Vialidad: Alicia Benitez a punto de ser condenada por la causa Mercosur, nuevamente en la mira.

Imputada en uno de los hechos de corrupción más resonante en la provincia, junto a Urribarri ya condenado y a varios empresarios, sabe que antes de fin de año tambien la van a condenar, con semejantes antecedentes no solamente sigue en el cargo, sino que les pagaría en forma dudosa más de dos mil millones de pesos a empresas vinculadas a la causa de los cuadernos.

En  2015 se terminaron en Entre Ríos diversas obras viales que fueron financiadas con fondos provistos por Nación, pero las certificaciones de obra fueron pagadas fuera de término. Este descuido habría sido de manera INTENCIONAL para que el Estado desembolse una cargadísima compensación y haya una máxima ganancia entre quienes participaron de esta maniobra.

Para que esta apuesta tenga un final feliz, muchos actores se tuvieron que poner de acuerdo y así lograr que el pago se demore lo más posible, y aumentar de manera sideral la suma final a percibir. Por un lado, están las empresas que ejecutaron las obras y sus abogados, y por el otro, los abogados viales y la conducción de la Dirección Provincial de Vialidad.

Este dinero que sería obtenido de manera fraudulenta tendria como principal objetivo financiar campañas electorales. Quien estaba al frente del Ejecutivo provincial y que en ese momento se encontraba recolectando fondos para saciar sus aspiraciones presidenciales sin importar los medios, era Sergio Urribarri, hoy condenado por hechos similares. Además, otra GRAN beneficiada sería Alicia Benitez de Feltes, titular de Vialidad, quien prontamente será también condenada por la causa MERCORSUR, y que este año le sacarán la jubilación, porque ya le avisaron que correrá la misma suerte que el ex gobernador, aunque se buscaría que sea por menos años para evitar cumplir una condena con cárcel. Ella y su gente se beneficiaron de manera sustancial con estos arreglos entre las empresas y funcionarios del Estado.

Quienes debían controlar simplemente hicieron como que estaban mirando con atención, pero hacia otro lado. En danza, una suma que rondaría los DOS MIL MILLONES DE PESOS. Semejante dineral parece que no era suficiente para despabilar al Tribunal de Cuentas que no actuó. Las negociaciones de pago por parte de la DPV están a cargo de Teodoro Gorelik, un abogado que tiene su residencia en Victoria y que todos los días viaja hasta su oficina en Paraná. Perderá mucho tiempo viajando diariamente que no impulsó ninguna investigación para averiguar la demora sistemática y repetida en los pagos.

Las empresas que se prestan a este juego corrupto son de nombre conocido, como Lossi de Paraná, o Pietroboni de Concepción del Uruguay. Este tipo de operación, según fuentes del organismo, se realizan en connivencia o por iniciativa de algún funcionario público que se lleva la mayor parte del dinero obtenido, dejándole a estas empresas una décima parte, pero le aseguran seguir siendo asiduos prestadores del Estado. Cobran por la obra, con un atraso acordado, más un porcentaje extra, y además se aseguran ser favorecidas en futuras licitaciones.

Por su parte, la Dirección Provincial de Vialidad, monta un «acting» donde plantea la prescripción de los casos, pero esto jamás progresa, y las empresas judicialmente siempre ganan y logran los cobros. Todo está planificado desde el principio, desde que se otorga la obra a las empresas, y todos los directivos de la Dirección Provincial de Vialidad están al tanto y apuestan a cómo será el final, y si de apostar se trata, también el Ministro de Planificación sabe lo que se realiza de manera metódica en una dependencia que debería controlar, y deja que esto se suceda, evidenciando complicidad.

Son miles de millones los que desfilan hacia las cajas de los políticos y funcionarios, para fines personales y electorales, son muchos los implicados, según comentan hay una clara asociación ilícita con los empresarios de la construcción que realizaron estas obras y se aseguran el beneficio de los pagos engrosados, y, además, más licitaciones. Y nada de esto sucedería si los entes controladores del Estado realizaran su tarea, por lo que esta conspiración abarcaría a las autoridades de Vialidad, del Ministerio de Planeamiento del cual depende, y el Tribunal de Cuentas.