Más de 2 millones de dólares su patrimonio, varios más por negocios incompatibles, y, lo más repudiable, una causa de amenazas en contexto de genero que se acumularon, aunque el ex legislador y sindicalista más cercano a Bordet no ira preso, con una cifra monumentalmente inferior, los fiscales arreglaron.
En el 2016, la tasación practicada sobre el patrimonio del por dos décadas diputado provincial y mandamás de UPCN, José Ángel Allende, indicaba que la valuación del mismo en 2.512.965 de dólares.
La pericia dejaba en claro que Allende se había enriquecido ilícitamente.
No fue el único delito hallado a medida que la investigación penal avanzaba, también se determinó que el uno de UPCN, había direccionado fondos públicos de la cámara de diputados a la fundación de su familia, las cifras nuevamente eran millonarias, detectándose así el ilícito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Pasaba el tiempo y el panorama se veía cada vez más negro para el legislador, fiel a su estilo prepotente, hostigador, impune, a través de declaraciones funestas amenazaba a la ministra de salud de la provincia, Sonia Velázquez.
Los improperios anunciándole un mal a la titular de la cartera con quien mantiene un enfrentamiento atroz por haberle arrebatado la cartera, se encuadraban en el contexto de violencia de género.
Todo parecía marchar muy mal para el diputado, para colmo el hombre es sumamente repudiado en la opinión pública, la condena social ya la tenía y muy marcada.
Sin embargo se produjo, al menos esto se cree con firmeza en el ámbito político y judicial, una intervención que puede calificarse como “divina”.
Allende necesitaba un milagro y lo logró, intercediendo por él, ante los fiscales, indican las fuertes versiones, la Casa Gris.
El hombre, es muy cercano al gobernador Gustavo Bordet, tanto que en los 4 años de la primera gestión su gremio nunca, ni siquiera atinó, a hacerle un paro, a pesar de la postergación de los trabajadores, hoy día, mas allá de que no se lo ve, el sindicato sigue operando igual.
Es más, en el mundo político aún se recuerda un episodio insólito donde UPCN, con Allende a la cabeza, se movilizó masivamente a la Casa Gris pero para elogiar al gobernador, acto en el Romero fue la figura principal.
Justamente, otra de sus espadas en el Gobierno es la ministra de gobierno y justicia, Rosario Romero, es archí conocido en el ámbito provincial, la amistad política que guardan Allende y la letrada, tanto que esta banca a sus parientes en puestos públicos destacados y ha instado varias designaciones de personas muy ligadas al ex legislador.
Todo indica, al menos es un secreto a voces, que Romero y Bordet intercedieron para lograr el acuerdo que más lo beneficie, a pesar de que en el mismo se incluía un hecho de violencia machista contra una integrante del gabinete.
Los fiscales, que irían hasta las últimas consecuencias, esto es juicio oral y público y condena judicial, retrocedieron en la estrategia, sentándose con el imputado y su defensa para tratar de acordar, de llegar a un arreglo que beneficie a todas las partes.
Cuando se indica “todas las partes”, hay que aclarar que solo se habla de Allende y los fiscales, la sociedad entrerriana y el erario público, reales victimas del enriquecimiento multimillonario en dólares y de las negociaciones incompatibles, no entraron en el acuerdo.
Mucho menos la violentada ministra, quien, a pesar de lo grave de las amenazas en el contexto de género, se la invisibilizó, ni siquiera se la convocó a preguntarle qué opinión le merecía.
Ni la ministra, ni la sociedad, toleraron –toleran- el convenio beneficioso logrado por los fiscales y Allende.
En las causas de corrupción, primeramente porque tiene sabor a poco –muy poco- el ex diputado logró un patrimonio de dos millones y medio de dólares, sin embargo, solo devolverá menos de un millón, y no en dinero, sino en bienes inmuebles, los cuales, no se comercializaran para obtener el dinero, sino que se usaran por reparticiones públicas.
Tampoco le cerró a nadie la multa de 3 millones de pesos para el delito de negociaciones incompatibles.
Mucho menos la pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses, cuando por el Código Penal fija por el enriquecimiento una pena de 2 a 6 años, las negociaciones de 1 a 6 años y por amenazas 6 meses a 2 años, de las acumulaciones, hasta 4 años de prisión efectiva hubiera resultado poco.
Llamativamente los fiscales Cecilia Goyeneche, Álvaro Pierola, Laura Cattaneo y Leandro Dato no lo entendieron así.
El próximo 14 de octubre, tras algunas suspensiones, el beneficiado Allende quedará en manos de los jueces de cámara José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Canepa.
Nota al margen: Si los lectores prestan atención a los nombres tanto de los representantes de la fiscalía como de la Cámara podrán determinar un sector político del Gobierno específico.
Serán los magistrados quienes definirán si el acuerdo logrado es ratificado, o, como opción viable, si aún se privilegia más al ex diputado provincial.
3 comentarios
siga el baile, siga el baile
Piérola también ??? Que mal estamos
SON TODOS DELINCUENTES…