“Hemos manifestado hace tiempo la ausencia del Estado municipal como contralor y poder de policía para que el sector empresario cumpla el contrato de concesión, porque es algo que está en el acuerdo”.
“Estamos ante una situación muy complicada con el tema del transporte porque estamos trabados en una situación conflictiva muy grande, las posiciones que tomó el sector empresarial de manifestar que no cuenta con los recursos económicos para afrontar las aquerencias con el personal y demás”.
“Este conflicto, que tiene que ver también con la reestructuración de los subsidios nacionales, ha afectado la vida cotidiana de los paranaenses, que no pueden cumplir con sus obligaciones de todos los días”.
“Nosotros hemos manifestado hace tiempo la ausencia del Estado municipal como contralor y poder de policía para que el sector empresario cumpla el contrato de concesión, porque es algo que está en el acuerdo”.
“En el día de ayer la resolución sacada por la Justicia provincial ratifica que no es la Justicia sino el Estado municipal el que debe hacer cumplir la prestación del servicio porque cuenta con las herramientas institucionales y jurídicas para hacerlo cumplir”.
“Hay una responsabilidad absoluta del Estado que debe hacer cumplir un servicio de calidad y eficiencia para los ciudadanos”.
“Los empresarios plantean la falta de rentabilidad del sistema, pero no estamos de acuerdo porque con la tarifa a 29 se da el margen de rentabilidad. Ellos manifiestan que la reestructuración de los subsidios les hizo perder rentabilidad”.
“Además está el tema de los trabajadores que reclaman lo salarial y estamos en una situación muy difícil. Hay que discutir si el sistema hoy no es rentable o si por el sistema macroeconómico se da esta situación”.
“Esto afecta a los sectores asalariados que no pueden ir a trabajar y los empresarios claramente por la situación económica han visto menguadas sus ganancias”.
“El intendente ha hecho uso de una facultad que está en el contrato de concesión que dice que habiéndose operado un incremento superior al 10% de los gastos de personal, combustible y precio de las unidades 0km, el intendente puede por decreto aumentar la tarifa”.
“Lo que se esgrimía como un logro del Ejecutivo, de que el HCD fije la tarifa del boleto, no es así porque es la segunda vez que el intendente aumenta la tarifa por decreto”.
“Nosotros avanzamos en las responsabilidades del Estado municipal. Como organismo del Estado, tenemos que garantizar los derechos de los ciudadanos y abrir canales de participación en el conflicto obrero patronal para buscar alternativas a la situación”.
“El ministerio de Trabajo de la nación maneja 5mil millones que le ha otorgado a otras provincias y ciudades para arreglar sus situaciones y a Paraná no, en un acto que consideramos discriminatorio”.
“Cuando se determinan algunas pautas salariales a veces se hace en los términos de la política de subsidio de Buenos Aires y Capital Federal pero desconociendo el estado del transporte en el resto del país”.
“Los empresarios reclaman que han tenido pérdidas con la readecuación de la tarifa que no fue conforme a lo que pretendían pero no está debidamente certificado y no lo pueden acreditar en el marco judicial”.
“Paraná tiene unos 190 mil boletos diarios, para estas personas lo que significan 9 días de paro, con el trabajo, actividades diarias, cuestiones de salud porque los medios alternativos para muchos sectores son imposibles en lo económico”.
“La municipalidad tiene las herramientas institucionales para hacer que se restituya el servicio, debería haber por lo menos un grado de cordura y contemplar la situación por parte del sector empresario que durante mucho tiempo fueron beneficiarios de un grado de rentabilidad muy importante, y tienen que pensar en el costo social para la ciudadanía en el tema de recorridos, frecuencia, cantidad de coches”.
“También está el reclamo genuino de los trabajadores a percibir sus salarios en tiempo y forma, el sector empresario tiene que tener en cuenta que durante mucho tiempo fueron beneficiarios de una renta diferencial que hoy se ve disminuida por la situación económica del país pero los sectores más afectados son los usuarios asalariados que están prácticamente desprotegidos en la ciudad de Paraná”.
“Está en marcha la declaración de servicio esencial, que regula la nación pero la asociación interamericana del trabajo no considera al transporte como un servicio esencial y vamos a quedar en la judicialización porque es una medida inconstitucional porque afecta el Artículo 14 de la constitución, que es el derecho a huelga”.