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El contador Héctor Enrique, perito oficial del Ministerio Público Fiscal, confirmó ante el juez Pablo Zoff, que lo citó en tribunales el jueves pasado, que los ingresos declarados por el ex-legislador José Ángel Allende y su familia son insuficientes para explicar la adquisición de numerosas propiedades y vehículos. La familia se abstuvo de declarar y todos serían procesados. El frío cálculo del perito contable revela que no hubo magia en el paso de la austeridad a la opulencia de los Allende, sino que el truco está en maniobras ilícitas. Las conclusiones de Enrique no hacen más que corroborar las CONFESIONES de culpabilidad del propio Allende en 2016 y 2020.
La situación judicial del ex-diputado y dirigente sindical José Ángel Allende se ha complicado significativamente tras la declaración testimonial del perito contador oficial, Héctor Enrique. Ante el juez de Garantías Pablo Zoff, el experto ratificó las conclusiones de su informe, calificadas por fuentes judiciales como «lapidarias», que establecen una clara inconsistencia entre los ingresos y el vasto patrimonio adquirido por Allende y su núcleo familiar.
El perito, atado a la tediosa lógica de los débitos y créditos, concluyó que existe una «inconsistencia patrimonial». Una forma técnica y poco poética de decir que «la cuenta no cierra».
Según la pericia, los sueldos que Allende percibía como titular del sindicato UPCN y como diputado provincial no alcanzan para justificar su notorio «despegue económico», el cual, según el análisis, coincide con el período de su mayor actividad en la función pública. El principio legal subyacente es que todo funcionario debe poder rendir cuentas de la evolución de sus bienes.
Enrique fue categórico: los ingresos de Allende en 5 períodos en los que fue diputado provincial, totalizando 20 años con sueldo de funcionario público, y lo que percibió (y aún percibe) por presidir el sindicato de UPCN desde hace décadas, no constituyen ni remotamente la pista de despegue para semejante vuelo patrimonial.
La investigación se centra en un conjunto de bienes de alto valor que, según la fiscalía, no se corresponden con los ingresos declarados. La lista incluye:
- Residencias de lujo en la exclusiva zona del Parque Urquiza de Paraná.
- Varios semipisos en edificios de la capital provincial.
- Departamentos en zonas cotizadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Extensiones de campo en los departamentos de Nogoyá y Diamante.
- Una flota de vehículos de alta gama.
- Y hasta una porción de isla frente Parána y un par de yates
Ante la contundencia del informe pericial, la estrategia de la familia Allende fue la abstención, negándose a declarar ante el juez. Con esta ratificación y la negativa a ofrecer explicaciones, fuentes judiciales consideran que el procesamiento de Allende y su familia por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública es el paso procesal inevitable que deberá resolver el juez Zoff.
Este complejo escenario judicial se agrava por los antecedentes del propio Allende, quien en dos ocasiones intentó alcanzar un acuerdo de juicio abreviado, lo que implica un reconocimiento de culpabilidad. La primera oportunidad fue en 2016, pero el acuerdo se frustró, según trascendió, por una intervención del ex gobernador Sergio Urribarri, quien bastante molesto le habría argumentado que la confesión «dejaba mal parado al peronismo».
Un segundo intento de acuerdo tuvo lugar en 2020, pero fue rechazado por el juez Garzón, al considerar que un trato de esas características «redundaba en premiar la corrupción», sentando un precedente negativo.
El inminente auto de procesamiento no constituye una condena, sino que abre el camino para un futuro juicio oral. Será en esa instancia donde un tribunal deberá determinar si el patrimonio de Allende es producto de negocios privados legítimos o, como sospecha la fiscalía, del «uso de dinero del Estado de manera ilícita«.
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