Una investigación con ribetes de escándalo
Una de las empresas constructoras que ha obtenido licitaciones millonarias en la obra pública de Paraná y la Provincia, y negocios por 400 millones entre el sector privado y el Estado Municipal.
En manos del juez Pablo Virgala, actualmente bajo la caratula “GUZMAN GUSTAVO RAUL Y ZAVALLO GUSTAVO MARCELO C/MUNICIPALIDAD DE PARANA, NORVIAL SERVICIOS S.A. Y SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE ENTRE RIOS S/AMPARO-Ambiental” Expte. N°6485 se está debatiendo un inminente perjuicio o daño ambiental en la zona del Acceso Norte de la capital entrerriana.
Un litigio en donde están vinculados una empresa, una institución y funcionarios, en el cual se denunciaron, negociados e irregularidades para obtener las respectivas habilitaciones en la urbanización.
Un escándalo sin precedentes que vincula a funcionarios, empresarios e instituciones, en este caso el colegio de bioquímicos.
Sin embargo, no se contaba con que el mismo amparo destapara quienes estaban al frente de la empresa constructora de los millones, lo que dispara el interrogante: quienes están detrás?
Una empresa que a través de uno de sus integrantes, el ingeniero Leonardo Damonte, ya conocido en el mundillo judicial, que en el 2005 fue condenado a dos años de prisión condicional por infracción a la Ley 24.769, y de su director de obra, el ingeniero Matías Fernández Arnau, se descubre que ha obtenido cuantiosas sumas por contratación con el gobierno municipal y del Promeba otorgada por la unidad ejecutora provincial, siempre por las mismas personas de esta repartición, trascendiendo el inicio de una investigación por adjudicaciones y falta de controles en los trabajos contra los popes de la UEP y la promoción de una querella por injurias contra Fernandez Arnau.
Una empresa que figura como presidida llamativamente por una persona cercana a la indigencia.
Se trata de Maria Eugenia Castrillón, una persona que en el 2015 declaraba ante la ANSES: “PROCREAR fue la única manera de tener la casa. Yo soy mamá soltera, tengo un solo ingreso y con un hijo adolescente”.
Una mujer que figura sin impuestos activos en la AFIP, siendo que su empresa factura cuantiosas sumas por la construcción de urbanizaciones.
Es más, llamativamente figura como empelada de una de las conocidas “cuevas”, como se conocen a las financieras, muchas de las cuales han sido investigadas por lavado de activos, de estrecha vinculación con el mismo Damonte y otros conocidos contadores con asiento en la ciudad de La Paz bajo el nombre de “Crediexpress”.
Lo sorpresivo proviene de que esta persona, madre soltera con hijo, un único ingreso, y beneficiaria del procrear, figura como dueña de una empresa que posee como patrimonio una importante flota de camiones y decenas de máquinas que oscilan entre los 300 y 400 mil dólares.
Así figura en el acta constitutiva suscripta ante escribano público y que se encuentra en el despacho del juez Virgala, “el capital se emite íntegramente, siendo suscripto por los accionistas de la siguiente forma: Granos Argentinos SA: suscribe 1800 acciones, o sea la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000), equivalente al noventa por ciento y María Eugenia Castrillón, suscribe 200 acciones, o sea, la suma de pesos veinte mil, equivalente al diez por ciento”.
Granos Argentinos SA, esta presidida por el mismo Damonte, quien junto a su mano derecha, Néstor Dalmolin, concuñado de un senador provincial, actualmente presidente de NORVIAl Servicios S.A., una empresa estrechamente ligada a Carlos Molina.
Conexiones y vinculaciones que llevan a la pregunta que se hacen todos y que seguramente se hará el magistrado actuante: ¿Qué garantías le dan a la gente, en cuanto a la responsabilidad contractual, estos titulares de una empresa que se dedica a la construcción de urbanizaciones, cuando uno de ellos ha sido condenado penalmente y la otra se encuentra en una condición que raya a la indigencia?
Una empresa que hace 30 días obtuvo la licitación ante el Gobierno Municipal del puente de calle Moreno, sobre el arroyo La Santiagueña de la ciudad por una cifra cercana a los 15 millones de pesos.
La pregunta es como si ponen tanto recelo en ciertas cuestiones, caso del Secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli, que en contestación de la demanda de amparo exigía las pruebas que constaten que tanto Gustavo Guzmán como Gustavo Zavallo están investidos como diputados provinciales, no lo hagan con quienes integran las empresas que ellos contratan por cifras millonarias y otorgan habilitaciones con un gran perjuicio ambiental, sobre todo si los que tienen que responder frente a los daños en la justicia bordean la indigencia.
Una empresa que ya tuvo serios inconvenientes en Concordia luego de que salieran a la luz graves irregularidades.
Entre las obras a su cargo se encontraban varios barrios de Concordia bajo el Programa de Mejoramiento de Barrios, que prevé mejorar la calidad de vida en asentamientos y villas mediante la construcción de cordones cuneta, asfalto, luminarias, cloacas, instalaciones de agua y demás, con fondos transferidos de la nación hacia las provincias y luego a los municipios.
Recientemente, según trascendió, por serias irregularidades e incumplimientos, le retiraron la ejecución de las obras del programa, con lo que se sienta el precedente para que nunca más esa empresa sea beneficiada con estos fondos confirmado por el ministro de obras públicas, Luis Benedetto y por el intendente de la localidad, Enrique Cresto.
Según comentaban los vecinos y funcionarios, una de las principales anomalías era que la empresa asfaltaba sobre cloacas en mal estado, que luego reventaban, provocando grandes daños y contaminación en los barrios.
Indudablemente que el magistrado que lleva adelante el proceso de amparo, de constatar estas serias irregularidades y la inexplicable situación patrimonial, financiera y fiscal de los titulares de la empresa constructora, correrá vista a la fiscalía y a la AFIP para que estos organismos investiguen la posible comisión de hechos ilícitos y quienes son los verdaderos dueños de la constructora, así lo establece el conjunto de deberes que tienen a su cargo los jueces.
Una duda que surge, sin más, del hecho de que quien figura como dueña de Norvial, María Eugenia Castrillón, no puede justificar, con el escaso patrimonio que sostiene poseer y sin impuestos registrados, estar al frente de una empresa que cuenta en su haber cuantiosas sumas de dinero, conociendo esta situación el Colegio de Bioquimicos como el Municipio, disparándose otro interrogante: ¿quienes responderán por los daños y perjuicios proveniente de las construcciones?
Empresas que esgrimen estar invirtiendo en la ciudad cuando los beneficios obtenidos y a obtener son de tanta magnitud, en este caso 400 millones, que distan manifiestamente de ser una inversión, y que, con sobrados ejemplos, han perjudicado enormemente a los vecinos con construcciones defectuosas o deficientes.