momento 0 del ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio), básicamente no trabaja, esto es, no ejerce ninguna de las funciones propias atribuidas legalmente al mismo.
Este beneficio exclusivo para el área se otorgó mediante el Decreto 707 suscripto por el gobernador publicado el pasado lunes 30 de agosto en el Boletín Oficial, y, como viene sucediendo en el gobierno, figura en fecha de suscripción antedatada, vale decir, de varios meses atrás, aunque igualmente comprensible de la no operatividad del organismo.
Ubicado en calle Alameda de la Federación, frente a una de las escuetas publicas más importantes y reconocidas de la ciudad (Centenario), el organismo viene siendo objeto de grandes críticas por parte de los vecinos de la zona.
Y es que, indican, desde que comenzó la cuarentena y durante todos estos meses al inmueble solo suelen ver ingresar a no más de dos empleadas, es decir, al jefe aun no lo han visto aparecer por su oficina.
Podría decirse que la ausencia de sus propios funcionarios en el Consejo justamente surge que desde marzo se encuentra inoperativo, es decir, sin posibilidades de realizar su función propia, esto es, llamar a concurso, evaluar y determinar todo lo atiente a esta forma –inusual- de ingresar a importantes cargos.
Mas allá de esto, lo cierto es que dúrate el ASPO, según los residentes en la zona, como también de profesionales han querido interiorizarse en el funcionamiento del organismo, ha sido notoria su ociosidad.
De ingresar a la página web del organismo (https://www.entrerios.gov.ar/magistratura), surge que a última noticia de un concurso desarrollado fue en fecha 02/03/2020, la información más reciente son exclusivamente sobre la dispensa de concurrir a los puesto en la administración publica, disposición que comprende al Consejo.
Es más, como se ve en la captura de pantalla, no existe un solo llamado en este periodo.
Justamente esta inactividad es lo que fundamenta lo sumamente llamativo, que lógicamente genera indignación y malestar en los ciudadanos, de la ampliación presupuestaria.
Para colmo de males, según surge del propio decreto, no se especifica, ni siquiera se menciona, la justificación de este incremento descomunal de recursos.
Se tratan de tres millones doscientos once mil quinientos sesenta ($ 3.211.560) de pesos, de fondos públicos, que, en el estado actual de la situación sanitaria y/o alimentaria y/o laboral en que se encuentra la totalidad de las localidades entrerrianas, aunque fundamentalmente la capital, podrían destinarse –deberían- a combatir estos flagelos o bien a fortalecer dichas áreas.
Indudablemente dichas materias no son ninguna prioridad del Gobierno Provincial que elige destinar los fondos públicos que escasean, a pesar del ajuste, a un organismo al que, salvo dos empleadas, no va nadie a trabajar, y lo que es peor, que desde marzo no tiene actividad.
3 comentarios
Una verdadera vergüenza!! Recordarlo…
Delincuentes!!! HDP!!!
Se cagan en todos y todas