La emergencia de Bordet: domiciliaria para todos, contrataciones de personal a discreción, y de bienes y servicios, express y sin control

Por decisión exclusiva de la ministra Romero, incluso los presos alojados en la unidad penal podrán acceder a continuar su régimen de privación de libertad en sus hogares.

Este viernes el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, encabezó una sorpresiva conferencia de prensa donde informó que se decretaba la emergencia sanitaria en todo el territorio entrerriano.

El motivo: el coronavirus.

Pero qué incluye está emergencia?. Este Portal accedió a la disposición, el decreto 361, suscripto por el mandatario y refrendado por la ministra de salud, Sonia Velázquez.

Entre sus previsiones, la normativa establece que la ministra Velázquez podrá reorganizar el personal de su área como la situación lo amerite y, también, podrá contratar a toda aquella cantidad de personas que estime conveniente.

El decreto también establece que desde la cartera se podrá contratar bienes y servicios con trámite express y sin ningún tipo de controles.

Respecto del personal estatal de todas las reparticiones y organismos el gobernador delegó en cada uno de sus titulares la facultad de que dispongan lo necesario para que los trabajadores realicen sus actividades desde sus hogares, aunque se establece que se garantizarán guardias mínimas en las sedes de las mismas.

En cada ministerio, secretaría de estado y organismos la decisión sobre esta especie de «domiciliaria laboral» será a discreción de sus titulares.

Asimismo la norma pone en poder de la ministra Rosario Romero la facultad de adoptar las medidas pertinentes para evitar la propagación de este virus en lo que respecta al servicio penitenciario y la policía 

Punto que está tomando bastante temperatura en la Provincia, ya que se habla de la posibilidad de que a los presos condenados o preventivos, sin distinguir el delito por el que está privado de su libertad, puedan acceder al beneficio morigerador denominado prisión domiciliaria, así se desprende del artículo 6.

Es decir, aquellos privados de su libertad que se encuentren dentro de los factores de riesgos del virus, podrán continuar su privación en sus viviendas por el plazo de un año que es el estipulado en el decreto cómo duración de la emergencia.

Muy distinta es la situación de las aulas provinciales,  donde el titular del CGE, Martín Muller, siguiendo la recomendación del ministro nacional Ginés González García, no previó la suspensión de las clases.