Una millonaria licitación pública, que no se quiere precisar el monto, abona las sospechas de una intromisión indebida, robo de datos sensibles exigiendo dinero para recuperarlo, una modalidad delictiva en auge.
El aislamiento producto de la pandemia ha convertido en esencial el uso de internet, el trabajo, la escuela, los cursados universitarios, incluso ciertas prácticas deportivas se desarrollan a través de la web.
La utilización masiva de los sistemas informáticos ha hecho proliferar, lógicamente, la comisión de delitos mediante esta novedosa modalidad delictiva, el cibercrimen.
Cada vez existen más avances tecnológicos, y, consecuentemente, van apareciendo nuevas formas de cometer delitos, y, nuevos delitos.
En otras palabras, existen nuevos ilícitos, y existen los que ya conocíamos pero cometidos a través de la informática, el mundo digital, así como se ha adoptado por ejemplo para trabajar, también es usado por la delincuencia.
En esta oportunidad este PORTAL trae a exposición una fuerte versión proveniente de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos, organismo trascendental para la recaudación de recursos que luego conformara el haber del Estado.
Fuentes internas revelaron al medio las extremas sospechas de que el organismo fue víctima de un ciberataque, vale decir, que internautas ingresaron indebidamente al sistema informático, para hacerse de una gran cantidad de archivos y datos –aparentemente de contribuyentes-.
La modalidad puntual no culmina allí, al menos en las habituales comisiones de este tipo de delitos, sino que, luego de la apropiación de datos –que generalmente incluye personales y patrimoniales- , los ciberdelincuentes proceden a extorsionar a la víctima para que, previo intercambio de dinero, recupere lo extraído.
La fuerte versión, puertas adentro de ATER, es que las autoridades del organismo tributario también fueron extorsionadas.
Hasta aquí existe un organismo estatal víctima de un delito, grave de por sí, pero aun mayor es la gravedad con lo que le sigue a la fuerte versión interna.
Y es que a pesar de que se trataría de un daño informática y una extorsión, las autoridades de la ATER no quieren denunciar el hecho a la Justicia.
Vale decir, según la hipótesis que se baraja, ante el temor de no recuperar los archivos con información sensible, accedieron a la extorsión de los ciberdelincuentes, la cual indican es multimillonaria.
A lo mejor a los lectores le sorprenderá que este hecho ocurra en Paraná, lo cierto es que son varios los organismos e institucionales que han sufrido este tupo de ataques y no lo han denunciado, vale decir, optan por desembolsar las cuantiosas cifras que le exigen.
Varios de estas instituciones privadas que guardan relación con las profesiones liberales.
A nivel nacional tenemos un caso reciente que afectó a la Dirección Nacional de Migraciones, aunque, contrariamente a la versión de ATER, el organismo nacional denunció el hecho ante la Justicia, no accedió al chantaje.
De confirmarse tanto el ataque como la no intención de denunciar por parte de las autoridades, la cuestión se convertiría en aun de mayor dimensión pro su gravedad, ya que los funcionarios públicos están obligados a exponer los hechos delictivos ante la fiscalía al momento de anoticiarse.
Les advertíamos a los lectores que se trata de una versión, si bien fuerte, pero versión al fin, aunque un acto administrativo proveniente del propio seno de la ATER abona ciertamente la hipótesis.
Llamó la atención a los propios una nueva licitación pública en el organismo para contratar un “Servicio de acceso permanente a Internet con direcciones IP públicas fijas asignadas y servicio de detección y mitigación de ataques de denegación de servicio distribuido”.
Esta última expresión “…servicio de detección y mitigación de ataques de denegación de servicio distribuido”, está estrictamente relacionada con los ciberataques, en la modalidad como la que circula dentro de la administradora y que sus autoridades no estarían dispuestos a denunciar.
Lo curioso de la licitación, asimismo, es que si bien se sabe que es publica y conforme a los nuevos valores tiene de piso la suma de un millón ochocientos, se desconoce, porque no se expresa ni en el pliego de Condiciones Generales, ni Particulares ni tampoco en técnicas, que monto destinará la ATER para la contratación.
Lo que se prevé es que es excesivamente descomunal, motivando el ocultamiento de la cifra precisa.
Una contratación que abona a la hipótesis de un ataque al sistema informático, con sustracción de datos sensibles del mismo, y un intercambio de divisas para recuperar los mismos, que las autoridades, según indican, no quieren denunciar ante el organismo fiscal.
