El Gobierno obliga a las prepagas a recalcular los precios desde diciembre pasado

Una norma de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dispone que las compañías vuelvan a hacer los cálculos teniendo en cuenta la inflación

El Gobierno dispuso dar marcha atrás parcial con los aumentos en la medicina prepaga y obligar a las empresas a recalcular los valores desde diciembre pasado. Esto aplicará para un grupo de compañías que representan al 75% de los afiliados, según sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

A partir de ahora, según las disposiciones oficiales, las empresas deberán ajustar sus precios según la inflación.

Se trata de una decisión tomada en conjunto entre la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud.

En la práctica, el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne —a instancias de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)—, resolvió dictar una medida de tutela anticipada que ordena a un conjunto de empresas reajustar los valores de las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.

La fórmula dispuesta por el Gobierno marca una intervención oficial en el mercado que no se había visto hasta ahora en la gestión de Javier Milei. El argumento para tomar esa decisión es que existe “un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”.

Voceros de las prepagas advirtieron que retrotraer precios podría provocar “un colapso grave del sistema”, ya que el dinero que ingresó por los incrementos de 2024, se usó. “Esa plata no está, se usó para cubrir insumos, salarios y prestaciones”, resumió un representante de las empresas.

Además, en las últimas horas la renuncia de Claudio Belocopitt a la conducción de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a las empresas de medicina privada, también sacudió el tablero de esta negociación. El ahora expresidente de la UAS habló de sí mismo como un posible obstáculo para conseguir soluciones superadoras en la puja por los precios. Pese a eso, el Gobierno no alteró su estrategia judicial contra las prepagas.

El tope de actualización según inflación regirá, en principio, por seis meses. “Entra en vigencia de inmediato”, informa la Secretaría de Comercio. En paralelo, las prepagas pueden presentar apelaciones pero, tal como indicó el Gobierno, no impedirá la implementación de esta disposición.

En lo que va del año, distintos particulares presentaron cautelares para frenar los aumentos. En ningún caso el Gobierno fue quien accionó dicha vía judicial. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre hasta cuándo buscarán retrotraer las cuotas: enero, o febrero.

Según los números del Gobierno, las prepagas habrían incurrido en una “conducta abusiva coordinada”. El Ejecutivo sostiene que registró subas entre enero y abril que oscilan entre 142,7% y 163,9%. Al desagregar esa información, se observa que en enero las variaciones en las cuotas de esas cinco empresas habrían fluctuado entre 39,8% y 44%; entre 27,5% y 29,4% en febrero; en marzo, entre 19% y 22,9% y en abril, entre 14% y 18,9%.

Las personas investigadas por la CNDC, que depende de la Secretaría de Comercio e Industria, y alcanzadas por la medida son:

  • Galeno Argentina S.A.
  • Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil
  • Hospital Alemán Asociación Civil
  • Medifé Asociación Civil
  • Swiss Medical S.A.
  • Omint S.A. de Servicios
  • OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios
  • La Unión Argentina de Salud (UAS), la confederación que las agrupa
  • y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y del entonces presidente de la UAS.

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