Trascendieron detalles de la compra de terrenos fiscales
El intendente no vive en la localidad, por lo que todo recae en manos de su vice, quien autorizó la venta del terreno fiscal a un precio mucho menor a la cotización de las tierras.
Los vecinos de Oro Verde se indignan cada vez más a medida que trascienden detalles acerca de negociados por la compra de terrenos fiscales en la localidad.
Según se informó la semana pasada, una inmobiliaria habría accedido a la compra de tierras pertenecientes al Estado por un precio de 400.000 pesos, una suma muy inferior a los dos millones en los que estaría valuado el terreno.
La autorización para esa transacción la habría dado el viceintendente, Oscar Toledo, quien se comenta que habría aumentado su patrimonio notablemente desde que ocupa la presidencia del Concejo Deliberante.
Los mentideros informan que es Toledo quien “maneja” gran parte de las funciones del municipio, ya que el intendente actualmente reside en la localidad de Tezanos Pinto.
De acuerdo con lo que informaron los mentideros, el terreno fiscal en el que se está construyendo un edificio de departamentos habría sido cedido por el municipio a un indigente que no pudo pagar el precio de las tierras, por lo que fueron vendidas a una inmobiliaria.
De ese modo, la empresa, reconocida por tener varios emprendimientos y frentes de obra entre los que se destaca uno para el que se utilizaron maquinarias del Estado, pudo acceder a un terreno por un importe significativamente menor a su valor real.
Lo que también llama la atención de los vecinos es que la inmobiliaria habría abierto un corralón de materiales que se venden al público y que, según comentan, mandan a buscar en los edificios que se están construyendo actualmente en la ciudad.
En el terreno fiscal, en tanto, la obra avanza a pasos agigantados, según afirman los vecinos, y tendrían su propio generador de energía.
Los ciudadanos de Oro Verde no solo cuestionan el negociado entre intendente, el vice y la inmobiliaria, sino que también ponen en la mira a la escribanía que intervino en la transacción del terreno.
Se trata de un negociado con mucho “olor a podrido”, según denuncian los vecinos, en el que se involucra una inmobiliaria que ya es reconocida por utilizar los recursos del Estado para sus emprendimientos privados y que en esta oportunidad involucra a un municipio y a funcionarios que habrían aumentado notablemente sus patrimonios.