Luego de la polémica y las denuncias: ingresó un pedido de informes para conocer los sueldos de los funcionarios de Sidecreer

Los beneficios que perciben al acceder a su cargo, con salario altísimos, viáticos constantes, gastos exorbitantes, como también la utilización de los bienes públicos como propios, en la mira de la ciudadanía, mientras tanto la respuesta del Estado para cubrir necesidades básicas es que no hay presupuesto.

Las quejas, reclamos y cuestionamientos por parte de sus propios trabajadores desataron la polémica en torno a los exorbitantes sueldos y demás beneficios económicos que obtienen los funcionarios que conducen la empresa de “la  tarjeta entrerriana”.

La generalidad de los integrantes de la firma estatal manifiesta la gran preocupación por la deficiente administración de la misma, apuntando principalmente contra su presidente, Eduardo Dovrin, aunque también apuntan a toda su conducción.

El directorio del Sistema de crédito de Entre Ríos Sociedad Anónima está compuesto por un presidente, Dovrin designado desde el 2017 por el gobernador Gustavo Bordet, una vicepresidenta, Silvia Kupervaser,  dos directores titulares, los Dres. Gabriel Molina y Julio Aldaz, y una gerente general, María Gabriela Vergara.

Empresa que a su vez integran tres síndicos los cuales deben fiscalizar la administración de la mismo, ellos son el Dr.  Julio César Rodríguez Signes y los contadores  Manuel Ignacio Barreneche  y Rubén Darío Brau.

No son los únicos funcionarios envueltos en la polémica y quejas por los suculentos sueldos que no se condicen en nada con la realidad que hoy viven los trabajadores, críticas envueltas en la marcha de la repartición, organismo o empresa que conducen.

Los cuestionamientos tampoco son unísonos de los trabajadores de las propias áreas donde se desempeñan los funcionarios criticados, existe un malestar generalizado en la ciudadanía por los beneficios que perciben al acceder a su cargo, salario altísimos, viáticos constantes, gastos de representación, como también la utilización de los bienes públicos como propios con los autos oficiales a su disposición, casas que le alquila el estado, y la lista sigue.

Recientemente este Portal accedió a los ingresos mensuales que perciben algunos de los muchos funcionarios que se desempeñan en la secretaria general de la gobernación que conduce Edgardo Kueider, al ver los mismos, las críticas no solo tomaron peso, sino que tuvieron sustento.

Casi 2 millones mensuales se destinan de las arcas públicas solo para pagarle el sueldo a 15 funcionarios de la secretaria de Kueider, una suma muy considerable de dinero que no contempla los viáticos diarios y demás beneficios pecuniarios que los mismos obtienen.

Mientras la Provincia se da el lujo de solventar este despilfarro para sus funcionarios hay quejas por faltantes de presupuestos en áreas sensibles como en los módulos alimentarios para los más humildes, básicamente con todo aquello que tiene que ver con las necesidades básicas de los entrerrianos que hoy viven una situación desesperante por la crisis que azota al país.

Es más, hace dos semanas fallecía un trabajador en Casa de Gobierno que se descompuso en su oficina ante la indiferencia de las autoridades que, a pesar de varias advertencias de la ART sobre las condiciones edilicias de emergencias necesarias que se incumplen,  han argumentado la falta de presupuesto para comprar un indispensable desfibrilador.

Ahora bien, la preocupación de los trabajadores de Sidecreer proviene de los distintos reclamos desoídos que han realizado ante las autoridades con el fin de que la empresa no corra riesgos y no genere incertidumbre a sus trabajadores, a sus comerciantes, a sus socios y a sus proveedores.

Asimismo, los trabajadores también expresaron su desasosiego por lo que consideran una “amenaza vigente” proveniente de sectores que han querido alcanzar beneficios individuales por encima de los intereses comunes de la empresa sin contemplar la importancia social, política y cultural que nuestra fuente de trabajo tiene para la sociedad.

Frente a esto, llegó este martes un pedido de acceso a la información pública interpuesta ante la mesa de entradas de la empresa estatal de créditos con el fin de conocer los ingresos de Dovrin, Kupervaser, Molina, Aldaz, Vergara y sus síndicos.

Un derecho constitucional ejercido por una ciudadana de Paraná dirigido al presidente de la empresa, que también tiene como objeto saber si los mismos han presentado sus declaraciones juradas de bienes previstos en la ley 3886 y el contenido de las mismas, es decir, como está compuesto el patrimonio de los mismos y si, en el transcurso de su cargo, se han modificado considerablemente.

La información solicitada incluye el haber mensual neto y bruto que han percibido por funcionarios mencionados  en los últimos  tres meses, esto es, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, gastos de representación y viáticos y todo otro plus que involucre un aumento en los ingresos.

Se solicita, asimismo, que se adjunte, en todos los casos, los recibos de haberes de los funcionarios mencionados y demás documentación respaldatoria que avale la respuesta anterior.

Ahora en un plazo de 10 días hábiles, Dovrin, deberá responder cada uno de los puntos de información solicitado, estando obligado hacerlo.