Mientras el todavía delegado ante la CTM, Juan Carlos Chagas, hace gala de sus recorridas oficiales pese a tener su salida consumada, la burocracia estatal permite que el funcionario siga embolsando un sueldo de 30 millones de pesos mensuales, sumado a una rapiña de viáticos de opulencia que alcanza los 500 mil pesos diarios por cada simulación de presencialidad. Chagas alardea en la intimidad de su poder para bloquear su remoción asegurando que su sociedad política con el condenado Edgardo Kueider es suficiente para mantener trabado el decreto presidencial que sella su final. Lejos de dar un paso al costado, el funcionario convierte su resistencia en una herramienta de humillación contra la gestión de Rogelio Frigerio. Desde el gobierno entrerriano justifican la continuidad de Chagas en un supuesto recambio sincronizado de funcionario que Nación debe ejecutar, y es lo que estaría postergando la llegada de Guillermo Marcone como reemplazante.
La política entrerriana se ha convertido en espectadora de una coreografía que comienza a volverse tediosa para el contribuyente. El protagonista es Juan Carlos Chagas, el delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, quien protagonizó recientemente una gira por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Allí, el funcionario se mostró entre simulaciones de álabes y visitas académicas como si su continuidad en la represa binacional fuera una certeza, ignorando olímpicamente que su ciclo está agotado y que su salida ya fue formalmente oficializada.
Lo que resulta escandaloso no es solo la obstinación de Chagas, sino el costo que este atrincheramiento tiene para el erario público. Mientras se dilata su partida desde su residencia exclusiva en San Isidro, el funcionario continúa percibiendo un sueldo mensual de 30 millones de pesos, cifra que se engrosa de manera escandalosa con un esquema de viáticos de opulencia de 500 mil pesos diarios, una verdadera rapiña económica que le reporta millones extras por cada semana que decide viajar a Concordia a simular actividad laboral, todo un insulto en la ciudad más pobre del país. Esta maniobra de supervivencia política tiene un trasfondo oscuro: el apadrinamiento de Edgardo Kueider. El exsenador nacional, quien fuera su principal sostén, atraviesa hoy su propia desgracia judicial: fue condenado recientemente en Paraguay a dos años de prisión en suspenso por contrabando, encontrándose actualmente bajo prisión domiciliaria a la espera de otros procesos judiciales por lavado de dinero mas diversos delitos a su regreso en Argentina.
Esta parsimonia administrativa, que permite que un funcionario eyectado del sistema siga manejando fondos nacionales, no es un hecho aislado. Es un vicio sistémico en los recambios de los entes descentralizados que parece repetirse con precisión quirúrgica. Basta con recordar la salida de Héctor Maya, quien se mantuvo en su cargo hasta septiembre de 2024 nueve meses después del cambio de gobierno, cuando finalmente el decreto de reemplazo por Chagas puso fin a una espera que también se había estirado de manera deliberada. Hoy, el caso del mismo Chagas replica esa misma lógica de estiramiento burocrático, demostrando que la falta de voluntad política para ejecutar un recambio inmediato termina siendo financiada, peso a peso, por la ciudadanía.
Ante los constantes cuestionamientos sobre por qué Chagas sigue ocupando un cargo del que ya ha sido desplazado, desde el gobierno entrerriano han optado por una narrativa de deslinde de responsabilidades. La postura oficial se limita a justificar que los tiempos dependen exclusivamente de Nación, argumentando que es necesaria la firma del presidente Javier Milei para lograr un trueque sincronizado entre la salida del funcionario actual y el ingreso de Guillermo Marcone. Esta explicación, lejos de calmar las aguas, suena a una nueva maniobra burocrática, un verdadero intercambio de fichas donde, entre excusas de trámites y sellos, el funcionario sigue cobrando su fortuna mientras la gestión pública en Salto Grande permanece paralizada en una transición infinita.
Lo más grave, sin embargo, reside en la soberbia con la que el propio Juan Carlos Chagas desafía el poder institucional. Lejos de mostrarse en retirada, el funcionario hace gala de una impunidad preocupante en sus círculos íntimos, donde alardea de que mantiene el control absoluto sobre su destino. Chagas jura y perjura que tanto él como su socio político, Edgardo Kueider, aún conservan la suficiente influencia en los niveles decisorios para forzar que el decreto presidencial de su destitución permanezca cajoneado indefinidamente. Según su relato, el poder que ostentan les permite burlar cualquier ordenanza de cese, transformando su permanencia en la CTM en una demostración de fuerza con la que busca humillar a quienes esperan su salida (Frigerio) y blindar su puesto contra toda lógica administrativa.
La llegada de Guillermo Marcone, hombre del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y persona de máxima confianza del ministro Manuel Troncoso, se presenta como el movimiento estratégico del gobernador Rogelio Frigerio para consolidar el control sobre el organismo. Sin embargo, mientras Marcone aguarda, Chagas se aferra a su sillón con una tenacidad que, lejos de ser institucional, huele a desesperación. En sus círculos íntimos, el funcionario no oculta su intención de hacer «cajonear» su propia destitución, confiando en que todavía cuenta con el poder suficiente para evitar el desalojo.
Mientras los plazos administrativos se siguen estirando ante la negativa de Chagas de renunciar formalmente, la CTM continúa funcionando bajo el mando de un delegado que ya perdió todo respaldo político. La sombra de Kueider, con su fortuna de origen ilícito y sus causas abiertas a ambos lados de la frontera, parece ser el único norte de un funcionario que prefiere el costo de la burla pública antes que resignar su botín de millones. La pregunta que queda flotando es cuántos meses más de sueldo y viáticos millonarios le costará a los entrerrianos esta resistencia burocrática antes de que un decreto firme termine, de una vez por todas, con esta etapa final de una gestión deslegitimada.