INSACIABLES: La demanda millonaria del Jorge González por indemostrables honorarios  

La falta de escrúpulos en sus ansias de acrecentar su ya acaudalado patrimonio llegó a la extremo de declararse indigente para pretender litigar sin gastos y, como si fueran pocos los beneficios que la Provincia le destina, el funcionario requirió otra suculenta suma en dólares a pesar de que se le pagaba un sueldo.

Parece que el Ingeniero Jorge González quiere continuar amasando y reproduciendo su millonaria fortuna a costa del dinero de todos los entrerrianos, al menos eso surge de los pormenores de la millonaria demanda que interpuso.

Un juicio que inicio allá por el primer semestre del 2016 que tuvo como objeto el cobro  de la suma de 170.780,60 dólares estadounidenses, más intereses y costas, en pesos, una cifra que supera los 30 millones.

La demandada fue la empresa Redengas S.A., creada con fondos públicos allá por 1986 bajo el gobierno de Sergio Montiel, privatizada posteriormente.

Según se expresa en la demanda, González se desempeñó como Director Técnico de la demandada en el período comprendido entre el 05/04/1994 y el 09/11/1999, bajo la figura de locación de servicios profesionales y sin relación de dependencia, y, a su vez, se desempeñó en la firma como Gerente General de la empresa demandada.

Es decir, en un mismo periodo de tiempo, dice González,  contó con dos funciones en la firma, como  director técnico y como gerente general, reclamando el pago “honorarios profesionales” por los servicios prestados como Director Técnico u Operador Técnico de la demandada.

Lo que no dijo es que la empresa le pagaba un sueldo por ambas tareas.

La insaciabilidad, sus ansias de sumar más millones a su patrimonio  y la falta de escrúpulos del ingeniero estuvieron a la orden del día desde el primer momento de la pretensión.

De manera concomitante con la demanda, González, presentó ante la Justicia un pedido de litigar sin gastos, en otras palabras, SE DECLARO INDIGENTE esgrimiendo falta de recursos económicos ante el Tribunal, para no afrontar de su bolsillo las costas.

Una prerrogativa dispuesta legalmente para aquellas personas con muy escasos recursos, personas pobres y humildes que necesitan recurrir a la Justicia para que se les reconozca un derecho pero que no cuentan con el dinero para pagar los gastos de un juicio como lo son sellados, tasas y honorarios.

La insaciabilidad sin dudas es manifiesta, en aquella oportunidad el ingeniero estaba al frente de la empresa de energía de Córdoba, percibiendo sumas exorbitantes por la función.

Periodo donde, según trascendió en aquel momento, a su vez ya conocía que desembarcaría en la empresa de energía de Entre Ríos y en la secretaria de energía de la provincia de la mano del gobernador Gustavo Bordet.

Con esa información, el ingeniero, se comentó en aquella oportunidad, se presentó ante la Justicia entrerriana antes de su regreso campante a la provincia, indudablemente para evitar ser tenido como el funcionario que demanda millones de una firma conformada con fondos públicos.

Luego sucedió lo que normalmente cuando se incumple con la “lealtad y buena fe procesal” y no se logra demostrar lo afirmado, González no solo perdió la primera instancia  en el juzgado Civil y Comercial Nº5 a cargo del Dr. Roberto Croux donde tramitó el proceso, sino que también, tras la apelación, la Cámara Civil y Comercial Sala I integrada por las Dras. Gabriela T. Mastaglia, Alicia C. Olalla y  María Andrea Pereyra  desestimaron completamente su pretensión millonaria.

En esta instancia (apelación) las juezas fueron claras al manifestar “19.- En autos no obra ningún documento a través del cual se haya instrumentado un contrato de locación de servicios entre las partes por las funciones de Director Técnico que desempeñó el actor. 20.- En el acta de la reunión de  Directorio obrante a fs. 53/54, en la que asignó dichas funciones al accionante, no se hace referencia alguna al pago de dichos servicios mediante honorarios por fuera del salario que se le abonaba al accionante por su tarea gerencial en relación de dependencia. 21.- Sentado ello también es de observar que si, tal como afirma el accionante se debía el pago de honorarios profesionales en el marco de un contrato de locación de servicios y por ello se generó una deuda, tal deuda debió haber quedado reflejada en los balances que acompañó la parte demandada”.

No contento con las constantes sentencias adversas, el ingeniero continuo en su afán de obtener más millones para su acaudalado patrimonio, el cual, desde el 2017 está conformado en parte grandísimas cifras de dinero proveniente de las arcas públicas por los importantes beneficios económicos que recibe como presidente de Enersa, el ingeniero González recurrió al Superior Tribunal de la Provincia.

Si bien aún no se conoce oficialmente los ingresos mensuales de González por su cargo al frente de la empresa de energía de la provincia, lo cual es motivo de debate en la Justicia por un amparo interpuesto por una entrerriana, se sabe extraoficialmente que el mismo supera los 500 mil pesos mensuales, cifra a la cual hay que adicionarle un monto sumamente exorbitante de honorarios por cada vez que se reúne el Directorio de la firma, como también esa especie de “exención” del impuesto a las ganancias, el cual se hace cargo íntegramente la firma de su pago ante AFIP y el privilegio de no abonar la tarifa de energía en cada una de las propiedades que conforman su patrimonio.

En el máximo tribunal provincial tampoco le fue bien al presidente de Enersa. Con votos de los Dres. Juan Smaldone y Martin Carbonell y la abstención de Emilio Castrillón, luego de sostener expresamente “…el contrato de locación de servicios objeto de la demanda no había sido probado ni siquiera por vía indiciaria”, rechazó el recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto por el ingeniero.

Para fundar su fallo contundente contra González que también tiene que afrontar el pago de las costas y honorarios del juicio, sostuvo el STJ  “El recurso de inaplicabilidad de ley, es el remedio creado para efectuar un control jurídico del fallo, no constituye una tercera instancia que habilite a esta Sala a introducirse en la apreciación que la Cámara ha efectuado de los hechos y de la prueba producida, por cuanto son cuestiones ajenas a la casación, en virtud de tratarse de un medio impugnativo que analiza la legalidad de la sentencia. Establecido el marco del recurso, se observa que la errónea aplicación de la resolución administrativa y de la normativa procesal que se denuncia en el escrito recursivo, se sustenta en una mera discrepancia con aspectos fácticos y probatorios, que pueden servir de base a recursos ordinarios, pero no bastan para abrir la instancia extraordinaria. n efecto, el quejoso pretende que esta Sala determine que se desempeñaba como operador técnico de la empresa, realice una valoración diferente del acta de designación, examine los términos del poder especial otorgado por Redengas S.A., revise la interpretación de la carga de la prueba y verifique si la demandada infringió los deberes de lealtad y buena fe procesal, todas cuestiones ajenas a esta instancia extraordinaria. Si bien para franquear esta valla se invoca absurdidad en la valoración de los balances de la demandada, no logra acreditar que el razonamiento que apuntala el fallo se revele inconciliable con las constancias de la causa y no cuente con la debida fundamentación”.

Rematando “Los agravios no constituyen más que una expresión de simple desacuerdo con las motivaciones del tribunal de apelación. No se evidencia error grave y ostensible al interpretar o valorar las pruebas o los hechos, que justifique ser revisado en casación”.

Un juicio, en sus diferentes instancias, que dejó de manifiesto no solo la insaciabilidad del ingeniero a la hora de amasar su fortuna, sino también su falta de escrúpulos, sino también su alevosa indignidad pretendiendo, a pesar de su pudiente patrimonio, no hacerse cargo de los gastos que acarrear el mismo.