Mientras la Justicia penal avanza con secuestros administrativos de contratos, sale a la luz la trama más oscura de la concesión de tragamonedas en la provincia. El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, el IAFAS, avaló el desembarco de la firma Telinfor Online S.A., comandada por Carlos Banfi, un empresario cuya actividad principal en el mundo de los activos digitales (criptomonedas) viola flagrantemente las normativas del Banco Central para operadores de apuestas estatales. Para agravar el escándalo institucional, la farsa de este traspaso millonario convive con un tendal judicial en la vecina provincia de Santa Fe, donde un síndico y exdirectivos de las concesionarias ligadas a los Banfi quedaron a un paso del juicio oral en una megacausa de juego ilegal que incluye la captación de menores de edad mediante plataformas clandestinas.
La impunidad con la que se administra el control de los juegos de azar en la provincia de Entre Ríos sumó un capítulo de extrema gravedad jurídica e institucional. A través de una ampliación de denuncia presentada ante la Fiscalía en Turno por Alejandro Daniel Sívori, en representación de la firma Newtronic S.A., se desnudó cómo las máximas autoridades del IAFAS habrían orquestado un dolo deliberado para despojar de sus derechos contractuales a una histórica prestataria y entregarle en bandeja el millonario negocio de las salas de juego de la localidad de La Paz a una estructura societaria sin solvencia ni antecedentes en el rubro.
De acuerdo con la presentación judicial patrocinada por el Dr. Lisandro Mobilia, el directorio del IAFAS dictó la Resolución N° 000360 para convalidar una supuesta cesión de derechos basándose en dos instrumentos escandalosos, un contrato de provisión de máquinas del año 2003 completamente ajeno a la concesión en conflicto, y una supuesta «Carta Oferta» fechada el 5 de mayo de 2025 que la querella califica directamente como un documento inexistente. La firma beneficiaria de este traje a medida estatal es Telinfor Online S.A., una empresa creada recientemente en 2023 que operaba meramente como un sello de goma hasta que tomó de facto las salas entrerrianas a mediados de 2025.
El punto más álgido de la denuncia penal radica en las incompatibilidades de fondo que los funcionarios públicos omitieron fiscalizar deliberadamente. El presidente de Telinfor Online S.A., Carlos Banfi, posee su principal actividad económica declarada en el desarrollo y financiamiento de plataformas de criptomonedas, una condición que colisiona frontalmente con la Ley Nacional N° 21.526 y la Comunicación «A» 6290 del Banco Central de la República Argentina, las cuales prohíben de forma taxativa que entidades o actores del entramado financiero digital y de activos virtuales exploten o gerencien licencias estatales de juegos de azar. Esta grosera vulneración de la normativa bancaria no solo configura un flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la cúpula del IAFAS, sino que enciende alarmas rojas en el fuero federal ante el riesgo inminente de lavado de activos dentro de las salas de apuestas provinciales.
A este cóctel de irregularidades financieras en Entre Ríos se le anexa el turbio trasfondo judicial que los operadores traen desde la vecina orilla. La estructura jerárquica que rodea los negocios de los Banfi arrastra personal técnico y de control directamente salpicado por la justicia santafesina. Según consta en los legajos judiciales de los tribunales de Santa Fe, el síndico y exmiembros directivos clave de las empresas concesionarias ligadas a este mismo holding se encuentran al borde de afrontar un juicio oral y público. Se los acusa de formar parte de una sofisticada organización criminal dedicada al juego ilegal online que, mediante el despliegue de cajeros y plataformas clandestinas no autorizadas por las loterías estatales, operaba de forma masiva captando y apostando fondos provenientes de menores de edad en el territorio santafesino.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial, que ya disparó demandas civiles cruzadas y motivó que el fiscal Alejandro Ramírez Montrul ordene el secuestro administrativo de los expedientes del IAFAS, la querella le solicitó formalmente a la Justicia entrerriana que intime de manera urgente al organismo de control para que exhiba la misteriosa e «inexistente» Carta Oferta. La resolución de este requerimiento de pruebas técnico será el quiebre de la causa, si el documento que usó el IAFAS para quitarle el patrimonio a Newtronic S.A. no aparece físicamente en los archivos públicos, el delito de despojo e irregularidad administrativa quedará plena y penalmente convalidado, dejando a los funcionarios estatales en las puertas del banquillo de los acusados.
