A pesar de las graves denuncias de vecinos sobre acopio y de las sospechas de destinos con fines de comercialización, los condenados Bordet y Paira, a través de sus abogados, se resisten a la transparencia publicidad de los actos de gobierno.
La cuestión alimentaria en la Provincia viene mal, muy mal. No solo porque los alimentos escasean en las cada vez más numerosas familias en situación de vulnerabilidad, sino también por algo grave que orbita sobre este recurso básico y elemental adquirido por Desarrollo Social de la Provincia, las sospechas sobre su real destino.
Las especulaciones nada tienen de nuevas, aunque hay que destacarle a la actual gestión provincial, en su primer periodo, que fueron donde se empezaron a manifestar fácticamente, es decir, con hechos concretos y sus consecuentes denuncias.
Comenzaba el 2019 y desde varios merenderos y comedores escolares denunciaban un verdadero negocio montado con los más pobres, organizaciones sociales que se quedan con porcentajes de planes sociales, como también pedidos al Ministerio de Desarrollo Social que, a pesar de la vulnerabilidad visible, no eran respondidos o bien les fueron expresamente negados.
Las denuncias provocaron conmoción social y la solidaridad de los propios vecinos que, con lo que podían, se encargaban de hacer llegarles sus donaciones para que números niños y niñas pudieran comer al menos una vez al día.
El sentimiento social de angustia que provoca la representación de la imagen de personas con hambre, comenzó a mutar hacia la bronca, la ira.
Los propios vecinos veían en sus barrios que en galpones o inmuebles de privados, en condiciones insalubres, se acopiaba alimentos.
Existían numerosos niños y niñas con hambre y en locales privados estaba la comida ociosa que aquellos necesitaban de manera urgente.
Aquellas sospechas sobre el clientelismo, negocios con los pobres, comenzaron a obtener cierto sustento, no había razón para mantener acopiados alimentos en inmuebles privados, lejos del control del Estado, solo una irregularidad grave podía justificar tal situación.
Este Portal se hizo eco de todas y cada una de las denuncias realizadas, tanto de los más vulnerables, como de los vecinos que detectaban anomalías con las toneladas de alimentos.
Los artículos periodístico provocaron que la Justicia actuara, lo primero fue detectar la presencia de alimentos y su estado, fue así que se libró la primera orden de allanamiento en un precario galpón del Barrio San Agustín.
El propio Portal fue a cubrir la medida judicial, la imagen era aberrante, toneladas de palet de alimentos en el piso, sin controles y, lo que es peor, funcionarios provinciales custodiaban esta gravísima situación.
A los pocos días al medio llegaron denuncias aún más graves, en varios supermercados de la capital entrerriana existían dispuestos a la venta alimentos con el rotulo impreso “prohibida su comercialización. Mercadería de desarrollo social”.
Todas las sospechas sociales sobre este aberrante negocio donde se utilizan a los más vulnerables para extraer beneficios económicos adquirirían sustento probatorio.
La Justicia actuó nuevamente, constató la presencia de dicha mercadería, comprobando el mencionado rotulo.
Desde la primer denuncia, hasta este último hecho, ninguna de las autoridades del ministerio de desarrollo social de la primera gestión de Bordet habló sobre el tema, no se quiso explicar absolutamente como estas aberraciones sucedían y as aun porque había funcionarios provinciales involucrados.
Tampoco se iniciaron actuaciones administrativas en la cartera, ni en ninguna otra repartición estatal.
Es más, existió un pedido de acceso a la información pública donde la ministra, sobre este tema puntual, no quiso manifestar a quien le otorgan los alimentos.
Hasta con la Justicia fueron reticentes en brindar los registros o demás datos de los productos adquiridos.
En el segundo periodo de gobierno de la misma gestión provincial no solo no se atinó a mejorar el área, a redoblar los esfuerzos en el control, todo lo contrario, empeoro.
Un episodio irregular muy similar se denunció recientemente en la ciudad de Nogoyá, con el agravante que se involucraba a un peso pesado de la localidad, el confeso imputado José Allende, de manera indirecta, y dos personas de su sector, un de ellas ni más ni menos que senadora provincial.
La información que le llegó a este portal de parte de los propios nogoyaenses puede sin lugar a dudas titularse “indignación extrema”.
En plena pandemia con consecuencias deplorables para todas las actividades económicas y con una necesidad alimentaria nunca antes vista, con ajustes a trabajadores y jubilados dispuestos por el mismo Gobierno, entre otras razones, para paliar el hambre, se denunciaba el acopio y almacenamiento en un inmueble que ninguna relación tiene con el Estado.
El pueblo de Nogoyá rápidamente hizo responsable de las irregularidades a la senadora provincial, Flavia Maidana, ya que, apuntaban, la relacionaban políticamente con la titular de la inmueble.
Y es que en Nogoyá, la mayoría se conoce en el ámbito político, cada uno sabe cuál es el sector al que pertenecen los dirigentes y militantes.
La ecuación social no necesitó mucho sustento, el inmueble con toneladas de alimentos pertenecía a una cercana a la senadora provincial, ambas del sector de Allende, quien, caído en desgracia por la casi condena penal por corrupción y violencia de género, aparentemente, le cedió el bastón de mariscal de Nogoyá a la legisladora provincial.
Maidana, en su consideración política e institucional, es la funcionaria en ejercicio con mayor relevancia en el departamento y, en consecuencia, la máxima referente del PJ.
El almacenamiento de alimentos en un inmueble privado no habilitado por el ministerio de desarrollo social para operar de depósito, y, sin ningún tipo de controles que chequen si el lugar es apto para contener mercaderías que posteriormente será ingerida por personas, esto es, desconociéndose porque no se evaluó institucionalmente si en el lugar existen cucarachas, roedores, y en general si se cumplen con los requisitos legales de higiene y salubridad, destapó algo más.
Se desconocida, porque nadie del ministerio de desarrollo social salió a aclarar esta grave irregularidad, si los alimentos fueron otorgados a la senadora provincial, a la coordinadora de comedores y responsable de los alimentos del Ministerio en Nogoyá, quien, según la información que le costó pero finalmente brindó la propia ministra, es la funcionaria Vanina Campo, o a la privada como destinataria final o como intermediario.
Prontamente tanto la senadora como la titular del inmueble salieron a defenderse acusando una operación de prensa y política en su contra y a manifestar que les fueron entregados como intermediarios para destinar finalmente a las intendencias y juntas de gobierno y comunas del departamento.
Lo que resulta llamativo es que, existiendo una gran cantidad de funcionarios de desarrollo social, sea una legisladora la encargada de distribuir la mercadería cuando no es su función propiamente dicha, y lo que aún resuena y hacer pensar un poco más, cuál era el criterio de asignación de los bolsones.
Ninguno de estos puntos, pero fundamentalmente a quienes le destina la cartera social los cuantiosos módulos alimentarios que adquiere con fondos públicos quieren ser respondidos por la ministra y/o el gobernador.
Hubo un amparo, la justicia los condenó a brindar dicha información, la condena quedó firme, y la reticencia continúa.
A pesar de la cosa juzgada, el Gobierno busca de todas las maneras posible revertir su situación ante la Justicia, y lo hace a través de vericuetos legales ni siquiera establecidos en la ley de procedimiento de amparos.
El único fin, el mismo que prima desde la anterior gestión, es no informar, ocultar, esclarecer quienes son los reales destinatarios de estos recursos públicos que deben estar dispuestos con urgencia a los más vulnerables entrerrianos y, lo que es peor, mantener el aberrante manto de sospecha desplegado sobre su política alimentaria.
3 comentarios
EL EQUIPO DE BORDET ES UNA ORGANIZACIÓN MAFIOSA DESTINADA AL SAQUEO DEL ESTADO Y DE LOS TRABAJADORES
Son lo que siempre han sido…..delincuentes que le roban al pueblo que dicen defender……es una mafia organizada……SIEMPRE LO HAN SIDO…..
INVESTIGUEN A WILVERS ARIEL DE COMEDORES EX IAPV