Stratta, la ministra que permitió o no se opuso a que la Provincia perdiera más de 60 millones de pesos para la ayuda social

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La gravísima irregularidad es investigada por la fiscal Paola Farinó, el daño patrimonial al Estado provincial asciende a más de 60 millones de pesos, dinero que debía destinarse para cubrir las necesidades básicas de los más humildes hoy tan golpeados por la crisis económica que atraviesa el país.

Corría el mes de mayo del 2018 y el empresario dedicado a la explotación de los juegos de azar, conocido en los medios nacionales como “el zar del juego, Daniel Mautone, recibía una muy buena noticia por parte del Gobierno de Entre Ríos.

Luego de varios intentos, obtenía un cuantioso beneficio económico, con la consecuencia inmediata de ingresos millonarios para la firma del Mautone, Casino Victoria S.A., a través de la Resolución Nº0501/2018 suscripta por el directorio del IAFAS.

A través de dicha normativa, Silvio Vivas, Guillermo Dubra y Gabriel Abelendo, aprobaban una adenda al contrato del Casino Victoria S.A. para la explotación de las máquinas tragamonedas del casino ubicado en la ciudad de Victoria celebrado el 30 de marzo de 2005.

La modificación contractual (adenda) establece que a partir del momento de la presentación solicitando el beneficio, el Casino debe abonar un porcentaje inferior al que venía abonando en concepto de canon por la explotación de las maquinitas.

En cifras tangibles, la “renegociación” del canon repercute en un daño patrimonial al Estado Provincial que a la fecha supera ampliamente los 60 millones de pesos.

Pero más grave aún, es el destino que debía otorgársele a dicha cifra, los 60 millones de pesos debían ser dirigidos a la ayuda social, vale decir, a cubrir las necesidades básicas, alimentos y vestimenta de los menos favorecidos de la provincia.

Hoy los resultados están a la vista, y más aun con la grave crisis que azota a los sectores medios y bajos producto de las políticas del Gobierno Nacional.

Este Portal ha reproducido cada una de las denuncias que han realizado vecinos de barrios muy carenciados, caso de Chacras, Los Berros, Juan Pablo II, entre otros de Paraná, como también provenientes de ciudades como Concordia, Chajari, La Paz, Bovril, Feliciano, la lista es interminable.

En todos los casos los intendentes de dichas localidades han convalidado con declaraciones públicas o a través de políticas de emergencias en sus Municipios cada una de las denuncias: hoy las familias más pobres están pasando hambre. La realidad es incontrastable y lo peor es que era predecible, teniendo en cuenta las distintas medidas que venía tomando el Gobierno de Macri.

Justamente por esta previsibilidad resulta sumamente llamativo que la ministra de desarrollo social, Lura Stratta cartera más perjudicada con la reducción del canon a la firma de Mautone no la haya cuestionado, o más aun, no se haya opuesta, a que las autoridades del IAFAS la adopten.

Omisiones que de manera indirecta la convierten en responsable de que hoy existan más de 60 millones de pesos menos para destinar a los módulos alimentarios que en todos los barrios carenciados denuncian como faltantes.

¿Por qué la ministra eligió el silencio ante el daño patrimonial con tantas implicancias para los más humildes? ¿Qué razones existieron detrás de la decisión del Gobierno Provincial, a través del IAFAS, de beneficiaria millonariamente al zar del juego? Son algunas de las preguntas que Stratta aún no ha respondido a los entrerrianos.

Ministra que por cierto, a la fecha, a pesar de un pedido de acceso a la información publica presentado, tampoco ha querido responder sobre el destino de los módulos alimentarios que se otorgaron durante el primer semestre del 2019.

Un beneficio, con un daño tangible y que presenta gravísimas irregularidades en torno a la justificación dada por Vivas, Dubra y Abelendo para concederlo.

El único argumento que surge de la resolución 0501/2018, por la cual se aprueba la espuria adenda, consiste en, y se cita “en la grave situación económica financiera por la cual se encuentra atravesando la firma como consecuencia de la pesada carga tributario que viene sufriendo, tanto a nivel nacional como municipal”.

Resulta hasta irrisorio que IAFAS pretenda hacerle creer a los entrerrianos que Mautone, un empresario al cual los medios nacionales le llaman “el zar del juego” justamente por sus millonarios emprendimientos dedicados a la explotación del juego en distintos puntos del país, con ganancias mensuales en cada uno de estos que exceden ampliamente los 60 millones de pesos y con numerosos emprendimientos inmobiliarios también a lo largo y ancho del país, presente una grave crisis económica financiera.

Los ejemplos, de que la inexistencia de una crisis para la firma, son por demás convincentes.

A partir de enero del 2019 el Casino Victoria SA explota las máquinas tragamonedas del Casino Central de Mar del Plata y Casino Monte Hermoso, estableciéndose como retribución a la Provincia de Buenos Aires el 55,5 % de la rentabilidad mensual producida por las maquinitas.

En Entre Ríos, con la reducción del canon, tan solo paga el 30%. Cómo se puede apreciar, la crisis de la empresa aparentemente solo se produce en nuestra Provincia, no así en Buenos Aires donde paga un porcentaje muy superior.

En la Provincia de Mendoza, a través de “Arenas Maipú”, la firma es socia en un megaproyecto que abrió sus puertas en el 2011, compuesto por un enorme casino, un hotel boutique, cines y auditorio, es una muestra de la proliferación de hoteles de alta gama sustentados en el juego que se multiplican en la provincia cuyana.

La inversión para el mismo fue valuada en U$S 65 millones.

Sin irse muy lejos, el recientemente inaugurado en la ciudad de las siete colinas, Hotel Sol Victoria, de propiedad del empresario.

Es dable mencionar que el Sr. Mautone, titular del Casino Victoria S.A., también tendría bajo su titularidad las sociedades anónimas Bingo Horse y FEMAU, cuya actividad principal también consiste en la explotación del juego de azar.

Asimismo existen fuertes versiones que indican que Mautone gozaría de suculentos ingresos por un emprendimiento en Colombia como accionista del sitio web “wplay.co”

Pero Vivas, Dubra y Abelendo no fueron los únicos funcionarios que justificaron el grave perjuicio al erario público y, en consecuencia, a la ayuda social y en un aún más  acaudalado patrimonio para el empresario, también lo hizo la Contaduría General de la provincia.

“Resulta claro que ha operado el supuesto fáctico que autoriza su renegociación como producto del aumento producido de parte de la Municipalidad de Victoria, sobre la Tasa Municipal”, sostuvo el área conducida por el Contador Miraglio fundando la disminución millonaria de dinero para los más pobres.

Dictamen que por cierto colisiona con la realidad. A decir verdad no existió un aumento de la Tasa municipal, lejos de eso, hasta el año pasado, el Casino Victoria S.A., por un acuerdo con los gobierno municipales anteriores y valiéndose de una cláusula  del contrato  de explotación suscripto con IAFAS en el 2005, estuvo exento de pagar dicho tributo municipal.

Al llegar el actual intendente Domingo Maioco, y entendiendo que todos los comercios debían contribuir a las arcas públicas, más aun el Casino que se servía de los servicios municipales, caso de alumbrado, barrido y limpieza, demando a la firma de Mautone, su principal argumento fue la nulidad de aquella cláusula de eximición.

La justicia, luego de varios años, le dio la razón a Maioco, y el Casino, a partir del 2018, como cualquier hijo de vecino, tuvo que comenzar a pagar la tasa municipal.

Por lo tanto, no fue un aumento, sino la regularización de una situación que la Justicia entendió irregular, declarando, que el convenio tributario resultaba inexistente, no podía aplicarse, dejando en claro que ni el IAFAS ni ningún otro organismo puede eximir de los tributos.

Las falaces argumentaciones del IAFAS y de la Contaduría general de la Provincia con el solo fin de otorgar un beneficio económico millonario a Mautone, y el perjuicio que ello implica para la gente humilde, fueron llevadas a la Justicia penal.

La investigación la lleva la fiscal Paola Farinó, y si bien la misma no sigue un ritmo de avance considerable, la representante del ministerio público ha adoptado varias medidas con respecto a los denunciados, Vivas, Dubra, Abelendo, Mautone y el Casino.

La primera medida fue solicitar toda la documentación al IAFAS sobre el expediente iniciado para la reducción del canon, luego remitió varios oficios solicitando informes a otros organismos, entre ellos al Tribunal de Cuentas.

Se sabe que el Tribunal de Cuentas dio su respuesta a través de un dictamen, sin embargo, el contenido del mismo no fue develado, si siquiera al denunciante que ha concurrido varias veces para mantener una entrevista con la fiscal Farinó siendo esta renuente en dar explicaciones.

La respuesta siempre es la misma “la Dra. no está disponible”.

Las versiones desde que inicio la investigación hablan de una fuerte presión por parte de sectores del gobierno provincial hacia la fiscal, ya sea en la dilación, ya sea en evitar brindar información.

Más allá de esto la causa es grave, el daño millonario y las consecuencias lapidarias para la ayuda social están a la vista, y la preocupación desde el organismo es notoria, tal es así que varios de los funcionarios implicados han designado abogado defensor.

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3 comentarios

Susana 2 septiembre, 2019 at 10:33 am

Bordet y Stratta deberían dar explicaciones ya sobre esta grave acusación, o se creen que el 58% del da impunidad????

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martin 2 septiembre, 2019 at 10:34 am

Que vergüenza, mientras tanto en la Provincia el 51% de los chicos son POBRES…

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teresa 4 septiembre, 2019 at 4:27 pm

¡Fuera…los ciudadanos decentes no merecemos esta robo infame…!!!

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