La región se encuentra hoy ante una encrucijada ética y sanitaria que no reconoce fronteras, pero sí respuestas políticas diametralmente opuestas. Mientras en Brasil el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha decidido atacar lo que considera una «pandemia de juego«, en Argentina la realidad avanza por un carril de promoción y legalización que ha transformado a los teléfonos celulares en casinos de bolsillo las veinticuatro horas del día. Esta disparidad de criterios ocurre en un contexto donde el impacto social, especialmente en los sectores más vulnerables y en la población adolescente, empieza a mostrar cicatrices profundas que la recaudación impositiva difícilmente pueda sanar.
En el gigante sudamericano, el panorama dio un giro drástico tras conocerse informes alarmantes del Banco Central de Brasil, que revelaron que beneficiarios de programas sociales como Bolsa Família destinaron miles de millones de reales a las plataformas de apuestas denominadas «bets». Ante este escenario, Lula fue tajante: «Brasil no puede convertirse en un país de timberos«. La respuesta de su administración no se hizo esperar, ordenando el bloqueo de más de dos mil sitios de apuestas no autorizados, prohibiendo el uso de tarjetas de crédito para apostar y limitando severamente la publicidad. El mandatario brasileño incluso amenazó con terminar definitivamente con las apuestas online si las medidas de regulación no logran frenar el endeudamiento familiar y el desvío de fondos destinados a la alimentación.
En la otra orilla, la situación argentina muestra un contraste absoluto. Lejos de un freno, el país ha consolidado un modelo donde el juego online no solo está legalizado en la mayoría de las jurisdicciones, sino que se ha naturalizado a través de patrocinios masivos en el fútbol y una presencia omnipresente en medios de comunicación y redes sociales. El Estado argentino, en sus distintos niveles, ha optado por la vía de la regularización con fines recaudatorios, bajo el argumento de que es mejor tener un mercado controlado que uno clandestino. Sin embargo, esta «legalidad» ha facilitado que empresas multinacionales desplieguen algoritmos diseñados para generar adicción, captando a un público cada vez más joven que encuentra en las apuestas una supuesta salida mágica a la crisis económica.
La provincia de Entre Ríos no es ajena a este fenómeno y, de hecho, se ha convertido en un escenario crítico de esta problemática. La proliferación de plataformas autorizadas por el IAFAS (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social) convive con un submundo de sitios ilegales que captan a menores de edad con una facilidad pasmosa. En las escuelas de Paraná, Concordia o Gualeguaychú, el tema ya no es un secreto: los docentes advierten que los alumnos apuestan durante los recreos e incluso en horas de clase. La ludopatía infantil y adolescente ha dejado de ser un riesgo teórico para convertirse en una consulta frecuente en los centros de salud mental de la provincia, donde llegan chicos de doce o trece años con deudas que sus familias no pueden afrontar y cuadros de ansiedad severos.
Los perjuicios en los menores entrerrianos son especialmente preocupantes debido a la vulnerabilidad de un cerebro en desarrollo frente a la gratificación inmediata que ofrece el juego. El vicio se disfraza de entretenimiento o de conocimiento deportivo, pero termina erosionando la cultura del esfuerzo y el estudio. Mientras en Brasil se debate la prohibición total para proteger la mesa de los más pobres, en nuestra región la discusión legislativa recién empieza a gatear con proyectos que buscan limitar la publicidad o bloquear el acceso a Wi-Fi de sitios de apuestas en los establecimientos educativos. Son medidas que muchos consideran «curitas» para una hemorragia que ya afectó la economía y la salud de miles de hogares.
El espejo de Brasil muestra que es posible priorizar la protección social por sobre la libertad de mercado cuando lo que está en juego es el bienestar básico de la población. Argentina, y Entre Ríos en particular, enfrentan el desafío de decidir si seguirán alimentando sus arcas públicas con un impuesto que, en la práctica, se cobra sobre la salud mental de sus jóvenes. La pregunta que queda flotando es si el Estado llegará a tiempo para intervenir con la firmeza que hoy muestra el vecino país, o si simplemente se limitará a ser un espectador, y beneficiario, de cómo una generación entera cae en la trampa digital del azar.