Andrés Edgardo Vázquez, director de la Dirección General Impositiva (DGI), ha logrado un significativo movimiento en los tribunales de Comodoro Py, al conseguir el desplazamiento del fiscal que más había avanzado en la investigación sobre su presunto enriquecimiento ilícito. A solicitud del propio Vázquez, el juez federal Daniel Rafecas remitió la causa a su colega Marcelo Martínez de Giorgi, quedando la pesquisa ahora bajo la supervisión del fiscal federal Guillermo Marijuán.
La decisión judicial, resuelta el 19 de agosto, aunque conocida públicamente el día de ayer, se fundamentó en una cuestión de anterioridad de la causa. El fiscal que había sido desplazado, Carlos Rívolo, se opuso a la medida argumentando que su investigación, a cargo del Juzgado Federal número 3, se encontraba en un estado avanzado con múltiples medidas de prueba en desarrollo. A pesar de su rechazo, Rafecas consideró “adecuada e ineludible” la remisión del expediente para que se acumule a la causa que tramita en el Juzgado número 8, a cargo de Martínez de Giorgi y Marijuán.
La disputa entre los magistrados se centró en una ínfima diferencia temporal. Si bien ambas investigaciones se iniciaron el mismo día, los registros oficiales muestran que la causa de Martínez de Giorgi, con el número 5357/24, fue asignada apenas unos minutos y siete números antes que la de Rafecas, 5364/24. Rívolo había subrayado en su dictamen la necesidad de continuar con su pesquisa para “resguardar una más eficaz y rápida administración de justicia”, un planteo que el juez Rafecas desestimó para evitar “arbitrariedades” y garantizar una “correcta administración de justicia”.
La investigación contra el jefe de la DGI se inició tras revelaciones de un medio de comunicación que indicaron que Vázquez adquirió tres departamentos en Miami, Estados Unidos, por un valor de 2 millones de dólares a través de sociedades offshore. Estas propiedades no habrían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). Según la documentación, el funcionario administra dos de estas propiedades —la tercera ya fue vendida— mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 13 años. Este esquema incluye una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que, a su vez, controla otras dos compañías en Panamá, vehículos utilizados para la compra de los inmuebles.
Esta no es la primera vez que Vázquez se ve envuelto en una controversia por operaciones en paraísos fiscales. En 2011, fue objeto de otra denuncia penal por una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao con 442.113 dólares, que luego habría transferido a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo en 2006. En esa ocasión, el funcionario logró ser sobreseído en 2022 por el juez federal Ariel Lijo, debido a la falta de respuesta de los países para verificar la existencia de las cuentas.
Nombrado en su cargo en octubre de 2024 con el apoyo de figuras como Santiago Caputo y Leonardo Scatturice, Vázquez ha demostrado tener el respaldo necesario para enfrentar las investigaciones. Siete días después de asumir, promovió a su pareja, María Eugenia Fanelli, a un puesto preferencial, salteando rangos y obteniendo una suba salarial significativa.
Con la remisión del caso a Martínez de Giorgi y Marijuán, el entorno de Vázquez, que incluye a Mariano “el Vasco” Mengochea, Cynthia Galzerán y Marcelo Laffont, espera que la pesquisa se aletargue y, eventualmente, derive en un sobreseimiento. La llegada del caso a las manos de Marijuán, quien ha tomado decisiones contrapuestas al actual gobierno, podría generar un nuevo giro en esta compleja trama judicial.
