El Senado se encamina a sancionar una nueva ley de discapacidad pese a las resistencias del Gobierno
Con la ley de discapacidad como plato fuerte, el oficialismo abrió el recinto del Senado pasadas las 11 con un amplio temario que combina iniciativas impulsadas por el Gobierno con otras que avanzaron en el Congreso pese a las resistencias de la Casa Rosada. Entre los principales proyectos también figuran la adhesión al tratado internacional de patentes (PCT, por sus siglas en inglés) y la reforma del régimen de propiedad privada que incluye el resguardo de la ley de tierras. Los tres podrían convertirse en ley hoy.
El quorum no fue un problema: se sentaron legisladores de todo el arco político.
Será una jornada extensa en la que se coló un pedido del Partido Justicialista (PJ) para que se discuta sobre tablas -sin dictamen de comisión- la media sanción que busca prevenir la ludopatía y prohibir la publicidad del juego online en redes, medios y clubes deportivos.
El debate llega después de un traspié legislativo del oficialismo en Diputados y de jornadas maratónicas de negociaciones en la Cámara alta, donde la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, consiguió destrabar una versión de la reforma electoral. La senadora logró reunir los apoyos para avanzar con un dictamen para suspender las elecciones primarias de 2027, uno de los principales objetivos políticos de Javier Milei. Para alcanzar ese acuerdo debió resignar la propuesta de implementar listas colectoras.
Inició con el acuerdo para promover al grado inmediato superior al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar y un hombre cercano a la secretaria Karina Milei.
El proyecto de ley para constituir un esquema de prestaciones para las personas con discapacidad es el punto políticamente más sensible del temario. El Poder Ejecutivo intentó avanzar con una reducción del gasto en el sector, pero encontró sucesivos obstáculos en el Congreso. La iniciativa que llega ahora al recinto incorpora con carácter permanente buena parte de las prestaciones contempladas en el régimen de emergencia.
Entre otros puntos, establece que las pensiones por discapacidad serán compatibles con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, fija el monto de la prestación en el 70% de la jubilación mínima y preserva el nomenclador que regula los valores de las prestaciones.
El proyecto obtuvo un respaldo casi unánime en Diputados, con más de dos tercios de los votos. Ese resultado representa un condicionamiento político para el Gobierno ante la posibilidad de un nuevo veto, aunque su eventual rechazo dependerá de que ambas cámaras reúnan las mayorías constitucionales necesarias.
Bullrich aceleró el tratamiento en comisión y consiguió dictamen sin introducir cambios al texto aprobado por Diputados. De mantenerse esa redacción durante la sesión, la iniciativa quedará sancionada definitivamente.
Otro de los proyectos que podría convertirse en ley es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca simplificar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países.
La iniciativa volvió al Senado después de que Diputados incorporara, a pedido de los laboratorios nacionales, una reserva al capítulo II del tratado. Ese apartado contempla un mecanismo de examen preliminar internacional cuyos informes técnicos podrían ser utilizados, sin carácter vinculante, por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa), una de las principales opositoras a la adhesión, advierte que el nuevo régimen podría favorecer la extensión de patentes sobre medicamentos existentes mediante modificaciones menores. Según su posición, esto demoraría la aparición de genéricos, reduciría la competencia y podría encarecer los medicamentos.
También volverá al recinto la reforma del régimen de propiedad privada, que ya sufrió modificaciones durante su paso por ambas cámaras. Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo debió aceptar la preservación de la ley de tierras de 2011, que el proyecto original pretendía derogar. En su primer tratamiento en el Senado también se había eliminado el capítulo referido al uso productivo de tierras afectadas por incendios.
El texto endurece los requisitos para las expropiaciones, exige una declaración específica de utilidad pública y establece una indemnización previa calculada sobre el valor objetivo de mercado, con reconocimiento del lucro cesante. Además, agiliza los procedimientos judiciales de desalojo, con un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad, e introduce cambios en el sistema de registro inmobiliario.
La agenda incluye además una reforma del régimen de cabotaje y marina mercante, impulsada a partir de una propuesta de la senadora Carolina Moisés (Jujuy) y respaldada por el Ejecutivo. El proyecto busca ampliar la participación de buques extranjeros, reducir costos logísticos y establecer incentivos fiscales para el sector, aunque mantiene reservas para determinadas actividades estratégicas.
Por último, el Senado tiene previsto tratar la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y una iniciativa de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la denominada ley Joaquín, que establece medidas de seguridad para estructuras deportivas y recreativas, y una serie de acuerdos internacionales.
