Carta de una ABOGADA ESTATAL sobre los Contratos y Designaciones en el Gobierno

Soy abogada y actualmente desempeño mi función en otro organismo estatal. Esta situación implica que tengo ciertas limitaciones legales que me impiden intervenir directamente en algunos mecanismos de control ciudadano; sin embargo, el interés de la ciudadanía en la transparencia y en la rendición de cuentas no debe ser pasado por alto. En una democracia, cualquier ciudadano, así como asociaciones civiles u ONGs, tienen la capacidad y el derecho de participar activamente en la fiscalización de la administración pública. En nuestro sistema, el derecho de acceso a la información es una herramienta esencial para promover la transparencia, que a su vez es indispensable para asegurar que los funcionarios rindan cuentas sobre su gestión.

Un caso que demuestra la efectividad de este derecho es el de los contratos de la Legislatura, en el cual una solicitud de información sobre estos contratos fue realizada formalmente y llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia. Dicho tribunal, en su resolución, no solo permitió el acceso a los datos requeridos, sino que también estableció un precedente claro en cuanto al derecho de los ciudadanos a obtener información sobre el uso de los recursos públicos. Esta jurisprudencia ratifica que cualquier persona, organización o medio de comunicación puede requerir información sobre asuntos de interés público, aunque a veces las instituciones del Estado muestren resistencia a estos pedidos.

La Ley de Acceso a la Información Pública establece una obligación de transparencia para los tres poderes del Estado, además de los entes descentralizados, quienes deben facilitar a la ciudadanía toda la información necesaria para conocer el uso y destino de los fondos públicos. Esto es especialmente significativo, ya que permite a los contribuyentes, quienes financian el funcionamiento del Estado con sus impuestos, vigilar el uso de estos recursos, promoviendo una gestión responsable y confiable, así como la detección de posibles irregularidades.

En la actualidad, el objetivo de transparencia en la administración pública hace que sea viable y necesario aclarar situaciones que hayan despertado dudas o sospechas en la sociedad. En particular, muchos ciudadanos han manifestado interés en obtener información más detallada sobre los subsidios y ayudas económicas otorgados durante la gestión de Stratta, ya que existe la preocupación de que estos recursos podrían haberse distribuido de manera poco equitativa o con criterios que beneficiaran a ciertos sectores. Al disponer de datos claros sobre cómo se asignaron estos subsidios, la sociedad tendría una perspectiva más precisa sobre el uso de estos fondos y podría comprobar si se distribuyeron de manera equitativa o si, por el contrario, algunas localidades, como Victoria, fueron privilegiadas en un contexto electoral.

Acceder a esta información permitiría, además, conocer en detalle quiénes integraban el equipo de funcionarios responsables de la entrega de estos subsidios durante el periodo 2017-2019, así como el papel específico de cada uno en el proceso de asignación de los fondos. Al conocer la lista de autoridades de la época y los roles que desempeñaban, se podrían analizar posibles conexiones o responsabilidades compartidas en la aprobación de cada subsidio. Además, conocer el número exacto de ayudas otorgadas junto con los montos correspondientes a cada una permitiría evaluar si su distribución respondió a criterios de equidad. Con estos datos, sería posible generar un reporte que refleje la distribución de los fondos en función de cada departamento, presentando porcentajes y comparaciones que demuestren cómo se manejaron los recursos entre las distintas áreas y cuáles fueron las prioridades de la administración en aquel tiempo.

También resulta importante analizar el proceso mediante el cual se entregaron estos recursos, ya que esto permitiría asegurar que el dinero llegó efectivamente a los destinatarios finales y no a intermediarios. A través de una solicitud a los Servicios Contables y a las entidades bancarias pertinentes, se podría acceder a los registros bancarios de cada cheque emitido, para verificar si los beneficiarios fueron quienes cobraron los fondos o si existió la intervención de terceras personas. En caso de que algún funcionario o tercero haya actuado como intermediario, debería explicarse bajo qué condiciones y con qué autorización legal realizó esta gestión. Esta medida es fundamental, ya que la normativa vigente exige que ningún pago sea entregado sin la autorización expresa del beneficiario.

Asimismo, la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas del Estado cumplen un rol fundamental en este proceso, ya que sus informes permiten tener un registro detallado y completo de cada ayuda económica o subsidio autorizado en ese periodo. Estos organismos pueden evaluar si cada autorización fue realizada conforme a la ley y, en caso de detectar irregularidades, deben informar sobre las medidas adoptadas para corregirlas y cualquier procedimiento judicial o administrativo iniciado para resolverlas. Para mayor transparencia, estos informes deberían incluir detalles como la cantidad de oficios emitidos, las fechas de aprobación y el responsable de cada decisión, permitiendo así un análisis exhaustivo de la asignación de los fondos.

Con toda esta información recopilada, sería posible realizar un estudio detallado que permita a la sociedad extraer conclusiones bien fundamentadas sobre el manejo de los recursos públicos. De esta forma, las denuncias que han circulado en la prensa sobre presuntas irregularidades podrían ser confirmadas o desmentidas en base a datos concretos, proporcionando a la ciudadanía una mayor seguridad sobre la gestión de los recursos estatales y garantizando un uso responsable y transparente de los fondos.