Los acuerdos entre el organismo investigado por el hecho de corrupción más grande de la Provincia con la propia Justicia

Se desconoce, porque no quieren informarlo, quienes son los que se llevan la mayor cantidad de fondos públicos, tampoco quienes estuvieron detrás de la recaudación, sin embargo, el Poder que debe investigarlos se muestra completamente cercano.

La mega causa denominado mediáticamente “contratos truchos” es, sin lugar a dudas, el escándalo de corrupción de mayor magnitud que se ha suscitado en historia de la Provincia de Entre Ríos.

Por el modus operandi, la cifra inicial que se presume como daño al erario, 2 mil millones de pesos y por el peso político de las personas que se esconden detrás de las maniobras.

El legajo inicio allá por septiembre del 2018 con la detención de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo, los denominados “tarjeteros”, cuando fueron encontrados por personal policial en el cajero de calle Asina de la capital entrerriana con una infinidad de tarjetas de debido en su poder extrayendo dinero.

Según los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, fueron $2.000 millones sustraídos a lo largo de una década, entre 2008 y 2018, aunque la cifra aún no ha sido establecida con certeza.

En el ojo de todas las miradas quedó la Legislatura Provincial, y es que dicha descomunal suma, en ese largo periodo de tiempo, fue sustraída de sus presupuestos mediante la suscripción de contratos.

Tras las detenciones, vinieron las imputaciones, encontrándose en la nómina personas de gran influencia en el poder político de la provincia, aunque, desde este momento a la actualidad, la sensación colectiva es que ninguno de los funcionarios mencionados, más allá de la responsabilidad personal, no constituyen el eslabón final de la multimillonaria recaudación de este defalco monumental.

Para colmo de males, ni el senado, ni la cámara de diputados, quiere identificar quienes son las personas que aprecian en las contrataciones irregulares, menos aún quienes son los contratados actualmente.

Es más, a fines de este año, un ciudadano de Paraná, presentó dos accesos a la información pública con destino al presidente de la cámara baja, Ángel Giano y la presidenta de la baja, Laura Stratta, ninguno de los dos quiso dar a conocer los nombres de los contratados, tampoco los montos asignados a cada uno de los legisladores de los respectivos cuerpos.

A pesar de esta mega causa judicial que involucra las contrataciones, y el sentir colectivo dando cuenta de que se trata de la causa más grande de corrupción de la historia de la provincia, con el agravante de que, en plena pandemia y con una crisis económica sin parangón, aquel defalco millonario debía estar destinado a las materias prioritarias, no a engrosar los bolsillos de unos pocos.

Frente a esta situación, desde hace algunos días a la sociedad la invade un fuerte hartazgo hacia la dirigencia política e institucional de la provincia, el gravísimo hecho generó la condena pública.

La Justicia no escapa del hastío social, ya que, ante la corrupción, que tanto daño le hace erario público, la mayoría de los jueces y fiscales provinciales, no solo miran para otro lado, sino que –aun peor- acuerda beneficios para evitar que el funcionario o funcionaria este donde debe estar, en la unidad penal.

Mediante el habitual recurso a la pena condicional, la devolución de sumas de dinero, ínfimas si se tiene en cuenta la cantidad de dinero que sustrajeron, o más grave, aletargan por años las investigaciones o procesos para evitar incluso un juicio.

Lo que se está sintiendo en la actualidad, que recorre las redes sociales y los pasillos de instituciones públicas y privadas, si se analiza el contexto, nunca se vio en la provincia.

Verdaderamente la repulsión social es notoria hacia la Justicia, y la génesis no es otra que los últimos movimientos de su cúpula.

Los jefes judiciales en encuentros con aquellos que, por ostentar un cargo público, son objeto de investigaciones penales por causas de corrupción ya sea en el puesto actual o en otro anterior al que accedieron.

En las últimas horas, nuevas muestras de esta concluyente falta total de independencia, con firma de acuerdos de colaboración con instituciones que actualmente está siendo investigadas por lo que más arriba se calificó como “escándalo histórico de la provincia”, los contratos truchos en la legislatura.

Fotos, acuerdos, codazos o puños, mostrando una gran afinidad y cercanía entre aquellos miembros del Poder Legislativo que están siendo investigados y que se han llegado a informar quienes son sus contratados, junto con aquellos miembros del Poder Judicial que deben estar investigando y que, en un futuro, deberán juzgarlos.

Respecto a la independencia, no se trata solo de serlo, sino también de parecerlo.

4 comentarios

UN EMPLEADO 24 septiembre, 2020 at 8:44 pm

SU HUBIERA JUSTICIA,NO HABRÍA CORRUPCIÓN, TODA LA CULPABLE DE QUE LOS POLITICOS NOS ROBEN DE LA MANERA QUE LO HACEN, ES POR CULPA DE LA JUSTICIA QUE LO PERMITE

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Súper héroe sin capa 25 septiembre, 2020 at 12:42 am

Todos cortados con la misma tijera.

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ARTO DE LOS POLITICOS 25 septiembre, 2020 at 10:29 am

Hablan de millones de pesos que faltan y a ningun politico se le cae la cara de vergüenza… son sin dudarlo unos sinvergüenzas todos

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Maria cristina 25 septiembre, 2020 at 11:38 pm

Lamentable el nivel de los politicos y de la justicia

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