Las fotos de Nahir Galarza, la confirmación de la corrupción y complicidad delictiva de las fuerzas de seguridad

Desde organizar secuestros, asaltos, robos, asesinatos, hasta negociados con una financiera en medio del penal, con la complicidad de las autoridades.

Este martes, el perfil de la red social Facebook de Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el homicidio de quien fuera su novio, Fernando Pastorizzo, fue actualizado.

Con total impunidad, desde la cárcel, la joven publicó fotos con otra reclusa, Yanina Lescano, imputada por el asesinato de su hijastra de dos años.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y llegaron a los medios de comunicación a nivel nacional. Más allá de lo preocupante de este caso en particular, las imágenes dejan al descubierto las numerosas irregularidades que se dan en los penales de la provincia.

La corrupción estructural, arraigada en todos los estamentos del Estado provincial, se manifiesta también en lo referente al servicio penitenciario.

La gravedad de las fotos publicadas por Nahir Galarza no reside, o al menos no solamente, en la sonrisa de una convicta por asesinato divulgándose por las redes sociales, sino en la permisividad, la impunidad, y la complicidad de parte de los organismos de control.

Más allá de procurar la reinserción social de los reclusos, el servicio penitenciario debe custodiar a quienes se encuentran en prisión y velar por la seguridad del resto de los ciudadanos que están en libertad.

Pero la corrupción estructural, los amiguismos, la vista gorda, hacen que el sistema fracase en esa misión, otorgando beneficios y privilegios a ciertos reclusos y, por lo tanto, desprotegiendo al resto de los vecinos.

El servicio penitenciario, la policía, el ministerio de Gobierno y Justicia, el Estado en general, deben velar por la seguridad de los ciudadanos, aunque lamentablemente sobran ejemplos de que en más de una oportunidad se quedan cortos en esa misión, o lo que es peor, no les interesa cumplirla.

Hasta hace no mucho tiempo, el servicio penitenciario de Entre Ríos, tenía un convenio con la financiera Mutual Modelo, cuyos responsables hoy están en juicio por fraude y negociaciones incompatibles con el municipio de Paraná, por el cual en el penal se fabricaban colchones que luego los privados cobraban con facturas del Estado.

Luego de numerosas denuncias, en un escándalo que estalló en Concordia cuando uno de los directivos de la Mutual financista y uno de sus socios intentaron cobrar al Municipio una suma millonaria luego de haber donado una cantidad de colchones y afines para los inundados, el convenio fue calificado de irregular.

Una empresa privada llevó a cabo negociados espurios, ganó sumas millonarias usando presos como mano de obra y bienes e instalaciones del Estado, en pleno penitenciario, bajo las narices de los responsables.

A comienzos de este año, el director de este Portal sufrió en su domicilio particular un robo con tintes mafiosos en el que ingresaron delincuentes a su vivienda familiar. Meses más tarde, aun con las imágenes del delincuente registradas por las cámaras de seguridad, la policía y la Justicia no han logrado dar con el criminal.

A mediados de año, dos periodistas de este Portal, en pleno cumplimiento de su trabajo, fueron amenazadas y amedrentadas durante un allanamiento, mientras un efectivo de la policía de Entre Ríos observaba la situación absolutamente indiferente, permitiendo que el accionar violento se desarrollara impunemente.

Todo esto queda al descubierto con la llegada a los medios nacionales de las fotos que Nahir Galarza subió a sus redes sociales.

La indignación generalizada de los entrerrianos no es solo por el morbo, la falta de respeto hacia los familiares de las víctimas, y el descaro con el que se muestran las protagonistas de las fotografías.

La bronca se dirige también a cada eslabón del sistema que miró para otro lado para que esas imágenes llegaran a las redes sociales, a quienes permitieron que una condenada a perpetua tuviera acceso a un teléfono celular, a datos móviles o wifi.

Los agentes penitenciarios; la directora del penal; el jefe de la policía de Entre Ríos; el ministerio de Gobierno y Justicia; el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet; fracasaron en su misión de custodiar a las reclusas y evitar la violación de la ley.

El ministerio de Gobierno señala entre sus competencias “Entender en las relaciones con las Fuerzas de Seguridad Provinciales, particularmente en lo relativo al Servicio de Policía y al Servicio Penitenciario, refrendando los actos emanados del Poder Ejecutivo referentes a la organización, régimen y funcionamiento de éstos, así como también de los establecimientos correccionales, carcelarios e instituciones de reeducación de penados y en la asistencia a las víctimas de delitos”.

Además, la ley provincial 5.797, que regula el servicio penitenciario, afirma que “La Dirección General del Servicio Penitenciario depende del Poder Ejecutivo Provincial y directamente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, a través de la Subsecretaría de Justicia y cumplirá con las disposiciones judiciales que emanan del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”.

De allí se desprende que, en última instancia, es la ministra Romero la responsable por una falta que está estipulada en la ley 24.660, de Ejecución de la pena privativa de la libertad, que establece en su artículo 160 que “Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles. A tal fin se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal. La violación a la prohibición prevista en este artículo será considerada falta grave”.

En este caso, fallaron los controles tendientes a procurar el cumplimiento de esta ley, y alguien permitió que Nahir Galarza tuviera acceso a un teléfono móvil y a datos móviles o wifi para realizar un posteo en las redes sociales.

La situación es preocupante no por el hecho de que una reclusa utilice Facebook a su gusto y placer desde el penal, sino porque se confirma algo que es un secreto a voces: que desde las cárceles de toda la provincia operan bandas que llevan a cabo secuestros, robos, extorsiones, y todo tipo de delitos, con la complicidad de los agentes de seguridad.

Una condenada a prisión perpetua pudo acceder a un móvil y a las redes sociales, algo que es totalmente descarado y vergonzante, pero que en definitiva no constituye un delito que perjudique la vida o el patrimonio de otro ciudadano.

Nahir Galarza cometió un asesinato, en el ámbito de su pareja, por lo que no tiene experiencia en el mundo criminal, no está probado que lidere o haya liderado una banda de delincuentes, pero en los penales de la provincia hay convictos reincidentes, peligrosos por ser jefes de redes de delincuencia, narcotráfico, asesinatos.

Las fotos de Galarza comprueban que cualquier otro recluso que no busque fama sino recursos económicos o dañar a otras personas, puede tener acceso a los mismos medios y utilizarlos para seguir cometiendo crímenes, si cuenta con los contactos o las amistades necesarias.

La corrupción estructural permite que los delincuentes gocen de beneficios, privilegios y favores de todo tipo, mientras que los ciudadanos que cumplen la ley, pagan sus impuestos y cumplen sus deberes, ven sus derechos violados una y otra vez no solo por los criminales, sino también por quienes son cómplices desde el poder.

Todo esto ocurre bajo la indiferencia de los funcionarios estatales que deben velar por la seguridad de los vecinos.

Si los responsables no pueden hacer que se sujeten a la ley los delincuentes que tienen encerrados bajo su custodia, ¿qué podrán hacer con los que todavía quedan en la calle?

Lo padecen los ciudadanos de a pie, que pagan sus cuentas y cumplen sus deberes, que pelean dentro de la ley por llegar a fin de mes y ¿por qué no? darse un gustito de vez en cuando, los que se indignan con la impunidad reinante, con la desidia, con la connivencia entre los funcionarios del Estado y los delincuentes.

Mientras tanto, la corrupción estructural crece cada día un poco más, y mientras todos busquen su tajada, seguirá creciendo

7 comentarios

TERESA 25 septiembre, 2019 at 12:56 pm

PERO COMO PUEDE SER QUE PASEN ESTAS COSAS??? SE «SUPONE» QUE SE REVISAN A TODOS ANTES DE LAS VISITAS, O SE LAS DAN LOS PROPIOS FUNCIONARIOS? UNA VERDADERA VERGÜENZA NACIONAL

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Daniela Martinez 25 septiembre, 2019 at 1:03 pm

A ésta chica ya le sacaron un celular hace algunos meses xq tambien con total impunidad la subio a las redes, y riendose de todos los ciudadanos vuelve a hacerlo…

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Gerardo 25 septiembre, 2019 at 1:17 pm

pero si hace unos dias lei en facebook que en compra venta parana decia:»COMPRO MOTO BARATA Y SIN PAPELES…» para que se creen que quieren esa moto???? PARA AFANAR O COMETER ILICITOS

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Gerardo 25 septiembre, 2019 at 1:18 pm

y así como yo lo leí, lo lee todo el mundo y a nadie le importa nada y menos a nuestro querido gobernador que parece anesteciado porque no toma recaudos en nada

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Luis 25 septiembre, 2019 at 1:28 pm

se las ve radiantes, felices, alegres a las dos asesinas estas, una mato a un joven adolesente y la otra a una criatura indefensa son impunes y asi se burlan de toda la familia y de todos los ciudadanos

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silvia 25 septiembre, 2019 at 7:49 pm

La corrupción esta presente en todas las instancias del Estado, claro fracaso de las instituciones de control.

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Beto 26 septiembre, 2019 at 8:15 am

Muy bien los decís, la corrupción esta en todas las instancias del Estado. Especialmente en las de control.

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