La Asociación de la Magistratura a Carbonell: Ante la falta de respuesta  por los insumos sanitarios solicitados, le exige que revea la acordada del servicio de justicia vigente

Compartir:

“La experiencia atravesada ha puesto en evidencia que ello no se puede concretar en condiciones que aseguren la seguridad psicofísica de los asociados y asociadas que representamos”, expresa la lapidaria misiva del organismo al presidente del STJ

A través de un escrito formal presentado, la Asociación de la Magistratura y la Función judicial de la Provincial, ante la falta de repuestas por la exigencia de insumos sanitarios para jueces y el personal judicial, solicito al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Martin Carbonell, que revea la acordada por la cual se implementa el servicio de judicial vigente en la Provincia.

La misiva expresa:  “En nuestro carácter de representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, nos dirigimos a Usted y, por su intermedio al cuerpo que preside, en atención a la falta de toda respuesta a la expresa petición formulada por esta institución en fecha 12 de abril de 2020, en la que manifestamos la disconformidad que nos fue transmitida por gran número de colegas con la disposición que habría sido adoptada en el Acuerdo del 8 de abril del corriente año, en lo que respecta al reinicio de la actividad judicial bajo nuevas modalidades de trabajo, que luego se fueron ampliando a través de numerosos anexos”.

“Sin perjuicio de que desconocemos si se ha procedido o no a dar formal tratamiento a nuestro planteo, ciertamente sentimos profunda preocupación por la ausencia de toda resolución al mismo, atento a la gravedad de las cuestiones que allí manifestamos”.

”Sostuvimos en esa oportunidad y lo reiteramos por la presente, que dado que son muy dispares las condiciones en las que se presta el servicio de justicia en nuestra provincia, tanto por la naturaleza de cada fuero e instancia, como por la localización de los organismos encargados de cumplirlo, resulta muy difícil y hasta imposible respetar las estrategias de higiene, aislamiento social y demás recaudos establecidos por las autoridades sanitarias tanto de la Nación como de la Provincia. Les hicimos saber también la incertidumbre respecto a la suficiencia de las medidas de cuidado dispuestas, atento a que en algunas jurisdicciones no se habían recibido las partidas presupuestarias para la adquisición de material de limpieza, ni aportado los elementos que asegurasen una adecuada protección, como tampoco había uniformidad de criterios en cuanto a la asistencia de los agentes de cada organismo a los edificios tribunalicios”.

“En tal marco de situación, no estaban dadas las condiciones para el inmediato reinicio de la actividad, sin el indispensable, obligatorio y oportuno  cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene y capacitación de las personas, tanto en esa materia, como en  lo que respecta a las nuevas formas de trabajo impuestas, nada de lo cual puede considerarse subsanado con la cuantiosa comunicación de extensos anexos a través de WhatsApp a escasas horas del reinicio dispuesto, sin dejar obviamente de reconocer el esfuerzo desplegado en aras de lograr aquellos objetivos”.

“Esta asociación no es ajena a la profunda crisis económica que afecta a todos los sectores de la sociedad, ni pretende desconocer las serias implicancias que la limitación en las condiciones normales del servicio de justicia, como necesaria consecuencia de la normativa de emergencia dictada,  genera en los abogados y abogadas de la provincia y en las necesidades de los justiciables. Lo propio ocurre con otras actividades económicas y profesionales y con otras demandas sociales que se ven seriamente afectadas por esta excepcionalísima situación”.

“No obstante ello,  los fundamentos del DNU 355/2020 son categóricos en señalar que la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, ha sido adoptada luego de haber recibido precisas recomendaciones de destacados expertos en epidemiología a los fines de proteger la salud pública. Se hizo especial hincapié en que ésta, por las características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de nosotros cumpla con su aislamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad”.

“En virtud de la prórroga dispuesta por el PEN, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la acordada N° 10/2020, en la que reiteró su advertencia acerca de que, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, tiene la obligación de acompañar desde su ámbito las decisiones de las autoridades sanitarias competentes, quienes se encuentran en mejores condiciones de adoptar criterios plenamente informados en dichas cuestiones. Bajo tal expreso parámetro, en virtud del DNU 355/2020, los distintos superiores tribunales provinciales del país acompañaron también, en sus respectivos ámbitos de competencia, la decisión del Poder Ejecutivo de la Nación”.

“Teniendo especialmente en cuenta todo lo anterior, y pese a los esfuerzos realizados por el cuerpo que Ud. preside y las personas que han trabajado a tal fin en esa tarea, no ha sido posible en los hechos garantizar en tiempo oportuno las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de las personas que debieron reintegrarse a trabajar a los juzgados y tribunales de toda la provincia a partir del pasado lunes 13 de abril, ni capacitarnos oportuna y debidamente acerca de las nuevas modalidades y protocolos de trabajo. Así, y sólo por enumerar algunas cuestiones que han sido planteadas por los asociados y asociadas de distintos organismos, señalamos las siguientes:

  1. a) No se han efectuado a quienes concurrieron a trabajar, los necesarios controles para descartar la presencia de síntomas de contagio de COVID 19, todo lo cual ha expuesto a la personas que representamos y al personal afectado, a un riesgo injustificado que atenta contra nuestra seguridad, contra la de nuestras familias y, finalmente, contra la salud pública.
  2. b) Las partidas necesarias para adquirir insumos básicos de limpieza no estuvieron a disposición de los organismos en tiempo oportuno, lo que colocó en cabeza de la buena predisposición y voluntad de los responsables a cargo de la situación en cada uno de ellos, de adquirirlos en el marco de la emergencia, a su propio costo.
  3. c) No fueron entregados elementos de seguridad personal básicos e indispensables a personal, jueces, juezas, secretarios y secretarias, tales como barbijos y guantes, ni mucho menos se ha recibido una capacitación oportuna y adecuada acerca de cómo manejarnos con la manipulación de papel, así como en la prevención específica de los riesgos.
  4. d) Hemos recibido quejas concretas de asociados y asociadas por la mala calidad de los elementos de seguridad entregados en los pocos lugares en los que los mismos sí han sido entregados.
  5. e) La modalidad de teletrabajo, si bien tal vez pueda haber resultado útil en algunos casos, no puede ser impuesta ni eficazmente desarrollada si, correlativamente, no se establecen sistemas para que quienes deban cumplirlo cuenten con las condiciones indispensables a tal fin, entre otros, conexión al sistema Lex Doctor, para todos los jueces y juezas, secretarios y secretarias, etc., previa y seria capacitación del personal para poder cumplir con los requerimientos del trabajo a distancia.
  6. f) La modalidad de teletrabajo que pueda tal vez, sorteando las dificultades mencionadas, haber llegado o llegar a implementarse en ciertos organismos de segunda instancia, no es eficaz para atender las demandas que se presentan ante los juzgados de primera instancia, juzgados de paz, defensorías, etc., quienes deben estar necesariamente en forma personal en las respectivas reparticiones, sin condiciones que impidan el aislamiento,
  7. g) Hemos recibido serios cuestionamientos acerca de la imposición de que cada organismo informe a los abogadas y abogadas como número de contacto el del celular de alguna persona del mismo. Ello los ha puesto en la necesidad de proveer el de las líneas particulares de los secretarios y secretarias, con las implicancias que ello es susceptible de generar en lo que respecta a la intimidad e incluso la seguridad de los mismos, por la difusión de sus números de contacto particulares, entre otros motivos.
  8. h) El dictado de la profusa normativa no ha impedido ni puede impedir el inevitable contacto entre las personas –que en mayor o menor cantidad- debe concurrir a trabajar a los organismos, situación que vulnera la finalidad del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el PEN”.

“En suma, la implementación de la nueva modalidad de trabajo nos ha expuesto a un riesgo injustificado que no se ha reflejado en la concreción del servicio de justicia efectivo al que se aspira, cuando, hasta la fecha, por diversas razones, más o menos justificadas, ni siquiera ha sido posible hacer efectivas las órdenes de pago a justiciables y profesionales”.

“Pese a los esfuerzos adoptados por ese Superior Tribunal de Justicia para lograr el reinicio de la actividad con la menor circulación posible de personas, la experiencia atravesada ha puesto en evidencia que ello no se puede concretar en condiciones que aseguren la seguridad psicofísica de los asociados y asociadas que representamos. No es un dato menor que el personal con el que debemos trabajar en equipo ha expresado a través de AJER su expresa oposición con las medidas adoptadas, nada de lo cual puede ni debe ser soslayado”.

“Consideramos que el servicio de justicia de turno –que debe mantenerse- podría ser más eficazmente cumplido, por un lado, regulando una mayor amplitud de los supuestos de urgencia y, por el otro, ampliando el número de jueces y juezas a tal fin para la atención de las cuestiones, en las distintas jurisdicciones, proveyendo en cada caso en forma íntegra, concreta y oportuna los elementos del protección necesarios, capacitación respectiva y garantizando la higiene y seguridad de las instalaciones (véase, en especial Disposición 5/2020 de gerencia de la SRT, 27/03/2020)”.

“En función de todas las razones expuestas y en el entendimiento de que la forma de actuación implementada, nos expone a un riesgo que vulnera el derecho elemental a trabajar en condiciones de seguridad en el medio de la grave pandemia que atravesamos, y que ha causado miles de muertes en todo el mundo, respetuosamente peticionamos, que revea y adopte una decisión que mejor se adapte a brindar el servicio de justicia salvaguardando la salud y seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras”.

“Esperando que nuestro planteo sea tratado con la urgencia del caso por los integrantes del Superior Tribunal de Justicia que usted preside, que el mismo merezca en esta oportunidad una oportuna respuesta por escrito, y que nuestro pedido sea favorablemente receptado, sin otro particular aprovechamos para saludarlo muy atte”.

Firmado: Dr. Leonardo Portela (SECRETARIO GENERAL) y Dra. María Gabriela López Arango (PRESIDENTA)

Compartir:

Dejar Comentario