El gobierno nacional la considera un obstáculo para el desarrollo del sector forestal argentino
La norma que es considerada bandera de protección ambiental y que surgió luego del constante y férreo reclamo de los asambleístas contra las pasteras fue incluida sorpresivamente entre los asuntos tratados de la sesión de este miércoles en la cámara baja provincial.
Este miércoles sesiona la cámara baja provincial y entre los asuntos a tratarse esta la iniciativa del ejecutivo provincial que ya cuenta con media sanción del senado y que por la cual se crea el “Plan Maderero Entrerriano”, un instituto tendiente a la promoción, desarrollo y sostenimiento de la actividad foresto-industrial en el suelo entrerriano.
Una normativa que prevé como autoridad de aplicación al Ministerio de la Producción, algo que deberá corregirse debido a su reciente extinción y conversión en secretaria, el cual tendrá como misión primaria “incentivar la implantación de materia prima, su procesamiento y/o transformación, la generación de valor agregado, la utilización de recursos tecnológicos adecuados que garanticen la sustentabilidad de los emprendimientos”.
Si bien, en su normativa está prevista la protección ambiental, algunos expertos la consideran tibia ante el angustiante panorama que por este tiempo se vive en Gualeguaychú y zonas aledañas, donde la contaminación ambiental enfrenta su punto más álgido y existe un crecimiento notable en los casos de cáncer en la población.
Tal es así que y de ahí la gran polémica, en su artículo 4° la iniciativa propone la derogación de la Ley Nº 9759 y sus reglamentaciones.
Ley, esta última aprobada el 8 de marzo de 2007, la cual se sanciono con el fin de “preservar los derechos ciudadanos a gozar de un ambiente en condiciones adecuadas de salubridad”.
Entre sus puntos principales se estableció la prohibición de “venta y salida de madera destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminante radicadas o a radicarse en la República Oriental del Uruguay”.
La disposición se enmarcó en el precepto que consagra el artículo 41° de la Constitución Nacional y “que tiene su correlato en el artículo 5° de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, entendiéndose que las plantas de producción de pasta de celulosa representan un futuro foco de contaminación ambiental que se considera en infracción a las cláusulas del acuerdo que sobre la administración del Río Uruguay tienen celebrado la Argentina y Uruguay en el año 1975”.
Una ley que fue cuestionada por el gobierno nacional, el cual a través de un documento oficial emanado de presidencia de la Nación realizado al poco tiempo de asumir Mauricio Macri y que se tituló “El Estado del Estado” consideró que la denominada Ley de la Madera “es un obstáculo para el desarrollo del sector forestal argentino”.
“El sector forestal argentino se vio comprometido por el manejo del caso Botnia, que tuvo efectos negativos importantes. En Entre Ríos, provincia con fuerte vocación forestal, dejó de plantarse”, afirmaba el documento.
La nueva iniciativa que propone el denominado “Plan de Maderero Entrerriano” de autoria del gobernador contó en la cámara de origen con el acompañamiento tanto del bloque del Frente para la Victoria como el de Cambiemos, a excepción en este último del senador oriundo de Gualeguaychú Nicolás Mattiauda y que en aquel momento, fines de marzo del corriente, generó un gran malestar e indignación en los sectores ambientalistas de la capital del carnaval.
Un sector que es conocido en el país por su lucha contra las pasteras uruguayas, primero a través de asambleas y luego a partir de sus grandes movilizaciones, las cuales han sido constantes hasta la actualidad.
En aquel momento una de las agrupaciones ambientales sostenía “Esta semana que pasó fuimos agredidos por una decisión de los Senadores entrerrianos, que en el hipotético de ser convalidada por los diputados, cambiaría para peor, mucho peor, la suerte de muchos coprovincianos, provocaría pérdida de fuentes de trabajo, de soberanía territorial y el aumento de la miseria urbana por desplazamiento de zonas rurales hacia los cordones de pobreza de nuestras ciudades”.
Agregando “Senadores aprobó un proyecto que mantienen en secreto, algo inconcebible en democracia, en Fundavida tememos que sea porque en él incluyen exenciones impositivas a los saqueadores, tal el modelo uruguayo, lo que sería escupir en la cara a los productores entrerrianos que se debaten en las permanentes crisis de la economía actual”
Tal fue el malestar que no solo cargaron duramente contra los senadores entrerrianos sino también contra el ministro del interior Rogelio Frigerio, a quien trataron de que “asumía como gobernador por poseer un latifundio en el sur provincial” y que utilizaba “esta circunstancia para canalizar su ambición política a través de la dependencia que genera sus permanentes y cuantiosos auxilios financieros a nuestra provincia, presupuestariamente devastada”.
En esa dirección, y cuestionando fuertemente al autor del proyecto sostuvieron que el titular del ejecutivo provincial mostraba “una sumisión servil a sus financiadores y estos lo exhiben como un exponente la ‘pata peronista’ en la que piensan apoyar sus futuros proyectos políticos”.
Una polémica que se apaciguó en virtud de que no volvió a tratarse, pero que seguramente renacerá y crudamente y ello en virtud de su se decidió entre gallos y medianoche provocando varias especulaciones en los pasillos de la cámara baja y también porque la misma, de llegar a los votos, se convertirá lo que generar una fuerte rechazo en los ambientalistas que seguramente tendrá consecuencias políticas y jurídicas gravisimas.