Los funcionarios políticos no renuncian y siguen cobrando sus sueldos a pesar de que no cumplen ninguna función y los trabajadores denuncian la precarización total de las condiciones laborales, los vecinos reclaman por la falta de servicios, las causas judiciales contra el intendente se acumulan y avanzan.
Mientras poco a poco se retira de las calles de la ciudad de Paraná la basura que se acumuló durante la semana pasada por la retención de servicios de los trabajadores, el juicio contra el intendente Sergio Varisco y otros miembros del municipio por narcotráfico avanza a paso firme en la Justicia; y también lo hace la denuncia penal de Bahl.
Con el intendente sentado en el banquillo de los acusados como supuesto financiador de una banda que comercializaba estupefacientes, todas las cadenas de mando se cortaron en el municipio de la capital provincial.
Aunque ningún funcionario político se hace cargo de la situación, todos ellos siguen cobrando sus sueldos y hasta ahora nadie ha presentado la renuncia, a pesar de la anarquía que se vive y del fuerte reclamo de los vecinos de que los secretarios, subsecretarios, directores y demás dejen de cobrar sin hacer nada, provocando el vaciamiento de las ya complicadas arcas municipales.
Tal es el descontrol en el municipio, que un servicio tan esencial como la recolección de residuos no puede ser garantizado.
Representantes gremiales e integrantes de la Asamblea Ciudadana informaron en una de las audiencias de conciliación que, más allá de la medida de fuerza de los trabajadores, la recolección de residuos se veía afectada desde antes por la falta de insumos y elementos de trabajo.
De todos modos, aunque el secretario de Trabajo de la provincia, Fernando Quinodoz, tomó la decisión de dictar la conciliación obligatoria en el conflicto de los gremios con la Municipalidad de Paraná a partir del pasado viernes, el servicio de recolección aun no se normalizó.
La ciudad convertida en un basural a cielo abierto, con un permanente olor nauseabundo alrededor de los contenedores que desbordan de desperdicios, es una lamentable metáfora de la desidia que vive el municipio a nivel institucional.
Hace algunos meses que las autoridades gremiales han denunciado que hay un vaciamiento en el mobiliario de diferentes unidades del municipio y también reclamaban que la falta de condiciones de higiene y seguridad en diferentes reparticiones que ponen en peligro la vida de los trabajadores.
Además, trabajadores municipales señalaban ya en septiembre que una cantidad importante de camiones recolectores estaban desmantelados, y que había también herramientas de trabajo arruinadas, faltantes y destrozadas intencionalmente.
Comentan que la desidia y la falta de organización lleva varios meses, pero que el proceso se profundizó luego de la derrota electoral que sufrió Varisco en las elecciones generales del 9 de junio, que decretaron que a partir del 10 de diciembre el actual vicegobernador Adán Bahl se hará cargo de la administración municipal.
Según datos que trascendieron desde el municipio, a mediados de este año, el Centro Integrador de Servicios Ciudadanos ya había gastado unos 286 millones de pesos de los 300 que componen el presupuesto anual, un 95% de lo previsto para el ejercicio 2019.
Además, los trabajadores denuncian que hay varios camiones recolectores y que, por las faltas de controles e inventarios, los vehículos son desmantelados en un marco de anarquía total, que algunos consideran que es deliberada, con la intención de afectar las distintas áreas de servicios municipales.
Pero el desgobierno no se ve solo en las áreas encargadas de la limpieza de la ciudad, sino que también hay otros estamentos del municipio afectados por la grave situación municipal, lo que preocupa a los trabajadores que ven en peligro sus fuentes laborales, como el transporte público, obras sanitarias, y demás.
Mientras tanto, la mayor parte del funcionariado municipal está enfocada en la suerte que correrá el intendente Varisco al cabo del juicio por narcotráfico, en el que este martes declararán los concejales de Cambiemos Carlos González; Karina Llanes y María Marta Zuiani; la funcionaria Karina Plugoboy; y oficiales de la policía de Entre Ríos y de la Federal; entre otros.
Pero la situación de Varisco ante la justicia no solo se limita a la causa por narcotráfico, sino que también fue denunciado penalmente por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, por el intendente electo, Adán Bahl.
La denuncia llegó tras una reunión que mantuvieron el actual y el futuro mandatario municipal en la vicegobernación, con los ejes centrales de la crisis económica y financiera que lo afecta y la cuantiosa cantidad de contratados que incorporó el radical en el último tiempo, exactamente 1500.
Allí Varisco se comprometió a deshacer los compromisos políticos que había asumido en la campaña política, que redundaron en la abultada cifra de contratados.
Sin embargo, a pesar del acuerdo, la ejecución de la decisión nunca llegó, por lo que Bahl recurrió a la Justicia para que resuelva la situación, que pone en graves aprietos económicos al municipio que el hoy vicegobernador deberá conducir desde el 10 de diciembre.
En efecto, en medio del caos que reina en el municipio, es la Justicia la que se ha encargado de resolver cuestiones básicas como la recolección de residuos, mediante el dictamen de la conciliación obligatoria que determinó que los trabajadores debían prestar el servicio.