Se viene otra denuncia penal contra el ex presidente y funcionarios de Vialidad.

Otro escándalo en Vialidad y la Provincia por la corrupción estructural

A sabiendas de su ilegalidad y de su falta de competencia, y a horas de habersele pedido su renuncia, el conductor de la DPV y 12 funcionarios dispusieron una bonificación extraordinaria para los pasivos generando las expectativas de los mismos que no lo podrán cobrar.

Un escándalo de magnitud se desata por estas horas en la Dirección Provincial de Vialidad, luego de un sinnúmero de reclamos realizados por pasivos del organismo por un incremento del haber.

Allá por el 2016, cuando el organismo era conducido por el polémico Juan Carlos Lallana, que también encabezaba el gremio, una llamativa resolución desató lo que hoy se ha convertido en una gran preocupación y desazón en los jubilados viales.

La resolución fue dictada por la Comisión Paritaria Provincial, un ente mixto que conjuga a representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER)que actualmente y en ese entonces titulariza Lallana, e integrantes de la DPV, por la cual se le otorgó a los pasivos del organismo una “bonificación extraordinaria por jubilación”.

Por ese entonces la comisión estuvo integrada por Juan Cruz Lallana (hijo del sindicalista), Ariel Landra, Juan Vera, Hugo Reyes, Yamila Álvarez y Jorge Ledesma, por SOEVER, y Guillermo Van Opstal, Héctor Somer, Oscar Ancillotti, Alberto Johnston, Rafael Cardoso y Bárbara Schroeder, por la DPV, hoy responsables de las expectativas malogradas de los pasivos.

Se trata de una resolución muy polémica, tildada de ilegal, porque no contaba con ninguno de los dictámenes de las áreas pertinentes por las que debía transitar para que se autorizara la disposición de los fondos que incrementarían los haberes pasivos.

Con una actitud demagógica y conocedor de las irregularidades de aquella resolución y sobre todo de su falta de competencia para otorgar la bonificación, que impedirían el pago, Lallana no solamente continuó anunciando el beneficio para los jubilados, sino que lo homologó a través de la resolución 1726 del 18/07/2016.

La fecha no es un dato menor, ya que la resolución fue suscripta por Lallana el día posterior al que el gobernador Gustavo Bordet le pidió la renuncia.

Una verdadera canallada maniobrada por Lallana en connivencia con la generalidad de los integrantes de la comisión paritaria que le responden,ya que desde un primer momento no contaba con los requisitos para que el beneficio llegara a buen puerto.

Ahora ambas resoluciones fueron declaradas lesivas e ilegítimas, por los numerosos vicios que contenían las mismas, todos estos atribuidos al actual secretario general de SOEVER, que sigue sumando escándalos e irregularidades a su frondoso prontuario que no tenía competencia para otorgar el beneficio.

Lallana está siendo investigado actualmente por el Ministerio Publico Fiscal por el notable incremento patrimonial al que ha accedido en los años en que estuvo al frente de Vialidad y en todo el tiempo que condujo el gremio, que ahora nuevamente es puesto en la mira por este desmanejo y maniobras irregulares con los jubilados.

Entre los vicios que indica el área de legales de la DPV y el dictamen de fiscalía de Estado, se indican la falta de mención de los recursos con los que se entendería el beneficio como también la ausencia de los dictámenes de las distintas áreas técnicas, contable, jurídico y administrativo, y lo más grave, ni la comisión paritaria ni Lallana eran competentes para otorgar el beneficio.

Una irregularidad cometida a sabiendas por Lallana que irresponsablemente jugó con la necesidad de los pasivos del organismos, una actitud sumamente reprochable que origina una inminente denuncia penal contra el ex presidente del organismo de los caminos y los 12 funcionarios por incumplimiento de con los deberes de funcionario público y corrupción.