Varisco al banquillo por los favores pagados a los aportes de campaña del narcotráfico

Causas que guardan cierto paralelismo con la que tiene como principal acusado al sindicalista y empresario Herme Juárez, que también tramita la justicia federal y que vincula a dirigentes políticos con los aportes de campaña.

El próximo 19 de septiembre, el intendente de Paraná se sentará en el banquillo de la Justicia Federal, acusado de financiamiento de una organización criminal dedicada al narcotráfico, puntualmente la liderada por Daniel “Tavi” Celis.

Y junto al intendente varios funcionarios municipales, entre ellos el concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la extitular de la Secretaría de Seguridad y expolicía Griselda Bordeira.

Aunque no son los únicos, el propio Celis también será llevado al salón de audiencias del Tribunal Federal, junto con el resto de los integrantes de la banda narcocriminal.

Se trata de los megas expedientes de las causas conocidas mediáticamente como “narcoavioneta” y “narcomunicipio”, las cuales fueron acumuladas para su resolución conjunta.

Causas que guardan cierto paralelismo con la que tiene como principal acusado al sindicalista y empresario Herme Juarez, que también tramita ante la justicia federal, pero en la localidad de Campana.

El nombre de Varisco apareció ligado al líder narco Celis de manera oficial en la Justicia Federal en el 2017, en la causa de la narcoavioneta, en virtud de varias horas de escuchas que los vinculaban estrechamente.

En dicha causa, a pesar de que los pronósticos avizoraban que el intendente sería llamado a indagatoria, se lo citó pero solo como testigo.

Llegada la investigación a su fin, al momento de resolver la suerte de los imputados, el juez federal Leandro Ríos, en virtud de aquellas escuchas, tuvo por probada aquella vinculación en virtud de un acuerdo electoral y político entre Varisco y Celis, aunque dicho material no fue suficiente para determinar en aquel momento la posible comisión de un delito cometido por el intendente.

“Como indicios indubitados de la relación “política” de Sergio Fausto Varisco con Daniel Andrés “Tavi” Celis, deben destacarse dos episodios registrados, en los cuales se acredita la alta preocupación del Intendente y sus colaboradores por la suerte judicial de su socio político”, expresa el procesamiento de la causa narcoavioneta que publicó posteriormente este Portal.

Agregando que “Ambos consisten en averiguaciones y/o gestiones telefónicas sobre la detención de Celis una vez que fuera ordenada y ejecutada por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos”.

Ríos en aquella oportunidad sostuvo que “La facilitación por parte del Intendente Sergio Fausto Varisco de los medios materiales y humanos para la consolidación de la organización delictiva comandada por Daniel Andrés “Tavi” Celis y su hermano Miguel Ángel “Titi” Celis, del modo en que fuera descripto, constituye una aportación riesgosa prohibida desde el tipo objetivo, la cual en principio y en atención a las probanzas producidas hasta el momento, no encuentra su correlato subjetivo doloso.”.

En criollo: no se pudo demostrar que aquella al momento de allanarle el camino a Celis, Varisco supiera o conociera, tuviera la intención, de que el mismo dispondría los recursos municipales en el narcotráfico.

“En definitiva, queda plasmada en la presente instrucción judicial una peligrosa relación entre las actividades políticas electorales y el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes. Las condiciones políticas institucionales y económicas resultan de vital importancia para el desarrollo y crecimiento del narcotráfico y esta afirmación no es dogmática o general, sino que en esta investigación han quedado evidenciadas y acreditadas suficientemente”, sostuvo Ríos, describiendo una especie de acuerdo previo a la campaña del actual intendente.

“No es casualidad”, agrega el magistrado “que el financiamiento político en los niveles municipales y de la Provincia de Entre Ríos carezca de toda normativa y aún hoy en el siglo XXI sea advertida como un ámbito especial e interesadamente desregulado, descontrolado y oscuro”

El párrafo de Ríos manifestando “No es patrimonio exclusivo de un candidato determinado o de un partido o alianza específica esta clase de roces y/o vinculaciones demostradas”, es en este punto bastante elocuente.

Si bien el magistrado se hacía eco de la narco criminalidad, este tipo de delitos, en donde interviene una asociación de delincuentes que comercializa estupefacientes, no exclusiva en cuanto a los aportes que reciben algunos dirigentes para sus campañas.

Cualquier suma dinero en negro, ya sea proveniente del comercio de drogas o de cualquier otra actividad ilícita o lícita sin declarar, aparece útil a la hora de financiar ciertas campañas políticas.

Así se erige la figura penal denominada “lavado de activos” regulada en los artículos 303 y siguientes del Código Penal.

Delito junto con el de asociación ilícita, extorsión y estafas por los que fue procesado recientemente el sindicalista y empresario portuario, Herme Juárez.

Causa que directa o indirectamente guarda similitud con las de Sergio Varisco. En ambas de desnuda un sistema consistente en un acuerdo electoral previo donde el privado financia la campaña política del candidato con chances de ser electo, dinero proveniente de actividades non sanctas,  a cambio de “favores” cuando se hace del poder en el cargo.

La causa de Juárez, como la de Varisco, también sacude fuertemente a la provincia. De las 40 horas de escuchas telefónicas de las que se hizo el juez federal de Campana Adrián González Charvay, como también de facturas.

Según detalla González Charvay, los aportes de campaña “fueron facturados como gigantografías para justificar la erogación de la Cooperativa”, en otras palabras el magistrado asegura que la entidad fue “utilizada para financiar diversas actividades políticas y la forma de justificar los egresos sería mediante la adquisición de facturas por servicios inexistentes”.

Entre los destinatarios del dinero proveniente de actividades ilícitas para justificar egresos aparecen varios dirigentes políticos, entre ellos, la candidata a intendenta de la ciudad de Victoria, la actual edil Isabel Castagnino.

La pregunta obligada al respecto de la figura de la concejal victoriense: ¿tan solo con 4 años en una banca del Concejo, tiene la edil peso suficiente como para acordar con el poderoso sindicalista portuario y empresario?

La respuesta que se erige en negativa, a nadie en Victoria como en la Provincia se le puede ocurrir que Castagnino, una emprendedora de la ciudad, haya celebrado por sí misma un acuerdo con semejante figura, apareciendo necesariamente el nombre de la ministra de desarrollo social, vicegobernadora electa y jefa política del departamento, Laura Stratta.

Un dato de interés, y que nadie dice, proviene de la propia localidad, es sin dudas el puerto de Victoria uno de los más grandes del país, lugar donde comenzó hacer sus negocios el sindicalista y empresario hoy detenido y donde inicio sus fuertes vinculaciones con la dirigencia política.

Un puerto que hace un tiempo viene siendo sospechado, siendo considerado por el microclima una de las cajas más grandes de la política de la Provincia.

Más allá de esto, en el ámbito político, a nadie se le escapa que Castagnino llegó a ser concejal en el 2015 en virtud de haber sido elegida por la propia Stratta, justamente por haber mantenido su perfil bajo y de sumisión ante la actual ministra, se ganó un lugar dentro de su círculo político confianza, tanto fue así que la ministra, cuando ya se sabía que sería la compañera de fórmula de Bordet nuevamente la ungió, designándola la candidata a intendenta del PJ Victoria que aquella preside.

Este último dato también es importante, Stratta no solo maneja los hilos de Castagnino, en cuanto a decisiones políticas en la ciudad, sino también de todo el departamento, todas aquellas cuestiones que hagan a lo político, partidario, electoral e incluso institucional provincial, pasa por las manos de la licenciada.

Pero si es un hecho notorio que Stratta maneja el departamento y a nadie le cabe duda de ello, y que en esa calidad tuvo que saber o conocer sobre los aportes recibidos para los candidatos del PJ Victoria, también es una realidad que su compañero de fórmula, Gustavo Bordet, debió estar en conocimiento de la situación, ya sea no oponiendo resistencia a recibir el dinero de Juárez o autorizando el mismo.

Un dato destacado: en las gigantografías, pasacalles y afines que el juez federal destaca como material de difusión de la campaña del PJ Victoria no solo aparecieron Castagnino y el resto de los candidatos de la localidad, también Bordet y Stratta, ninguno de los dos puede estar ajeno, ni hacerse los desentendidos.

Este fue el sentido que este Portal realizó sobre el procesamiento de Juárez y sus relaciones con Castagnino, interpretación o análisis que provocó el gran malestar de Stratta, tanto que hasta intimó con carta documento.

Una CD donde, demostrando un conocimiento acabado de la causa, se desliga de cualquier relación o vinculación con el procesamiento, desmintiendo que su nombre aparezca en las escuchas y que, en consecuencia, al mismas la comprometan, aunque, no desmienta los hechos que se atribuyan a Juárez, ni, lo que es más grave, a Castagnino, ni siquiera que la misma recibió dinero proveniente del lavado.

Pero volviendo al paralelismo con las causas de Varisco, en ambas las escuchas fueron fundamentales, vale decir, de las tareas previas realizadas por la Policía federal, las que en la mayoría de los casos incluye intervenir teléfonos y seguimientos de los sospechados (previa orden del juez autorizando, lógicamente).

Ambas causas iniciaron con las escuchas, en el primer caso a Celis y a varios funcionarios municipales y en el del sindicalista, al propio Juárez y a sus allegados.

No es la única similitud, la investigación de la Justicia Federal de Campana comenzó ante una denuncia de narcotráfico que relacionaba a Juárez, la misma luego se desencadenó en asociación ilícita, extorsión, estafas y lavado de activos.

Los paralelismos continúan, el claro ejemplo es Castagnino y las escuchas comprometedoras. En la causa de Varisco, el juez federal no creyó Bordeira o Hernández hubieran transado con Celis a espaldas de su jefe político.

Si la vara de la Justicia fuera la misma, las interpretaciones del juez federal de Campana vendrían por el mismo camino en la investigación ligando, como hizo el de Paraná, a los jefes políticos que también se han beneficiado de los aportes de campaña.

La única diferencia es que Varisco ganó las elecciones y pudo, y por eso en septiembre se tiene que sentar en el banquillo, abonar los favores o contraprestaciones acordadas con Celis que le financió la campaña. Castagnino no ganó, ergo el retorno al sindicalista se hizo imposible, aparte a Juárez le desbarataron los negocios, aunque Bordet y Stratta si lograron imponerse en Victoria.

 

 

2 comentarios

Susana 27 agosto, 2019 at 12:38 pm

SIN JUSTICIA, SOLO HAY DIVISIONES, VICTIMAS Y OPRESORES. ( Napoleon Bonaparte)

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ALBERTO 27 agosto, 2019 at 12:48 pm

UYYY QUE LINDO SE PONE ESTO! PARA LA JUSTICIA DEBERIAMOS SER TODOS IGUALES CHE…

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