El juez de juicio Mauricio Mayer define por estas horas la homologación del polémico juicio abreviado en la causa de los Créditos Truchos, con un conjunto de interrogantes determinantes que traban el pacto: primero, si la magnitud de la acusación y las imputaciones por peculado guardan coherencia real con las penas condicionales pedidas; segundo, si los 314 expedientes investigados son el total o si existen muchos más ocultos en el Tribunal de Cuentas y en el Ministerio de Producción, cuestionando por qué la investigación se frenó abruptamente sin profundizar hacia arriba en la cadena de mandos; y tercero, la fuerte presión del gobierno de Rogelio Frigerio, que salió con los tapones de punta a rechazar los acuerdos menores y a exigir la recuperación de la totalidad de los fondos sustraídos al erario público provincial.
El pacto judicial cuestionado contempla penas condicionales y la devolución de cien millones de pesos por parte de los principales imputados, Pedro Fernando Gebhart, Cristian Silvestre Klein, Claudio Alberto Rosas Vico y Alejandro Usatinsky, mientras crecen las sospechas sobre la limitación intencional de la investigación fiscal para blindar a las cúpulas políticas de la gestión anterior, encabezadas por Juan José Bahillo y Laura Stratta, en un escenario atravesado por el rotundo rechazo del gobernador Rogelio Frigerio a los acuerdos menores y su exigencia de recuperar la totalidad de los fondos sustraídos al erario público provincial.
El brete judicial de Mayer
La cuenta regresiva en el fuero penal de Paraná puso al juez de juicio Mauricio Mayer ante una resolución de extrema sensibilidad institucional que mantiene en vilo a los pasillos tribunalicios. Con los plazos procesales al límite, el magistrado debe definir si convalida o rechaza el convenio de juicio abreviado presentado por el fiscal Gonzalo Badano junto a las defensas técnicas, un acuerdo que en su origen se vislumbraba como un mero trámite burocrático pero que chocó de inmediato contra un muro de resistencia social e institucional. La indecisión del juez obedece a factores estructurales y jurídicos de alto voltaje que dinamitaron la pretendida rapidez del pacto. En primer lugar, Mayer evalúa si la magnitud de la imputación legal, que recae sobre delitos graves como peculado reiterado, guarda una correlación lógica y proporcional con las penas de ejecución condicional y las retribuciones económicas exigidas.
A este interrogante técnico se suma la discordancia flagrante entre los montos nominales establecidos en la causa y el perjuicio real provocado a las arcas provinciales. Mientras el acuerdo penal fija una devolución estática de poco más de cien millones de pesos por trescientos catorce créditos irregulares detectados de apuro, las auditorías independientes del Tribunal de Cuentas y los registros del propio Ministerio de Desarrollo Social confirman que el desfalco real perpetrado entre 2018 y 2023 supera ampliamente los tres mil millones de pesos, rozando los cuatro mil millones al contabilizar expedientes cajoneados en otras dependencias del Estado. La desproporción entre el botín saqueado y la reparación económica propuesta colocó al juez en una encrucijada, obligado a sopesar el impacto de convalidar una cifra exigua frente a un fraude monumental ejecutado mediante la falsificación de firmas, la simulación de emprendimientos productivos y el desvío sistemático de fondos públicos destinados originariamente a jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema.
El factor central que mantendría a Mayer en un profundo dilema es el peso de la condena pública y el costo político e institucional que implicaría convalidar un pacto de estas características. En el imaginario social la condena ya es un hecho absoluto, y la sociedad apunta directamente a las máximas autoridades políticas, convencida de que se quiere cortar la causa con los imputados actuales dejando afuera a los que tenían la máxima responsabilidad de administrar los fondos de los organismos o sea los ministros. Ante este panorama, el juez evalúa el alto costo de credibilidad y político que pagaría el Poder Judicial si sella un acuerdo que condena únicamente a los eslabones menores mientras quienes serían los verdaderos arquitectos del vaciamiento quedan indemnes.
Teoría del encapsulamiento y el límite fiscal
El malestar ciudadano y el escrutinio público alimentan con fuerza la sospecha generalizada de que la investigación penal fue deliberadamente cercenada por el Ministerio Público Fiscal, frenando el avance de las pesquisas antes de tocar los despachos de los verdaderos centros de poder político. La estrategia procesal adoptada en el expediente replica con absoluta precisión la denominada teoría del encapsulamiento, el mismo formato defensivo e institucional aplicado en su momento en la megacausa de los contratos truchos legislativos, donde la Justicia concentró toda su artillería sancionatoria exclusivamente sobre los eslabones medios, operadores territoriales y empleados administrativos, dejando completamente a resguardo a los máximos jerarcas del organigrama gubernamental.
Las dudas sobre los motivos que llevaron a la fiscalía a cortar la investigación en catorce eslabones principales, excluyendo a los ministros bajo cuya órbita funcionaban los programas sociales, se potencian al analizar la naturaleza de la maniobra delictiva. El fraude operaba mediante la captación de estudiantes y ciudadanos indigentes a quienes se les robaban los datos personales para tramitar créditos ficticios, cuyos montos terminaban en los bolsillos particulares de los funcionarios o de su círculo cercano mientras las víctimas recibían migajas. En ese engranaje, la cercanía política y la relación de absoluta confianza entre los imputados directos, como el exsubsecretario Pedro Gebhart, y las cúpulas ministeriales de entonces eran de público conocimiento. La decisión de acotar el radio judicial y evitar profundizar en la cadena de mandos superiores consolida la percepción de que se habría preferido blindar a figuras de peso específico dentro de la estructura, tales como la entonces ministra Laura Stratta y el exministro Juan José Bahillo, impidiendo que la causa derive en un terremoto político capaz de derrumbar la jerarquía de los principales despachos del peronismo provincial.
El impacto de Frigerio
La firme postura adoptada por el gobernador Rogelio Frigerio convulsionó por completo el escenario institucional, alterando radicalmente la percepción ciudadana sobre los manejos de la corrupción en la provincia y fustigando sin rodeos la insuficiencia de los pactos judiciales abreviados.
Al manifestar públicamente su absoluto desacuerdo con las soluciones que licuan las responsabilidades patrimoniales, el mandatario exigió que la Justicia recupere la totalidad de los recursos sustraídos al contribuyente en lugar de conformarse con porciones menores o multas simbólicas que funcionan como un simple costo operativo del delito.
Esta interpelación directa del Poder Ejecutivo hacia los estrados judiciales evidenció la inercia de los magistrados y fiscales, marcando un fuerte contraste con la rendición de cuentas permanente a la que deben someterse los funcionarios elegidos por el voto popular. La advertencia del gobernador de ir a fondo con los mecanismos de recuperación patrimonial traslada la presión directamente a la Fiscalía de Estado, encabezada por Julio Rodríguez Signes, obligando al organismo a preparar demandas civiles complementarias para que los exministros responsables respondan con sus propios bienes por el millonario remanente no cubierto por el fuero penal. De este modo, la intervención del Ejecutivo fracturó el blindaje político con el que especulaban los sectores beneficiados por el acuerdo exprés, instalando en la agenda pública la necesidad imperiosa de erradicar la impunidad estructural y demostrar que el daño provocado al erario entrerriano no quedará impune ni sepultado bajo tecnicismos procesales.
En el pulso cotidiano de la calle, la comidilla inevitable apunta a descifrar quién sostiene realmente el costo financiero del acuerdo y quién abona las multas fijadas en el pacto, circulando con fuerza la versión de que los recursos provendrían de las altas esferas del poder político para blindar a los verdaderos beneficiarios del saqueo y dejar que funcionarios de menor rango y empleados carguen con toda la culpa. De este modo, la arquitectura del pacto se cierra de manera perfecta: mientras figuras de la talla de Pedro Gebhart aceptan una condena de ejecución condicional y un papel de chivos expiatorios funcionales, el andamiaje superior del poder político logra capear el temporal, asegurando que los peces gordo de las administraciones, los responsables de los recursos de los organismos Laura Stratta y Juan José Bahillo continúen disfrutando de su inmunidad y sus cargos legislativos actuales, dejando en evidencia lo que está instalado en el imaginario popular, que el engranaje de la impunidad institucional en Entre Ríos opera siempre bajo la misma regla no escrita de cortar el hilo por lo más delgado.