“Planteamos, en primer lugar, a la niña como una víctima de una violación”
“La prueba más contundente de que la niña fue violada está dentro de su útero, que es el embarazo”.
“Desde el primer momento en que tomamos intervención de denuncia de esta situación, planteamos en primer lugar a la niña como una víctima de una violación”.
“No es ni una niña madre, ni una madre adolescente precoz que quedó embarazada; es una niña víctima de una violación y producto de esa violación esa niña quedó embarazada”.
“Desde el primer momento nosotros tratamos de brindarle, tanto a la abogada como a la familia de la niña, asesoramiento, consejería, solidaridad en la situación que se estaba pasando y asesoramiento desde lo jurídico, lo legal, lo farmacológico para llevar tranquilidad a la madre de que el aborto no punible era absolutamente realizable y con mínimos riesgos”.
“La primera barrera que tuvimos fue la abogada, que ha estado en un hermetismo desde el primer momento; ella no ha accedido ni a entrevistas ni a reportajes ni a llamados. Tuvimos un único llamado en donde nos ofrecimos para brindarle asesoramiento, pero ella lo negó y eso complicó un poco la cuestión”.
“Cuando hablamos de presiones hablamos de un cúmulo de cosas que se fueron dando desde mismo momento en que la familia fue puesta en la lupa de todo el país. Lamentablemente por la menor y por la provincia de Entre Ríos que está figurando en las noticias de todo el país por un hecho como este que tiene que ver estrictamente con el incumplimiento de la ley”.
“Estamos pidiendo que se cumpla la ley; no es una campaña a favor del aborto como las hay, pero ahora estamos luchando por el cumplimiento del artículo 86 del código penal que estipula claramente que en una situación de violación y embarazo es permitido el aborto por ley en Argentina desde 1921”.
“Nosotros decimos que el Estado Provincial ha incumplido con la ley en la figura de sus funcionarios”.
“La judicialización que no debería haber existido es en referencia a esta cuestión de que el juez tiene que intervenir para autorizar el aborto. Eso es lo que nunca debió haber ocurrido si se hubiese cumplido con las pautas que estipula el artículo 86 del código penal. La otra judicialización por la causa que tiene que ver con el joven es otra cosa, va por otro carril”.
“La prueba más contundente de que la niña fue violada está dentro de su útero, que es el embarazo. Para la justicia argentina una niña menor de 13 años, embarazada, significa violación aunque la niña haya consentido la relación sexual”.
“Niña, 11 años, violada, embarazada dan por resultado un aborto no punible, y eso tampoco pasó”.
“El juez debería haber dicho: acá la justicia no puede ni debe intervenir, porque esto es un acto médico, resuélvanlo ustedes en el hospital”.
“Nosotros como Conders habíamos pedido una reunión con el ministro para tratar otros temas relacionados a los derechos sexuales y de reproducción que estaban pendientes en la provincia”.
“Ayer nos reunimos, fue muy amena y muy respetuosa, se planteó nuestra posición de no compartir de ninguna manera el comunicado que había sido difundido el día miércoles y por supuesto le dijimos al ministro que no compartíamos ninguna de sus declaraciones”.
“Él nos dijo que se mantenía en su posición, es decir, que él esperaba que la justicia dictaminara”.
“Nosotros, sin saber que esto iba a cambiar tan rápidamente, le pedimos al ministro que se comprometiera a que si el juez autorizaba el aborto, el ministerio garantizaría que esto ocurriera”.
“Tenemos entendido que la menor lleva doce semanas, tres meses de embarazo. En el sitio del Ministerio de Salud de la Nación está colgada la línea de atención de abortos no punibles. En ella se da todo el marco jurídico y legal que protege al médico. El juez también podría haber leído la guía porque ahí se especifica con nombre, con jurisprudencia y detalles el artículo 86 del Código Penal”.
“La segunda parte de la guía aborda el aspecto médico, sobre cómo llevar a cabo un embarazo menor a doce semanas y mayor a eso. Esto está documentado y tiene respaldo científico de todo el mundo”.
“En la provincia en 2007 hubo un caso similar, de una joven discapacitada y violada, donde también se prolongó el embarazo hasta las 20 semanas, es decir cinco meses, el Tribunal Superior de la provincia dictaminó y sentó jurisprudencia en ese caso al decir que la justicia no debía intervenir en estos casos porque es un caso médico. El tribunal se expide diciendo ‘hagan lo que tienen que hacer, háganle el aborto’”.
“Los médicos acá en Paraná se niegan argumentando que era un embarazo grande. Por intervención del ministro de Salud de la Nación, que en ese momento era Ginés González García, mandan un avión, la llevan a Mar del Plata, le hacen el aborto y vuelven a Paraná, o sea que no hay un plazo para la interrupción del aborto”.
“No pudimos contactarnos con la familia de la menor, porque cuando fuimos a brindarle información para que estuviera tranquila porque era una práctica que podía llevarse a cabo con el menor riesgo para su hija, no pudo ser posible”.
“Lamentamos que ni siquiera el juez buscó información para buscar la solución en beneficio de los derechos de esa niña”.
“Si esta niña perteneciera a una familia de clase media- alta, no solamente no hubiese salido a la luz, sino que le habrían hecho el aborto en el sanatorio más prestigioso del lugar que vos quieras, de eso no caben dudas”.
“No hay que perder de vista que estamos hablando de una violación, porque acá hay un delito gravísimo contra esta niña y el Estado provincial ha mirado para otro lado, amparándose en preconceptos, en prejuicios, en valores religiosos, porque nadie argumenta de frente diciendo que es por sus convicciones”.
“Uno en su casa, de la puerta para adentro, puede pensar y hacer y decir lo que quiera porque está en el ámbito de su libertad, pero cuando uno es funcionario público, lo primero que debe hacer es cumplir con la ley, porque si ellos, desde el gobernador para abajo, no cumplen con la ley que está escrita y en vigencia, estamos ante un problema más grave”.