La ciudad de Victoria atraviesa un vertiginoso proceso de deterioro económico y social marcado por la paulatina parálisis del comercio local y la ausencia absoluta de obra pública. Frente a las persianas que se bajan a diario y a la falta de respuestas de infraestructura para los vecinos, la gestión conducida por la intendenta Isa Castagnino vuelve a quedar expuesta en una marcada contradicción: tras sucesivos anuncios de «austeridad» y promesas de reducción salarial, el esquema real de haberes del gabinete municipal evidencia una planta de funcionarios con sueldos millonarios, encabezada por la propia jefa comunal, cuyo haber supera los 8 milloness de pesos. A este complejo escenario se le suma la constante dependencia de financiamiento asistida, según revelan fuentes internas del municipio, por la Caja de Jubilaciones y Pensiones local, que preside Camilo Stratta, hermano de la exvicegobernadora Laura Stratta, configurando una arquitectura de poder desconectada del angustiante contexto cotidiano que viven los victorienses.
Caminar hoy por las arterias comerciales y los barrios de Victoria es constatar un panorama desolador. La constante caída del consumo y los altos costos fijos han provocado el cierre progresivo de comercios tradicionales y la pérdida de fuentes de trabajo local, sin que exista desde el Palacio Municipal una sola política tributaria o de fomento orientada a mitigar la asfixia del sector privado.
A la parálisis de la actividad económica se le suma la ausencia total de obra pública. Calles altamente deterioradas, déficits crónicos en el mantenimiento urbano e infraestructura básica congelada componen la tarjeta de presentación de la gestión. La falta de inversión en la vía pública choca de frente con las demandas prioritarias de la comunidad, que observa cómo los recursos municipales no se traducen en mejoras tangibles para la calidad de vida de la ciudad.
En campaña para llegar a la intendencia y en el inicio de la gestión y a través de sucesivos anuncios mediáticos, Isa Castagnino buscó instalar la idea de un «gesto ético» afirmando que se reduciría o congelaría el sueldo. Sin embargo, la realidad de los decretos y la grilla salarial vigente demuestra una maniobra previa de reajuste que garantizó remuneraciones exorbitantes para la planta política.
Según el esquema de liquidación del Ejecutivo y del Concejo Deliberante, los haberes brutos asignados para el equipo de gobierno alcanzan cifras desproporcionadas frente a la realidad económica de la provincia:
Intendente: $ 8.229.501,74 (fijado bajo la Ordenanza N° 1102/92).
Secretarios (70%): $ 5.760.651,21.
Asesores (70%): $ 5.760.651,21.
Juez de Faltas (70%): $ 5.760.651,21.
Directores (60%): $ 4.937.701,04 (según Decreto 552/02).
Director de Planificación y Obras Privadas (50%): $ 4.114.750,87.
Delegado de Islas (45%): $ 3.703.275,78.
Directores (35%): $ 2.880.325,61.
A este abultado organigrama se suman los montos destinados al Honorable Concejo Deliberante, donde el sueldo base se incrementa significativamente a través de la asignación de Gastos de Representación:
Presidente del HCD: $ 1.763.464,66 más $ 881.732,33 en Gastos de Representación, totalizando $ 2.645.196,99.
Concejales: $ 1.469.553,88 más $ 734.776,94 en Gastos de Representación, alcanzando los $ 2.204.330,82 cada uno.
El contraste resulta irritante: mientras se predica austeridad hacia afuera, las cuentas públicas absorben gastos millonarios para sostener una estructura política cuyos ingresos no guardan proporción con el estancamiento de la ciudad.
Para comprender cómo se llegó a estos montos millonarios, es necesario revisar el antecedente de «la trampita», el recorrido que va desde el aumento del 100% hasta el recorte puramente simbólico forzado por la condena social, una secuencia de maniobras salariales que la intendenta Isa Castagnino llevó adelante desde su desembarco en el municipio.
El incumplimiento inicial: Durante la campaña electoral, Castagnino prometió expresamente a los victorienses que su primera medida de gestión sería reducirse el sueldo un 40%. Sin embargo, apenas asumió el Ejecutivo, la jefa comunal aplicó un incremento del 100% en sus haberes, pasando de 1,5 millones a superar holgadamente los 3 millones de pesos en plena crisis económica provincial. Aquella suba superó en su momento incluso el salario del Gobernador y contrastó grotescamente con los aumentos otorgados a los trabajadores municipales, catalogados por los propios gremios como «el equivalente a un cuarto kilo de pan».
La maniobra del 40%: Ante la fuerte presión ciudadana y la creciente condena social por haber violado su promesa de campaña, seis meses después de asumir, la intendenta firmó un decreto anunciando una «reducción del 40%». No obstante, la rebaja no se aplicó sobre el haber histórico del intendente saliente, sino sobre el sueldo inflado tras el aumento del 100% que ella misma se había otorgado. Mediante esta ingeniería contable, la promesa del recorte quedó neutralizada y los ingresos reales de la planta política continuaron en ascenso hasta consolidar los más de 8 millones de pesos que percibe en la actualidad.
Efecto condena social: Castagnino se reduce 40% el sueldo luego de aumentarse un 100%
Para disimular los desfasajes de una administración que gasta más de lo que genera y sostener el funcionamiento del municipio, la gestión de Isa Castagnino, dicen fuentes internas, recurre al auxilio de fondos y la ingeniería financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Victoria.
El dato político central radica en la conducción de dicho organismo previsional, en manos de Camilo Stratta, hermano de la diputada provincial Laura Stratta. Este entramado ratifica la consolidación de una red de alianzas y protección política familiar que opera como el sostén de la gestión municipal. La utilización de la estructura previsional para compensar las deficiencias del Ejecutivo plantea serios interrogantes sobre la sustentabilidad de los recursos de la Caja y la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.
La situación de Victoria expone con crudeza los vicios de una política desconectada de las necesidades comunitarias. Las falsas rebajas salariales que terminan encubriendo sueldos de más de 8 millones de pesos, la falta de inversión en obras públicas esenciales y el repliegue del sector comercial configuran un escenario crítico. Mientras los vecinos deben hacer frente a la inflación y a la falta de empleo, el municipio destina fortunas a salarios de la dirigencia y recurre a cajas previsionales para sostenerse, confirmando que las prioridades del gobierno local están muy lejos de la realidad de su gente.