Derecho de admisión contra los funcionarios, el protocolo que se baraja en las redes ante la reapertura de bares, restaurantes y gimnasios

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Restringir, generar caos en el sector privado que si no trabaja, hambrea, para luego habilitar buscando su agradecimiento hacia las autoridades provinciales que “le permiten” trabajar y en el medio la excusa de bajar los casos que lejos están de mermar, un sistema perverso.

 La idea no es nueva sino que tuvo un gran éxito en el sur del país, Bariloche, otra de las ciudades gran afectada por la pandemia, con una importante cantidad de casos reportados, la aplicó.

Fue en una cafetería, su dueño, indignado, con mucha bronca con la dirigencia institucional, por las idas y vueltas con restricciones y habilitaciones, como también con el malestar colectivo existe con los descomunales sueldos que perciben, se decidió por aplicar el derecho de admisión exclusivamente contra los funcionarios.

En la capital entrerriana el descontento popular con el funcionariado sube al mismo nivel o más que los números de contagios, con el agravante de que existen pruebas concretas de que los impuestos provinciales que actualmente cuestan en demasía afrontar por parte de los contribuyentes, no se ven aplicados a los destinos prioritarios, la salud pública y la seguridad.

Aun no se ha podido estimar a ciencia cierta qué cantidad de pobres  existen como consecuencia de la pandemia, pero no hay que ser un experto para determinar que una gran porcentaje de los casi 400 mil paranaenses es pobre según las últimas previsiones del INDEC.

Esta realidad de carencias, aún más visibles en aquellas personas que se dedican a la actividad privada, paralizada desde marzo, es completamente diferente a la de los funcionarios, sobre todo aquellos provinciales.

Sin ningún tipo de dudas, hay una solo clase social que en este tiempo, a pesar de la situación económica del resto de la provincia y principalmente en la capital, es millonaria, los nuevos ricos, la clase política.

Con sueldos que no bajan de 100 mil pesos, esto para los cargos políticos más rasos, y otros, los más “top”, por calificarles de alguna manera, que trepan hasta 700 mil pesos mensuales, y hasta jubilaciones de privilegio con dicho monto, viven una vida diametralmente diferente que el resto de la ciudad.

Estas son las cuestiones que marcan tendencia en las redes, en todas, incluso las de mensajería instantánea.

Cada vez que se habla del colapso sanitario, los ciudadanos, que pagan altos impuestos para que esto no ocurra, para que sus profesionales de salud tengan buenos sueldos, para que a ninguno le falte su EPP diario, para hayan respiradores, camas de UTI, y demás herramientas para que batallar el COVID, ponen en el centro de discusión los miles de pesos mensuales que perciben los funcionarios que por cierto, en su gran mayoría, están exentos de concurrir a sus oficinas.

Sin dudas entre los más cuestionados, y aquí no hay distinción de banderas políticas, están los legisladores, con sueldos de 360 mil pesos y distintos rangos de contratos a su favor que oscilan entre los 400 mil y el millón de pesos mensuales de plus, mas viáticos, alquiler de sus residencias, gastos de representación, entre otros emolumentos.

Si hasta el internet y los celulares de alta gama (todos de la marca de la manzanita) que usan les pagan los entrerrianos para que sesionen, en lo que va del año, no más de 5 veces.

De ahí el malestar de los ciudadanos, aunque, en los últimos días más notorio en los rubros de bares, restaurantes, gimnasios, hoteleros.

El Gobierno Provincial, como único responsable de proveer un sistema sanitario no del primer nivel, sino mínimamente básico, y de contrarrestar las consecuencias económicas, en estos casi 6 meses de pandemia ha demostrado su total incapacidad – o más bien inutilidad- y también la desidia.

Las únicas medidas adoptadas, han sido recurrir al facilismo de restringir, limitar,  y claro, es un simple decreto, en la decisión no se genera ningún gasto para el Gobierno más que del papel y la impresión del documento.

14 días de restricciones, por 14 días de habilitaciones, es la constante del Gobierno que conduce Gustavo Bordet para enfrentar la pandemia, un sistema cíclico adoptado, pergeñado pareciera intencionalmente para que los ciudadanos luego, con la rehabilitaciones, le agradezcan por permitirle salir a las calles.

La falta de medidas es de tal magnitud que hoy los entrerrianos parecemos contentarnos simplemente con que se nos deje dar una vuelta en el parque o sentarnos en un bar o café.

La lectura no puede ser otra que la intencionalidad por parte del Gobierno de limitarse solo a restringir y luego rehabilitar justamente para mantener a los ciudadanos “agradecidos”, aunque hambreados, sin proyecciones económicas, sin trabajar y, lo que es peor, sin mermar en nada la insaciabilidad de recaudar mediante impuestos o de reducir salarios con ajustes.

Recaudar para seguir designando funcionarios y mejorar las condiciones de esta casa de nuevos ricos, mientas se mantiene a la población alejada de las calles sin invertir un solo peso en salud.

Esta es la idea colectiva que se empezó a percibir en las redes sociales, y son justamente los más afectados en estos vaivenes cíclicos implementados por el gobierno provincial con el objetivo de restringir para rehabilitar quienes por estas horas se encuentran barajando algunas estrategias para mostrar su bronca e indignación.

Ya hubieron protestas autoconvocadas, movilizaciones con caravanas hacia la Casa de Gobierno e incluso en las puertas de una de las mansiones que posee Bordet en Paraná, ahora se prevé un redoble de medidas contra los funcionarios provinciales.

La idea de Bariloche, esto es aplicar derecho de admisión a funcionarios y funcionarias en bares, restaurantes, cafés, gimnasios ya se habla en los grupos gastronómicos y afines como una posibilidad concreta en la capital entrerriana.

Más aun en ciertos locales donde, incluso cuando les permitieron trabajar, se les aparecieron algunos funcionarios inescrupulosos a solicitar alguna prestación económica ilícita, previo invento de incumplimientos de protocolos.

Este Portal ha constatado varios casos, todos relatados por sus propios dueños que no se animaron a denunciar ante la Justicia por el temor de que no los dejen trabajar NUNCA más.

Lamentablemente esta es la realidad entrerriana, mas allá de que los ejemplos concretos sean de Paraná, como caja de resonancia de toda la Provincia, los casos se replican en varias localidades.

 

Mientras tanto el Gobierno juega con la necesidad del trabajo con un sistema perverso de restricciones semanales y rehabilitaciones posteriores, no claro esta para evitar los contagios, sino para que sus ciudadanos se contenten simplemente con poder salir muy brevemente de sus casas.

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4 comentarios

Susana 13 septiembre, 2020 at 12:25 pm

Qué lindo va a ser ver a Paraná libre de todos los millonarios funcionarios, hasta en los kioskos y despensas deberían aplicar la medida, a ver si devuelven un poco de lo que se han llevado del pueblo

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Mario 13 septiembre, 2020 at 12:32 pm

En los gym no van a tener ningún problema, está claro por LAS PROMINENTES PANZAS, pero lo de los bares les va a doler a varios, me lo imagino al diputado pelado bocha desesperado por no poder ir a la esquina de alameda y cordoba, se muere, le cortan las piernas

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FabianR 13 septiembre, 2020 at 12:34 pm

El “one”, mas conocido como “oloravinus” no creo que se haga mucho drama, me dicen que tiene un arsenal entre whisky y vino en la mansión del acceso

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DESILUCIONADO 13 septiembre, 2020 at 3:45 pm

QUE BUENA IDEA, QUE AHORA SEAN ELLOS LOS QUE SE QUEDEN EN SUS CASAS XQ NO SON BIENVENIDOS EN NINGUN LADO

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