Mientras el Gobierno reclama alimentos, la Justicia allana y encuentra toneladas en un precario galpón

Desde la Casa gris se esmeraron en tapar y blindar la publicidad de las medidas judiciales ordenadas por fiscalía, la llegada de la policía provocó el inmediato arribo de dirigentes sociales y funcionarios provinciales que, ante los requerimientos, manifestaron que los productos fueron dados por el gobierno para la asistencia social.

La investigación por el precario galpón en el que se almacenaban alimentos destinados a la ayuda social sigue su curso, irónicamente, la ministra pide que la nación aumente las partidas para dar respuestas al hambre de los entrerrianos.

Según difundió en un comunicado el gobierno provincial, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, afirmó en una reunión con el diputado nacional Daniel Arroyo, impulsor de la ley de emergencia alimentaria, que la provincia compensa con partidas propias la ausencia de partidas nacionales para la contención social.

De acuerdo con la ministra, la provincia viene aplicando para llevar respuestas integrales frente al crecimiento de la demanda de contención de amplios sectores de la población entrerriana.

La vicegobernadora electa habló acerca de la “preocupación” que existe en la provincia para dar respuesta a la creciente demanda, pero nada dijo al respecto de la investigación judicial en curso por la supuesta retención de alimentos destinados a comedores y merenderos en un precario galpón en Paraná.

Tampoco habló ningún otro funcionario provincial, mucho menos el gobernador Gustavo Bordet.

No solo eso, desde el Gobierno Entrerriano, se intentó por todas las maneras en tapar y blindar las medidas judiciales ordenadas por fiscalía, se cree, en virtud de que varios de los vinculados con el grave hecho objeto de investigación son funcionarios provinciales y a su vez referentes sociales.

Lo que se investiga concretamente es qué destino tienen esos miles de kilos de alimentos que la policía detectó en el allanamiento del galpón, que se supone son revendidos a comerciantes y particulares de manera indebida.

“El gobernador Gustavo Bordet ha marcado al desarrollo social, la salud y la obra pública como prioritarios y en ese camino, realizamos un gran esfuerzo entendiendo que el rol indelegable del Estado es acompañar a quienes más nos necesitan en tiempos tan difíciles, fortaleciendo las estrategias alimentarias”, indicó Stratta en el encuentro.

De todos modos, agrupaciones vinculadas con el Estado y con funcionarios públicos son investigadas no solo por la no entrega de los alimentos sino también por la retención de dinero destinado a planes sociales a los beneficiarios.

Según denunciaron varias personas, deben entregar a organizaciones y a dirigentes sociales parte del monto que perciben en concepto de plan, bajo la amenaza de que si no realizan el aporte se les dará de baja el beneficio.

La ministra manifestó que en la reunión se trabajó “alrededor de dos ejes, por un lado la coyuntura actual y la necesidad de la declaración de la emergencia alimentaria para transferir recursos a las provincias que nos permitan fortalecer las estrategias que venimos llevando adelante, teniendo en claro que hoy eso es una prioridad».

De todos modos, en la investigación que conduce el fiscal Juan Malvasio la hipótesis consiste en que las toneladas de alimentos que se almacenaban de manera precaria en el galpón del barrio San Agustín provienen efectivamente de partidas nacionales.

De las palabras de Stratta, parece desprenderse que la ministra desconoce la existencia del galpón, de los miles y miles de kilos de alimentos que allí se almacenaban, y que no llegaban a su destino.

Inmediatamente después de que se realizara el allanamiento en el que se constató que la denuncia de los vecinos acerca del galpón era fundada, desde la provincia salieron a aclarar que la compra de esos alimentos provenía de partidas del Estado provincial, aunque corresponde a la Justicia dictaminar la veracidad de esas afirmaciones.

Por otra parte, algunos de los dirigentes sociales denunciados por aprietes a beneficiarios, son los mismos que se sientan con la ministra a diagramar la forma en que serán distribuidos los alimentos y a qué instituciones, según publicó este Portal.

Siempre según el comunicado de la provincia, la ministra informó que “Entre Ríos en materia alimentaria viene reforzando las partidas presupuestarias para dar respuesta al aumento de la demanda, además de afrontar el incremento de costos y compensar el congelamiento de fondos destinados por la Nación”.

La retención irregular de alimentos en condiciones totalmente antihigiénicas no se condice para nada con esas palabras, sino que las contradice notablemente, ya que, mientras aumenta la cantidad de familias entrerrianas que necesitan ayuda para poder llevar un plato a su mesa, la contracara es el lucro inescrupuloso con los alimentos destinados a la ayuda social.

Eso se desprende de las publicaciones que se han visto en grupos de compraventa en las redes sociales en los que se ofrecen por unos pesos los productos que componen lo que se denomina un módulo alimentario.

Se trata de los mismos alimentos que la provincia dice destinar a los más necesitados pero que son vendidos por las redes sociales y a comerciantes de manera ilegal.

¿Desconoce Stratta esta situación? Da la impresión de que no está al tanto de lo que ocurre, de lo contrario no se sentaría a diagramar acciones del ministerio con los mismos que luego lucran con la necesidad de los entrerrianos.

En tanto, la investigación judicial sigue su curso en base a las denuncias de los vecinos y de los coordinadores de comedores y merenderos, que derivaron en el allanamiento en el precario galpón del barrio San Agustín, en el que se constató que efectivamente se almacenaban alimentos.

Mientras la ministra habla de la merma de los fondos nacionales destinados en definitiva a paliar las necesidades de los entrerrianos, unos pocos amigos del poder lucran con el hambre de esas familias. Stratta mira para otro lado.