La inacción y la desidia del organismo encargado de brindar seguridad dependiente de la ministra Romero a las mujeres nuevamente se manifiestan, este sábado el Gobernador anunciaba “fortalecimiento”, “articulación” y “puesta en marcha” de políticas contra este flagelo, la realidad indica otra cosa, ¿otro potencial femicidio evitable?
Este sábado, luego de un silencio absoluto y atroz, recién habló el gobernador Gustavo Bordet sobre el femicidio de Fátima Acevedo, y lo hizo, se interpreta, luego de que se dispararan las críticas por la incertidumbre y preocupación existentes respecto de la ausencia total de medidas de contención y alojamiento por parte del Gobierno provincial y el aislamiento obligatorio.
La pandemia, la excusa de la ministra para poner bajo la alfombra el femicidio de Fátima
Y es que existen casos ciertos y probables de mujeres que están en riesgo de vida por tener que cumplir las medidas de cuarentena bajo el mismo techo que el violento.
Para ellas, a la fecha, no se han dispuesto ningún tipo de acciones concretas y palpables para evitar el hostigamiento y violencia constante al que son sometidas.
Este sábado Bordet, en una reunión con la vicegobernadora Laura Stratta, finalmente habló de Fátima, anunciando medidas a implementar.
“Fueron días de escucha atenta, de reflexión, de trabajo, de intercambio. El femicidio de Fátima también nos interpela a revisar las leyes que existen en nuestra provincia y en ello avanzaremos en este tiempo”, sostuvo el mandatario.
Verdaderamente parece que la reflexión no fue tal, mucho menos el trabajo.
En las últimas horas de este domingo, este Portal tomó conocimiento de un gravísimo caso donde las autoridades provinciales nuevamente están dejando librada a su suerte a la víctima.
El caso es grave, se trata de una mujer víctima de violencia que realizó la denuncia ante el organismo pertinente, tomando intervención la Justicia.
En esta oportunidad, la indignación y malestar no apuntó al Poder Judicial entrerriano, al parecer esta vez actuaron en tiempo y forma disponiendo medidas restrictivas respecto del denunciado, sino contra la fuerza de seguridad de la Provincia.
De la denuncia se desprende que la Policía no solo no actúa o dilatan, sino que también parecen proteger al denunciado.
La gravedad del caso no solo proviene del riesgo que corren la denunciante y sus dos hijos sino también por el hecho de que el denunciado es un funcionario, y no cualquiera, sino un integrante de la Policía entrerriana, vale decir, con un arma reglamentaria.
El caso desnuda una supuesta complicidad propia de la camaradería en la fuerza policial.
La denuncia proviene de la propia abogada de la víctima, la Dra. María Fernanda Vázquez Pinasco, reconocida abogada en materia de género.
La letrada, como sucede en la generalidad y a pesar del esfuerzo profesional que se le pone a este tipo de casos, recurrió a las redes sociales para expresar sororidad y empatía con su clienta, como asimismo mostrar su indignación y reclamo.
No es para menos, según indica, hace dos días está a la espera de que la comisaria segunda de la ciudad de Paraná le notifique al denunciado las medidas restrictivas dispuesta por la justicia.
La cuestión está muy lejos de ser menor, primero, porque estamos ante un caso de violencia de género donde el denunciado posee legítimamente un arma de fuego, segundo, aunque no la tuviere, porque ya son conocidas las consecuencias letales que pueden traer aparejadas las dilaciones en las denuncias por violencia.
Es inevitable poner de ejemplo nuevamente a Fátima Acevedo, quien también padeció la inacción, la omisión, la desidia policial, aunque también de la fiscalía y el juzgado de familia, y el desenlace fue el peor ya conocido por todos.
Femicidio por el cual ningún funcionario o funcionaria aun se ha hecho responsable a pesar de los pedidos de renuncias masivos.
Más allá de los anuncios del Gobierno provincial de “fortalecimiento”, “articulación” y “puesta en marcha”, lo cierto es que en este grave flagelo de la violencia de género sigue sin verse ningún accionar concreto para impedir nuevas víctimas.
Todo el esfuerzo, por ahora, parece abocarse a la protección o blindaje de la conductora de las fuerzas de seguridad de la provincia, la ministra Rosario Romero, para que la misma no sea objeto de una herramienta constitucional como lo es la interpelación, mientras tanto las mujeres están desamparadas.
Lamentablemente la pregunta no puede ser otra: ¿estamos ante otro potencial femicidio evitable?. En el Gobierno Provincial, la ministra de gobierno y la Policía esta exclusivamente la respuesta.
2 comentarios
Nada cambio, ni Fatima pudo
Aca queda demostrada la inoperancia de nuestros gobernantes provinciales lamentable, estan solo para las cosas faciles y hacer licitaciones para prenderse