La orden del gobernador, ejecutada por Scarione, es seguir postergando a los jubilados y pensionados entrerrianos, los cuales, según se prevé, incluso no podrán llegar con vida a percibir los haberes que les adeuda el Gobierno, vergonzoso.
El 30 de noviembre de 1973, cuando hacía apenas un mes que había asumido la presidencia de la Nación por tercera vez, el general Juan D. Perón cerró la “Semana Nacional de Seguridad Social” en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con un discurso que se transformó en una verdadera cátedra sobre la previsión social.
El eje de su discurso estuvo centrado en los derechos de la ancianidad, en los pasivos, en la necesidad de que sea el Estado quien los proteja.
“…que en la comunidad nadie quedara abandonado a su propia suerte y que un sentido de solidaridad social permitiera que todos los hombres que trabajaban para la grandeza del país, pudieran en un momento de infortunio, tener cubiertos los riesgos para poder seguir viviendo dentro de un margen de felicidad y tranquilidad que es consustancial a la vida humana”, sostenía el líder del peronismo.
Este miércoles se cumple el 125 aniversario del nacimiento de Perón y, la realidad en la provincia, que es conducida por quien dice ser peronista, se producen hechos completamente contradictorios a los postulados de protección de los jubilados y pensionados.
Primero fue un ajuste, también en un día peronista, el día de su fallecimiento, los diputados provinciales de sus filas, aprobaban la ley de emergencia por la cual, sencillamente, se le mete la mano en los bolsillos a los pasivos.
Mucho se ha discutido al respecto, los diputados justicialistas salieron a justificarse sosteniendo que se trataban de haberes de los que más tienen y que debían ser solidarios con los que no tienen.
El replique a los discursos es bastante sencillo, primeramente, porque no eran sino aquellos que perciben mensualmente 360 mil pesos mensuales nominales más 1 millón algunos, otros 800 mil o 400 mil también mensuales en contratos, , actualmente por levantar la mano a través de la pantalla de sus costosas computadoras, quienes hablaban de los que menos tienen, asimismo, no existe solidaridad cuando es impuesta, y tercero, lo que ningún legislador aun ha dicho, es que se estaba embistiendo, en su gran mayoría, sobre haberes a los que se accedió en base de 30 años de aportes en la actividad.
La ley fue de autoría del gobernador Gustavo Bordet, el único mandatario perteneciente al PJ que, en el contexto actual, decidía ajustar.
Este miércoles –ya es una costumbre del mandatario la implementación de medidas muy contrarias a los postulados justicialistas en fechas conmemorativas del partido- Bordet dio a conocer un nuevo acto de embestida contra el sector pasivos de la provincia.
Lo hizo a través de Edgardo Scarione, el flamante presidente de la Caja de Jubilaciones tras la salida y por escándalo de corrupción protagonizado por Daniel Elías por la causa de “los zombies que cobran”.
Dado a conocer este miércoles en el Boletín Oficial, aunque este tiene fecha del pasado martes, Scarione suscribió la Resolución Nº 003784, la cual, indican los expertos, no solo generara polémica, sino también, prevén, medidas judiciales.
En la normativa se dispone “…la creación del Código “Pago de Liquidaciones Judiciales”, el que se incorporará en el Recibo de Haberes del Beneficiario al que se le debe reconocer pagos originados en la vía judicial con Sentencia Firme y Liquidación Aprobada”.
Esto es, un nuevo ítem que figurara en los recibos de haberes de aquellos pasivos que hayan judicializado y obtenido sentencia favorable por no percepción, descuentos indebidos e, incluso, las acciones por la ley de ajuste.
Sobre este último punto, da la sensación que el Gobierno se prepara para una fuerte embestida de jubilados y/o pensionados, desplegando una estrategia contundente para esperar lo mejor parado posible el momento en que deberán desembolsar los fondos públicos por las deudas que mantiene con sus propios pasivos.
Hasta ahí, no habría mayores cuestionamientos, la polémica y gran malestar que seguramente generara la medida en los esquilmados ancianos que, parafraseando a Perón, “trabajaron por la grandeza de la Provincia”, lo constituye el artículo 2 de la resolución que Bordet le pidió a Scarione.
En dicho artículo se prevé el pago, de aquellos haberes que el Gobierno les debe y que fuera condenado por la Justicia, en cómodas cuotas, el número de estas depende de la cantidad de salarios adeudados.
Hasta 10 haberes mínimos garantizados (HMG), el cual está fijado en 18.128,85 míseros pesos, se cancela en un pago.
Un tramo superior a 10 HMG hasta 35 HMG se cancelara en tres cuotas mensuales y consecutivas.
Si supera los 35 HMG hasta 70 HMG se cancelara en siete cuotas mensuales y consecutivas.
De 70 HMG hasta 140 HMG se cancelara en 14 cuotas mensuales y consecutivas
Y, para aquellas deudas con condena firme que superen los 140 HMG se cancelara en 20 cuotas mensuales y consecutivas.
El interés que fija la resolución es el aplicable a la Tasa Activa del Banco Nación (TABN), cuando supere las tres cuotas consecutivas.
Sobre esta ultimo cuestión, habría que observar cual es el interés que aplica la sentencia, si difiere de tasa, la resolución de Scarione difícilmente podrá cumplirse, entre sentencia y resolución, gana la primera.
Lo más polémico sin dudas lo representa el pago en 20 cuotas, ya que existen pasivos con condenas favorables de edad muy avanzada que, se prevé, podrían no llegar con vida a percibir lo que le adeuda el Estado Provincial.
2 comentarios
Lo tuyo bordet, es cada día más lamentable.
Andate ya
Scarione cómplice del tick tockero del nordelta.
Hay muchos empleados cómplices de los muertos que cobraban. Averigüen