En el gobierno provincial, la protección es para la ministra y funcionarios, no para las víctimas de violencia de género

Dudas por la postura que tomarán las diputadas del oficialismo Ramos, Moreno, Rubattino, Toller, Farfán y Cora, que estuvo acompañando la marcha, y los legisladores varones que mandaron a sus referentes a las movilizaciones pidiendo renuncias, y hoy deben decidir sobre el pedido de interpelación a Romero.

La ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, ha sido motivo de memes y afiches distribuidos en las redes sociales y pegados en la puerta principal de ingreso a los Tribunales de Paraná, como desaparecida de la esfera pública.

Mas allá de que el diputado, Julio Solanas, hable de oportunismo político y de operaciones de prensa lo cierto es que los pedidos de renuncias hacia la ministra fueron generalizados, inclusive de sectores peronistas que estuvieron presentes en las distintas movilizaciones donde se le atribuyó la responsabilidad de la inacción.

Es mas, aquellos memes, su viralziación se produjeron primeramente entre los grupos de whatsapp y redes sociales integrados exclusivamente por militantes y dirigentes justicialistas.

Según denuncian los colectivos de mujeres, y la sociedad en general, la ministra evita aparecer públicamente y dar explicaciones sobre la cadena de responsabilidades del Estado que llevó a que Fátima Acevedo fuera asesinada.

Como publicó la hija del gobernador Bordet en las redes sociales, “el miedo cambió de bando”. Es más, a esta altura, comentan, la situación desbordó a la funcionaria, que ya entró en pánico.

Habitualmente, Romero es vista en actos públicos, da declaraciones a los medios, se muestra ante las cámaras, pero en este caso está desaparecida, al igual que otras funcionarias que están al frente de organismos y áreas que tienen que ver con las mujeres, como la titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos, Sigrid Kunath; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente del ministerio de Desarrollo Social, Mariana Broggi; y otras tantas.

Romero remitió al bloque de Diputados del oficialismo un escrito en el que señalaba las actuaciones llevadas adelante en esta causa, aunque con algunas contradicciones y pocos detalles.

Actualmente, los representantes del justicialismo en la Cámara Baja están ante un brete, ya que deben responder a un pedido de interpelación al que no solo la ministra no quiere exponerse, sino que ellos tampoco.

El pedido de interpelación fue presentado por el diputado Eduardo Solari, y de aprobarse, la ministra deberá bajar al recinto y dar explicaciones y responder a las preguntas de los legisladores.

Ese acto se llevaría adelante en una sesión abierta al público, algo que los legisladores oficialistas quieren evitar porque miles de personas coparían tanto la Cámara como sus alrededores, elevando una vez más el pedido de renuncia de Romero e instalando el “que se vayan todos”, más aún si los diputados del oficialismo defienden a la ministra.

No hay que olvidarse que hoy los diputados tienen una muy mala imagen ante la sociedad, por el altísimo estilo de vida que llevan adelante y porque apenas 34 diputados le cuestan mil millones de pesos al Estado provincial, que para costear esos gastos aumenta los impuestos y lleva adelante medidas antipáticas y antipopulares, como la reforma del sistema previsional, que afectan a los trabajadores y a los contribuyentes.

Tal es el torbellino social, que los legisladores tienen miedo de que se instale también en la Cámara de Diputados el “que se vayan todos”. Nadie quiere inmolarse por Rosario Romero, aunque sea un pedido del mismísimo gobernador Bordet.

Sin embargo, muchos comentan que esta situación podría llevarse puesto también al mandatario, si no toma decisiones urgentes para descomprimir ante los reclamos masivos de la ciudadanía y para alivianar el descreimiento con el gobierno provincial.

En este contexto, el bloque de diputados del oficialismo debe decidir qué hace con el pedido de interpelación.

Para que se apruebe sobre tablas y se haga inmediatamente, se necesita una mayoría que actualmente la oposición no posee, ya que el oficialismo tiene mayoría y el gobernador pedirá que no se otorguen las tablas.

De todos modos, es inevitable que salga en una segunda sesión, ya que se necesita el voto afirmativo de 12 de los 34 diputados, y la oposición cuenta con 14 legisladores.

Este panorama le causa una gran preocupación a la ministra Romero y a todo el gobierno provincial, por lo que desde el oficialismo tratan de dilatar este tema, buscando que la gente se olvide.

Con la suspensión de la sesión prevista para esta semana, el próximo encuentro será el 25 de marzo, y mientras tanto el gobierno provincial busca instalar otros temas de interés público, para que el caso Fátima pierda vigencia en la sociedad y la joven, una vez más, desaparezca.

La gran pregunta es qué harán ciertos diputados del oficialismo, como Stefanía Cora, que es una activa militante por los derechos de las mujeres, igualdad de género y demás, y que acompañó fervientemente las marchas de pedido de justicia por Fátima, llenas de carteles con exigencias de renuncia de Romero y de otros funcionarios.

La misma incógnita cabe para el resto de las diputadas del oficialismo: Carina Ramos, Silvia Moreno, Paola Rubattino, María del Carmen Toller, Mariana Farfán.

Tampoco se sabe qué postura tomarán los legisladores varones cuyos referentes más cercanos e incluso parientes estuvieron acompañando a la multitud que pedía enardecida la renuncia de todos los responsables, encabezados por la ministra de Gobierno.

El comentario en la sociedad es que si estos legisladores defienden a Romero, será una hipocresía total, ya que por un lado mandan a sus allegados a reclamar renuncias, y por el otro rechazan una medida fundamental para que la ministra esclarezca la situación.

Hasta el momento, Rosario Romero apenas mandó al bloque oficialista un escrito pobre y contradictorio.

Más allá de eso, para quienes piden la renuncia de la ministra, la funcionaria no es ajena a las desesperadas renuncias que había realizado Fátima en reiteradas oportunidades, ya que tiene familiares cercanos como fiscales y gente de su sector en diferentes áreas de la Justicia.

Es más, un familiar directo de Romero está al frente del gabinete interdisciplinario, donde recaen todas las denuncias penales, por lo que es muy difícil que la ministra no haya conocido los reiterados pedidos de Fátima.

La funcionaria estaba al tanto de la situación y es por eso que ahora el pánico invade tanto a Romero como a todo el gobierno provincial, porque no hay forma de evitar u ocultar la responsabilidad y que estaban en conocimiento de este terrible caso.

Es más, el procurador general de la provincia, Jorge García, en la conferencia de prensa, después de explicar cómo funciona el sistema judicial, expresó: “lamentablemente, llevamos tarde”.

La pregunta es: esa demora, ¿les saca responsabilidad o la agrava?

Con bronca, en los colectivos de mujeres y en el microclima se comenta que la ministra Rosario Romero es quien puso a los fiscales y a sus familiares en la Justicia, por eso sabía de los padecimientos que sufría Fátima, y por ese motivo, recae sobre sus hombros, y los de otros funcionarios, la responsabilidad de que hoy haya una menos.