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La nueva normativa impone una declaración jurada y una «matriz de evaluación objetiva» que despierta dudas en el ámbito periodístico.
Según lo dispuesto, los criterios de evaluación serán más exigentes, aunque no se especificaron cuáles serán los parámetros concretos de esa “matriz objetiva”. Esto genera preocupación en sectores del periodismo que advierten sobre posibles filtrados arbitrarios o discrecionales en el acceso a la información oficial.
Además, la normativa redefine el aforo permitido en espacios como la sala de conferencias de prensa y la sala “Decano Roberto Di Sandro”, con el objetivo —según explicaron desde el Ejecutivo— de evitar aglomeraciones, optimizar la seguridad y garantizar el normal desarrollo de las actividades gubernamentales. Serán permitidos 25 periodistas en la sala de prensa y 36 en la de conferencias.
Asimismo, el Gobierno emitió advertencias sobre el correcto trato entre colegas, quienes podrían ser expulsados y revocada su acreditación en caso de no comportarse de manera respetuosa con sus colegas o con los funcionarios. Se exigirá también un código de vestimenta «formal».
Críticas, dudas y falta de transparencia en los criterios
El Gobierno sostiene que esta actualización normativa busca “garantizar el acceso a la información pública de forma objetiva, plural y transparente”. Sin embargo, no se aclara si habrá instancias de apelación para aquellos periodistas o medios cuyas solicitudes sean rechazadas, ni qué ponderaciones aplicará la matriz de evaluación.
Desde organizaciones que nuclean a trabajadores de prensa y medios de comunicación, ya se advierten interrogantes sobre la discrecionalidad que puede implicar esta nueva política de acceso, en un contexto donde la libertad de expresión y el derecho a la información siguen siendo puntos sensibles en la agenda pública.
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