Quemas en las islas: Otro fallo judicial adverso para Entre Ríos y la pobre respuesta del gobierno provincial

Mientras los damnificados siguen sin poder respirar, la Justicia rosarina ordenó detener el fuego en las islas a nuestra provincia, que usa la figura de querellante como salida y mantiene un silencio cómplice con los dueños de las tierras.

El drama del fuego en las islas del Delta del Paraná sigue sin detenerse y este viernes, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó a la ciudad de Victoria y al gobierno de la provincia de Entre Ríos a ponerle freno a los incendios en el sector de islas de su jurisdicción por 180 días.

El fallo responde a una acción colectiva iniciada por un abogado rosarino y se suma a las ya dictadas por el gobierno nacional.

Sin embargo, los incendios continuaron luego de aquella disposición nacional prohibiendo la quema de pastizales también por el lapso de 180 días, y el humo provocó complicaciones respiratorias a personas tanto de la vecina provincia como de la nuestra.

La resolución de la Justicia Rosarina fue aprobada por mayoría y también se recomendó a la provincia hacer patrullajes diarios dentro del humedal con la presencia de aviones hidrantes; la ubicación de faros o puestos fijos de control en puntos estratégicos que se desprendan de un mapeo de la zona que se deberá confeccionar sobre los lugares donde hay más incendios; un monitoreo satelital diario y permanente de la zona; medidas alternativas a estas que permitan prevenir y detectar de forma temprana el fuego.

La respuesta del gobierno de Entre Ríos no se hizo esperar: un día después de este fallo, en la página oficial, se publicó un informe que da cuenta de que los incendios en las islas están prohibidos desde diciembre, ya que la Secretaría de Ambiente no está otorgando autorizaciones de quemas en la zona.

Según el comunicado, se iniciaron acciones legales, que incluyen “la denuncia penal presentada el mes pasado por el gobernador Gustavo Bordet ante el Juez Federal competente, por violación del artículo 186 del Código Penal, que establece que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes”.

A raíz de esa denuncia, el gobernador determinó que el Estado entrerriano se constituya como querellante particular en la causa judicial que tramita en el Poder Judicial de la Nación a raíz de la quema en las islas.

Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, afirmó que “el bien jurídico protegido es el ambiente”, y que se responsabiliza “a los propietarios que civilmente tienen responsabilidades”.

Sin embargo, desde Santa Fe, creen que la constitución como querellante de Entre Ríos es la manera que encontró esta provincia para desligarse de las responsabilidades que le conciernen como organismo de control y de prevención del daño al medioambiente.

Sobre ese tema, “la Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación de la Ley provincial 9868 de Manejo del Fuego, prohibió desde diciembre pasado la realización de cualquier tipo de incendios en las islas del Delta”, indicó el titular de la cartera ambiental provincial, Martín Barbieri en la página del gobierno.

Además, señalaron que «brigadistas del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos monitorean y combaten los incendios en las islas, y que se labran actas de infracción y se aplican multas a los responsables de las quemas, tarea que no es sencilla de realizar teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la zona y la extensión”, indicó Barbieri.

De todos modos, no queda en claro que la provincia haya tomado realmente acciones para prevenir estos incendios, que son intencionales y que, debido a la gran sequía del ambiente, se propagaron muy velozmente, provocando serios daños al ambiente y a la salud.

Estos incendios se provocan para favorecer los cultivos y para que los rebrotes sirvan de alimento a las miles y miles de cabeza de ganado que tienen en la zona los explotadores de estas tierras.

La responsabilidad que recae sobre Entre Ríos en cuanto a la preservación del medioambiente y de la salud de las personas es muy grande. La Justicia rosarina, con su fallo, supone que el gobierno de esta provincia hasta el momento no ha actuado de manera acorde para prevenir y detener los incendios.

Mientras los vecinos no pueden respirar y la provincia se encuentra muy complicada en lo judicial frente a este tema, las autoridades dieron una respuesta sumamente insatisfactoria, al afirmar que los incendios están “prohibidos desde diciembre”.

Evidentemente, las acciones de la provincia para impedir que estas quemas ocurran fueron más que insuficientes y los resultados hoy están a la vista.

Es por ello que las autoridades entrerrianas encontraron la forma de intentar salir airosos al presentarse como querellantes, buscando que las responsabilidades no recaigan sobre el gobierno provincial.

En tanto, se habla de acciones legales contra los propietarios de las tierras, pero sigue reinando un silencio absoluto en cuanto al escándalo de cómo legisladores y funcionarios, actuales y pasados, pudieron quedarse con esos terrenos.

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