Apertura de la actividad judicial: El STJ autorizó la interposición de demandas en todos los fueros y reanuda los plazos procesales a partir del 27 de mayo

El máximo órgano de Justicia de la Provincia también  aprobó reglas para la reprogramación, programación y celebración de audiencias

El Superior Tribunal de Justicia, resolvió hoy autorizar la interposición de demandas en diferentes fueros, manteniendo los plazos suspendidos hasta el próximo 26 de mayo. El ingreso del público a los edificios judiciales continuará restringido.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) resolvió hoy, en reunión de Acuerdo General, autorizar la interposición de demandas y presentación de escritos en todo tipo de procesos para los fueros civil, comercial, de familia, laboral y contencioso administrativo, a partir de mañana, manteniendo los plazos suspendidos en relación a los mismos, y sin perjuicio de la validez de los actos que se dicten.

También, resolvió reanudar, a partir del 26 de mayo a las 0hs, los plazos procesales suspendidos en todas las actuaciones judiciales de los fueros  civil, comercial, da familia, laboral y contencioso administrativo, que aún estuvieran bajo el régimen de suspensión de plazos conforme al Acuerdo Especial del 27 de abril pasado.

En todo lo que no se oponga a lo dispuesto en este Acuerdo, estar a lo resuelto mediante Acuerdo Especial del 27 de abril – prorrogado por Acuerdo Espacial del 11 de mayo pasado-.

También  se aprobaron las reglas para la reprogramación, programación y celebración de audiencias para los fueros civil, comercial, familia, y contencioso administrativo. En consecuencia, se deja sin efecto – a partir del 26 de mayo- la suspensión de audiencias dispuestas por el Plan Operativo aprobado por Acuerdo Especial del 8 de abril último.

El STJ encomendó a la Dirección de Gestión Humana y al Área de Salud Ocupacional la organización logística para la implementación del Plan que antecede, teniendo en consideración el reintegro del personal que no integra grupos de riesgo y el mantenimiento de las restricciones para el ingreso del público a los tribunales.

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