La Justicia vuelve a hacer gala de su venda violeta. El fiscal Gerardo Pollicita descartó que existan pruebas suficientes para sostener el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y pidió investigar una posible evasión tributaria. La decisión recuerda demasiado al sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei en el caso $LIBRA. Otra vez, cuando las investigaciones llegan a las puertas del poder, aparecen explicaciones que parecen alcanzar para cerrar algunas preguntas, aunque no necesariamente para responderlas todas.
La investigación sobre Adorni detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 fueron pagados en efectivo, además de una diferencia de $43.068.549 entre ingresos y egresos. En el expediente aparecen propiedades, refacciones, viajes, alquileres, muebles y gastos familiares. No es una diferencia menor ni una simple desprolijidad administrativa. La pregunta central sigue siendo de dónde salió el dinero para sostener semejante nivel de gastos.
La explicación de la defensa tiene nombre propio: Bitcoin. Adorni sostuvo que había invertido unos 200.000 dólares entre 2014 y 2018 y que luego obtuvo más de 591.000 dólares al liquidar esos activos. El fiscal consideró que esa historia no pudo ser desmentida y que resultaba económicamente posible. Pero que una inversión sea posible no significa que su realización y el origen de los fondos estén plenamente acreditados. Allí está una de las grandes debilidades de una explicación que terminó adquiriendo un peso decisivo.
La investigación también encontró dinero fuera del circuito bancario, declaraciones juradas rectificadas y fondos que permanecieron fuera del radar de ARCA. El propio Adorni reconoció errores y prometió pagar impuestos, multas e intereses. Sin embargo, Pollicita entendió que no había elementos suficientes para vincular el patrimonio cuestionado con un acto funcional o una fuente ilícita asociada al cargo. Ahora será el juez Ariel Lijo quien deberá resolver el cambio de competencia. Adorni no fue sobreseído, pero la hipótesis de enriquecimiento ilícito perdió fuerza. Y la eventual evasión tributaria tampoco es una falta menor: es otro delito que deberá investigarse.
La ironía es enorme. Adorni fue uno de los principales voceros de un Gobierno que convirtió la lucha contra la corrupción y los privilegios de la casta en una bandera política. Desde los atriles oficiales se impartían lecciones de moral pública y se exigía transparencia a los demás. Ahora, cuando debe explicar su propio patrimonio, aparecen dólares sin declarar, operaciones en efectivo y una fortuna en criptomonedas. La transparencia no puede ser una obligación para los adversarios y una opción para los funcionarios propios.
El antecedente inmediato es el caso $LIBRA. El 23 de octubre, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, siguiendo el pedido del fiscal Eduardo Taiano, sobreseyó a Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados. Lo hizo sin que el Presidente y su hermana hubieran sido indagados. El fallo consideró que no se había acreditado un engaño penalmente relevante, pero dejó interrogantes sobre las comunicaciones con Mauricio Novelli, la trazabilidad del dinero y documentación digital que no pudo reconstruirse completamente. Hubo un sobreseimiento, pero no todas las preguntas encontraron respuesta.
Por eso, el problema excede a Adorni, sus bitcoins y sus dólares en efectivo. Lo que está en juego es la credibilidad de una Justicia que debe investigar con el mismo rigor a quien gobierna y a quien está en la oposición. No se reclaman condenas sin pruebas ni se pretende desconocer la presunción de inocencia. Se reclama que las investigaciones agoten las medidas necesarias y que las explicaciones de los poderosos no reciban un tratamiento privilegiado. Hacete amigo del juez… y del fiscal es una frase mordaz, pero la sospecha que expresa resulta cada vez más preocupante. La venda de la Justicia debería ser imparcial. Cuando parece teñirse de violeta, la sociedad empieza a preguntarse si todos son iguales ante la ley o si algunos tienen una puerta de salida más cómoda. Porque combatir la corrupción no consiste en denunciarla cuando la cometen los otros, sino en investigarla también cuando alcanza a los propios.